Días antes de la segunda vuelta presidencial celebrada el 7 de junio, cientos de personas volvieron a tomar las calles de Lima para expresar su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. La movilización, realizada el 30 de mayo y replicada en otras ciudades del país, estuvo marcada por una consigna que ha acompañado buena parte de la historia política peruana de las últimas dos décadas, todo esto con la consigna: ‘Fujimori nunca más’.”
Sin embargo, más allá de la contienda electoral entre Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, las manifestaciones pusieron nuevamente en el centro del debate una discusión mucho más profunda: la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y las garantías de no repetición que diversos sectores consideran esenciales para la democracia peruana.
Las marchas fueron convocadas por colectivos ciudadanos como No a Keiko y Keiko No Va, junto con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, asociaciones de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) y diversos movimientos sociales y sindicales. Los convocantes manifestaron su preocupación por lo que consideran un posible retroceso en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición desarrollados durante las últimas décadas
La memoria como forma de resistencia
La movilización tuvo como punto de partida la Plaza San Martín de Lima, uno de los espacios históricos de la protesta social peruana. Allí se congregaron cientos de personas portando fotografías de víctimas, pancartas y mensajes relacionados con casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la década de 1990.
Entre los asistentes estuvieron familiares de víctimas de desaparición forzada, sobrevivientes de esterilizaciones forzadas, organizaciones feministas, movimientos juveniles y representantes de colectivos que acompañan los procesos judiciales relacionados con crímenes cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori.
La defensora de derechos humanos Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta, participó en la convocatoria y sostuvo que la movilización responde a una preocupación histórica de quienes han acompañado la búsqueda de justicia en Perú. Para Ortiz, la memoria de las víctimas sigue siendo una herramienta fundamental para impedir que los abusos del pasado sean minimizados o relativizados en el debate público.
Las referencias a La Cantuta y Barrios Altos estuvieron presentes durante toda la jornada. Ambos casos son considerados hitos en la lucha contra la impunidad en América Latina y dieron lugar a sentencias judiciales que establecieron responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
En 2009, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, así como por secuestros agravados. La sentencia fue considerada histórica por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos debido a que constituyó uno de los pocos casos en la región en los que un expresidente elegido democráticamente fue condenado por violaciones a los derechos humanos.
Las heridas abiertas de las esterilizaciones forzadas
Entre 1996 y 2000, el Estado peruano impulsó un programa de planificación familiar que terminaron siendo esterilizaciones forzadas, según investigaciones judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios de las propias víctimas, derivó en miles de intervenciones quirúrgicas realizadas sin consentimiento libre e informado.
Las mujeres afectadas pertenecían mayoritariamente a comunidades indígenas, campesinas y sectores empobrecidos de zonas rurales del país. Durante años, organizaciones de víctimas como la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), junto con entidades de derechos humanos como DEMUS, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), han denunciado la lentitud de los procesos judiciales y la falta de avances suficientes en materia de verdad, justicia y reparación para las sobrevivientes.
En la marcha participaron representantes de asociaciones de mujeres esterilizadas, quienes recordaron que las investigaciones continúan abiertas y reclamaron que cualquier discusión electoral debe considerar las deudas pendientes del Estado con las víctimas.
Las víctimas de la represión reciente
La movilización no estuvo integrada únicamente por víctimas de hechos ocurridos durante la década de 1990. Familiares de personas fallecidas durante las protestas registradas entre 2022 y 2023 también participaron en la convocatoria. Estas manifestaciones dejaron decenas de muertos y centenares de heridos en diferentes regiones del país, generando preocupación internacional por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado la necesidad de avanzar en las investigaciones relacionadas con las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. Asimismo, asociaciones de familiares de víctimas han denunciado que muchas de las investigaciones continúan sin una resolución definitiva y que persisten obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación.
La presencia de estos colectivos evidenció la conexión que existe entre las demandas históricas de memoria y los desafíos actuales en materia de derechos humanos. Para muchos de los asistentes, las luchas por justicia no pertenecen exclusivamente al pasado. Por el contrario, consideran que forman parte de un mismo proceso de defensa de derechos fundamentales frente a diferentes expresiones de violencia estatal.
La defensa de las garantías de no repetición
Uno de los conceptos más repetidos durante la jornada fue el de las garantías de no repetición. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos, este principio establece que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar que las violaciones ocurridas en el pasado vuelvan a producirse.
Estas garantías incluyen acciones relacionadas con la memoria histórica, la reforma institucional, la educación en derechos humanos, la protección de las libertades fundamentales y la lucha contra la impunidad. Para muchos de los participantes, las marchas representaron precisamente un ejercicio de esas garantías.
La movilización buscó recordar que las violaciones documentadas durante el régimen de Alberto Fujimori no constituyen únicamente hechos históricos, sino experiencias cuyas consecuencias continúan afectando a miles de víctimas y familiares. Desde esta perspectiva, la memoria deja de ser un ejercicio simbólico para convertirse en una herramienta de prevención democrática.
El papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
Gran parte de las consignas observadas durante la marcha remiten a conclusiones presentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada tras la caída del régimen fujimorista. En este informe final de la comisión se documentaron miles de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno y señaló responsabilidades de diferentes actores, incluidos agentes estatales.
La comisión también recomendó políticas de reparación integral para las víctimas, reformas institucionales y mecanismos destinados a garantizar la no repetición. Dos décadas después de la publicación de ese informe, muchas organizaciones consideran que varias de sus recomendaciones siguen pendientes de implementación.
Por ello, la marcha del 30 de mayo también funcionó como una reivindicación de los procesos de memoria impulsados por las víctimas y por los organismos creados para esclarecer los hechos ocurridos durante los años más violentos de la historia reciente peruana.
Una elección observada desde los derechos humanos
A medida que avanza el escrutinio de la segunda vuelta presidencial, Perú enfrenta una de las definiciones electorales más ajustadas de su historia reciente. Los resultados preliminares muestran una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la profunda polarización política, social y territorial que atraviesa el país.
En este contexto, las marchas realizadas el 30 de mayo adquieren un significado que trasciende la coyuntura electoral. Las movilizaciones expresaron las preocupaciones de sectores de la sociedad civil que consideran que los debates sobre memoria, verdad, justicia y reparación continúan siendo asuntos pendientes dentro de la democracia peruana.
Más allá de cuál sea el resultado definitivo de la elección, las movilizaciones pusieron de manifiesto que una parte importante de la ciudadanía continúa observando el proceso político desde la perspectiva de los derechos humanos. Para estos sectores, la democracia no se limita a la realización de elecciones periódicas, sino que también implica garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Las protestas también reflejaron las tensiones que siguen presentes en la sociedad peruana respecto al legado del fujimorismo, así mismo la presencia de distintas generaciones de víctimas evidencia que todos coinciden en una misma exigencia: que las graves violaciones a los derechos humanos no sean excluidas de la discusión pública ni del futuro político del país.
Mientras algunos sectores reivindican aspectos de la gestión de Alberto Fujimori, otros recuerdan las sentencias judiciales por violaciones a los derechos humanos y las deudas pendientes con miles de víctimas. Esta disputa por la memoria continúa influyendo en la vida política nacional y reaparece con fuerza en cada proceso electoral.
En ese escenario, las marchas contra Keiko Fujimori no solo representaron una expresión de rechazo a una candidatura presidencial. También constituyeron una manifestación de memoria activa y una reivindicación del derecho de las víctimas a participar en el debate público. Las voces que recorrieron las calles de Lima recordaron que la construcción democrática depende no solo de los resultados electorales, sino también de la capacidad de una sociedad para enfrentar su pasado, reconocer a las víctimas y evitar que las violaciones de derechos humanos vuelvan a repetirse.
