En 2026, la seguridad vuelve a estar en el centro del debate nacional y de las decisiones políticas. Pero mientras la violencia se transforma, la discusión pública parece atrapada en viejas explicaciones: “mano dura”, fracaso de la paz, crimen organizado o insurgencia. El problema es que ninguna de estas miradas, por sí sola, logra explicar la compleja realidad que enfrenta hoy Colombia.
Tras el cierre formal del conflicto con las FARC-EP en 2016, las estructuras armadas no desaparecieron: se reciclaron, se fragmentaron, crecieron y ocuparon nuevos territorios. El ELN, las disidencias, el Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y diversas estructuras urbanas conforman hoy un mapa mucho más diverso, donde política, control territorial, economías ilegales y crimen organizado se mezclan de maneras que las categorías tradicionales ya no alcanzan a explicar.
El resultado es preocupante: Colombia atraviesa una situación humanitaria que vuelve a poner sobre la mesa desplazamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desapariciones, extorsiones, asesinatos y disputas territoriales. No se trata simplemente de una repetición del conflicto armado del pasado, pero tampoco de una guerra exclusivamente motivada por dinero.
El principal desafío, entonces, es dejar de interpretar la violencia desde los lentes del ciclo anterior. Pensar que todos los grupos son guerrillas ideológicas o, en el extremo contrario, simples empresas criminales conduce a políticas de seguridad y paz equivocadas. Una caracterización deficiente de los actores termina afectando desde la estrategia militar y la aplicación del DIH hasta las posibilidades reales de negociación.
Este informe parte de una pregunta fundamental: ¿qué son realmente los grupos armados que operan hoy en Colombia y qué los mueve? A partir de evidencia, datos, trabajo de campo y testimonios, analiza sus objetivos, estructuras, patrones de violencia, capacidad militar, formas de reclutamiento y expansión territorial.
Los hallazgos apuntan a una transformación clave: el país estaría pasando de una etapa de expansión acelerada de los grupos armados a una fase de consolidación del control sobre los territorios que ya dominan. La violencia cambia de forma: se vuelve más selectiva, más funcional al control territorial y más profundamente integrada a las economías y dinámicas sociales locales.
El informe también revisa la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y muestra que su historia no puede reducirse al éxito o al fracaso. La política consiguió abrir y administrar interlocuciones con distintos actores, pero encontró su mayor dificultad en convertir esas conversaciones en procesos sostenibles con resultados verificables.
La conclusión es contundente: Colombia no puede enfrentar la violencia del presente con las categorías del pasado. Seguridad y paz no deberían volver a plantearse como caminos opuestos. Comprender quiénes son los actores armados, cómo operan y qué buscan es el primer paso para diseñar una respuesta capaz de proteger a las comunidades, contener la expansión de la violencia y recuperar el camino hacia la paz.
Porque antes de decidir cómo combatir, negociar o someter a un actor armado, hay que entender qué es realmente ese actor. Y ese diagnóstico, hoy, sigue siendo una de las grandes deudas de Colombia.
