La Transición Energética que se nos presenta como la gran revolución verde que transformará nuestra forma de producir y consumir energía. Sin embargo, en Colombia esa promesa viene con un sello que no podemos ignorar: “Made in China”.
El dato habla por sí solo. Según El Espectador, más del 60 % de los vehículos eléctricos que circulan hoy en el país son de origen chino. Millones de paneles solares instalados en granjas solares colombianas también provienen de fabricantes chinos. Lo que parece un simple dato comercial es en realidad una alerta sobre nuestra creciente dependencia tecnológica.
La dependencia tecnológica se convierte en un riesgo cuando un país no cuenta con capacidad propia para fabricar o siquiera mantener los equipos que importó. Si los repuestos de buses eléctricos o los componentes de los parques solares dependen de decisiones externas, la soberanía energética se vuelve frágil. A esto se suman dilemas éticos y sociales. China ha sido señalada por el uso de trabajo forzado en partes de su cadena de producción de paneles solares. En Colombia, mientras tanto, la extracción de litio, cobre y otros minerales necesarios para las energías renovables amenaza con reactivar conflictos socioambientales, ahora bajo el discurso de lo “verde”.
El desbalance comercial agrava el panorama. En 2024, Colombia importó desde China cerca de US $14.700 millones, pero solo exportó alrededor de US $2.300 millones. Esta brecha limita nuestra capacidad de negociación y nos hace más dependientes de la dinámica económica y política del gigante asiático.
El país necesita invertir en su propia industria para no quedarse relegado al papel de simple consumidor de tecnología extranjera. Fomentar la investigación, el ensamble y la fabricación local de componentes renovables permitiría fortalecer capacidades nacionales y generar empleo. Asimismo, las compras estatales deberían regirse por estándares éticos y de sostenibilidad que descarten productos asociados a violaciones de derechos humanos. La transición debe ser limpia no solo en sus emisiones, sino también en su origen.
El protagonismo de las comunidades locales es igualmente crucial. Los territorios donde se instalan megaproyectos deben tener voz y participación en los beneficios, de manera que el desarrollo energético no repita las heridas del extractivismo masivo. Además, Colombia debe diversificar sus alianzas tecnológicas para no depender exclusivamente de un solo país proveedor y garantizar mayor transparencia en los contratos y acuerdos internacionales.
La transición energética no es únicamente un desafío técnico: es una decisión profundamente política y social. Si no construimos capacidades locales ni diversificamos socios, corremos el riesgo de cambiar la dependencia del petróleo por la dependencia de la tecnología ajena. Colombia cuenta con talento humano, recursos naturales y creatividad para liderar su propio camino hacia la descarbonización. Pero el futuro verde solo será nuestro si dejamos de ver la transición como una importación tecnológica y la entendemos como un proyecto nacional.
