Seguirle el paso a Komodo-1 se ha convertido un verdadero reto, se es necesario mantener lupa en mano para mirar los movimientos, actualizaciones, aciertos y desaciertos de este proceso que se vuelve cada vez mas extenso.

En entrevista con la W Radio, Mónica de Greiff, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, señaló que este megaproyecto ha tenido muchas trabas, pero que sin duda propulsaría el sector energético del país desde el abastecimiento hasta la comercialización, haciendo un frente a las especulaciones de que Colombia podría quedarse sin suficiente gas en menos de una década que solvente su demanda; sin embargo, está añoranza se vuelve una constante utopía ya que Komodo-1 sigue en ese bucle en el que sale a flote y se vuelve a hundir. Licencias ambientales inalcanzables, plazos incumplidos e inviables exigencias del sector, ponen en jaque al proyecto y por eso, una vez más, Komodo-1 se suspende y se anuncia que no perforarán el pozo en el 2026, es decir, las profundas aguas del Caribe colombiano seguirían sin la compañía del pozo en acción.     

Komodo-1 contaba con licencia ambiental otorgada desde finales de 2024, pero la decisión quedó bloqueada por recursos legales que impidieron que la autorización se volviera definitiva; a pesar de los compromisos de inversión, del plan de perforación y de la disponibilidad de un barco-taladro, la operación no pudo avanzar. El musculo ambiental exigió condiciones que se alejaban de la normativa vigente y transformaron un proyecto estratégico en una carrera de obstáculos. El retraso ha sido tal que hoy no solo se habla de perder 2024 y 2025, sino de que tampoco se podrá perforar en 2026, con lo cual la ventana de oportunidad se aleja varios años más.

Las consecuencias de esta parálisis son graves. Cada mes de inacción acerca al país a la necesidad de importar gas, con costos millonarios y un impacto directo en los hogares y las industrias. Colombia, que pudo ser ejemplo de soberanía energética, se prepara ahora para depender de terceros. El mensaje que recibe el sector es desalentador: en vez de reglas claras y decisiones firmes, lo que se ofrece es incertidumbre. Eso erosiona la confianza de inversionistas y debilita la capacidad del Estado de atraer capital para proyectos que son vitales en el marco de la transición. Muchas empresas, al ver este entorno, redirigen su atención hacia países vecinos con marcos regulatorios más estables y ágiles.    

El problema no es un debate entre desarrollo y ambiente, sino la incapacidad de encontrar un equilibrio. El discurso oficial habla de sostenibilidad, pero las regulaciones aplicadas con exceso de rigidez acaban por bloquear las alternativas que podrían dar respiro al país. Lo ambiental no debería ser excusa para paralizar, sino la base para una ejecución responsable y oportuna. Cuando el Estado falla en articular políticas coherentes y plazos razonables, los proyectos estratégicos dejan de ser oportunidades y se convierten en frustraciones colectivas.

Komodo-1 no es solo un pozo detenido: es la metáfora de un país que planea mucho pero ejecuta poco. La ineficiencia termina costando más que cualquier inversión, porque compromete el bienestar futuro de millones de personas. En lugar de avanzar hacia la autosuficiencia, Colombia se aproxima a depender de importaciones y a consolidar su vulnerabilidad energética. Lo que se requiere no es más discurso, sino decisiones firmes, coordinación real entre instituciones y una política pública que entienda que soberanía energética y sostenibilidad ambiental no son caminos opuestos, sino rutas que deben caminar juntas.