Colombia llegará al 7 de agosto de 2026 con un problema económico claro: un Estado con menos margen fiscal del que necesita para gobernar. No es una crisis en el sentido clásico, pero sí una restricción decisiva. El déficit fiscal se ha movido a cerca del 6% del PIB y la deuda pública ronda el 55% del PIB, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Ese será el punto de partida real del próximo gobierno, más allá de promesas de campaña.
Conviene hacer una distinción que no siempre aparece con claridad en el debate. Una cosa es la economía en general, atravesada por factores externos como la inflación o las tasas de interés; y otra, muy distinta, es la economía que le corresponde al Gobierno. El próximo presidente no controla las primeras variables, pero sí el presupuesto, el gasto público y la credibilidad fiscal. Y es ahí donde se juega su capacidad de gobernar.
Durante años, la política económica en Colombia ha evitado asumir plenamente el costo de ordenar las finanzas públicas. Se han hecho ajustes parciales, reformas incompletas y proyecciones optimistas de ingresos. Mientras tanto, el gasto ha seguido creciendo, especialmente en rubros rígidos como transferencias y funcionamiento, reduciendo el espacio para inversión y decisiones estratégicas.
Cuando un gobierno pierde margen fiscal, pierde capacidad de acción. Cada nueva política compite con obligaciones ya adquiridas y cada reforma depende de recursos inciertos. Las promesas se vuelven más difíciles de cumplir y los errores más costosos. No es solo un problema contable. Es un problema de gobernabilidad que limita la posibilidad de priorizar.
El riesgo no está únicamente en el tamaño del déficit, sino en la forma de enfrentarlo. Existe una salida conocida: posponer decisiones y confiar en que el crecimiento resuelva los desequilibrios. Pero esa estrategia tiene límites. Cuando la confianza se deteriora, el financiamiento se encarece, la inversión se desacelera y el margen fiscal se reduce aún más.
La alternativa es más exigente, pero inevitable. Supone asumir el problema desde el inicio, decir la verdad fiscal y construir una hoja de ruta creíble. Esto no implica un ajuste indiscriminado, sino diferenciar entre gasto necesario y gasto ineficiente. No todo el gasto social es progresivo ni toda la inversión pública genera valor real.
Aquí aparece el verdadero reto político del próximo gobierno. No es simplemente reducir el déficit, sino decidir qué Estado es sostenible y cómo financiarlo. Esto implica revisar subsidios mal focalizados, programas duplicados y gastos que crecen por inercia. Pero también exige proteger la inversión estratégica en infraestructura, salud, educación y desarrollo territorial.
En términos concretos, revisar el gasto implica ir más allá de los anuncios generales. Supone, por ejemplo, evaluar subsidios que no están llegando a los hogares más vulnerables o que terminan beneficiando a quienes no los necesitan. También implica identificar programas que se superponen entre entidades, generando duplicidades que encarecen la política pública sin mejorar resultados. No se trata de reducir el Estado, sino de hacerlo más efectivo.
Al mismo tiempo, proteger la inversión estratégica exige tomar decisiones selectivas. No toda inversión pública tiene el mismo impacto. Proyectos de infraestructura regional, desarrollo rural o empleo juvenil tienen efectos multiplicadores que justifican su prioridad. En un contexto de restricción fiscal, el desafío no es invertir menos, sino decidir dónde sí vale la pena invertir.
Hay, además, una dimensión clave: la credibilidad. La política fiscal depende de la confianza. Si el Gobierno no cumple sus metas o cambia las reglas constantemente, el problema se amplifica. En cambio, cuando hay consistencia y disciplina, el margen puede recuperarse incluso en escenarios difíciles, como lo han señalado el FMI y Fedesarrollo.
El reto es mayor porque se da en un contexto de demandas sociales legítimas. Seguridad, empleo, regiones y paz siguen siendo prioridades. Pero ninguna será sostenible si el Estado no tiene cómo financiarlas. Por eso, el dilema no es entre ajuste fiscal y gasto social, sino cómo construir un equilibrio que permita sostener ambos.
A quienes hoy aspiran a la Presidencia conviene decirles algo con claridad: este no es un problema que pueda aplazarse ni resolverse con retórica. El próximo gobierno tendrá que tomar decisiones fiscales difíciles desde el inicio, incluso si eso implica costos políticos. Evadir ese debate en campaña puede ser rentable electoralmente, pero es inviable en el ejercicio del poder.
En esa dirección, el próximo gobierno debería concentrar sus esfuerzos en tres frentes. Primero, establecer un diagnóstico fiscal realista y transparente, sin sobreestimar ingresos ni posponer decisiones. Segundo, ordenar el gasto público, priorizando la inversión estratégica y revisando subsidios y rigideces. Tercero, reconstruir la credibilidad mediante metas cumplibles y una gestión más eficiente.
En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado para gobernar la economía y no simplemente reaccionar a ella. El próximo presidente deberá decidir si continúa administrando restricciones o si redefine las condiciones para superarlas. Porque en política económica no basta con saber qué hacer: el verdadero desafío es asumir el costo de hacerlo.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
