El fracking vuelve a ser escenario de debate: ¿la apuesta energética del 2027?

Dada la viabilidad por parte del Gobierno nacional, hace unos días la empresa Drummond Energy anunció que planea iniciar, en 2027, la perforación de los primeros pozos para extraer gas de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico en la cuenca Cesar-Ranchería, localizada entre los departamentos del Cesar y La Guajira.

La empresa decidió concentrar sus esfuerzos en la extracción de gas de esquisto, un hidrocarburo almacenado en rocas de muy baja permeabilidad que requiere técnicas como el fracking para su explotación. Este recurso se encuentra en la formación geológica La Luna, una extensa capa de roca rica en materia orgánica presente en el subsuelo de varias zonas del norte de Colombia. Al mismo tiempo, la empresa abandonó su propuesta de construir una planta regasificadora en Ciénaga, Magdalena (El Pilón, 2026).

El fracking es una técnica utilizada para extraer petróleo o gas atrapado en formaciones rocosas de baja permeabilidad. El procedimiento consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales e inyectar grandes cantidades de agua, arena y sustancias químicas a alta presión para fracturar la roca y permitir la circulación de los hidrocarburos. Aunque esta tecnología se ha desarrollado ampliamente en países como Estados Unidos y Argentina, continúa generando controversias por sus posibles efectos sobre las fuentes hídricas, el consumo de agua, el manejo de residuos, las emisiones de metano, la transformación del paisaje y producir eventos sísmicos. Esta última posible consecuencia resulta alarmante frente a la preocupación generada por los movimientos telúricos registrados recientemente en Colombia (Servicio Geológico Colombiano, 2026). Por lo tanto, se considera de vital importancia evaluar cuidadosamente el riesgo de introducir esta técnica en un territorio con alta actividad sísmica y con numerosos sistemas de fallas geológicas.

La apuesta por el fracking se presenta como una respuesta a la disminución de las reservas de gas del país. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, para 2024, Colombia contaba con reservas probadas equivalentes a aproximadamente 5,9 años de producción. Esta situación ha fortalecido los llamados de algunos sectores para aumentar la exploración, reducir la dependencia de las importaciones y asegurar el abastecimiento de hogares, industrias y plantas de generación térmica (Ministerio de Minas y Energía, 2025).

Sin embargo, la discusión no puede reducirse a la cantidad de gas disponible ni a los años que podrían aumentar las reservas. También debe analizar quiénes asumirán los riesgos ambientales, quiénes recibirán los beneficios y qué capacidades quedarán instaladas en los territorios.  Durante varias años, en el departamento del Cesar,  municipios como La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y Chiriguaná han estado vinculados económica y socialmente con la explotación de carbón. Dicha actividad produjo empleos, regalías e infraestructura, pero también generó dependencia económica, transformaciones en el uso de la tierra, presiones sobre el agua, desplazamientos y conflictos entre las empresas, las instituciones y las comunidades.

Por esta razón, el paso del carbón al gas no representa necesariamente una transición energética y mucho menos justa, Si se conserva la misma estructura de concentración económica, y baja participación comunitaria, el fracking podría convertirse en la continuación del modelo extractivo mediante otro recurso y otra tecnología.

Por otro lado, es importante analizar que las afirmaciones que han sustentado la viabilidad de la práctica del fracking bajo los “más altos estándares técnicos y ambientales” deben estar acompañadas por instituciones con capacidad suficiente para evaluar, controlar y sancionar. No basta con disponer de tecnologías avanzadas si las autoridades ambientales no cuentan con información independiente, equipos técnicos, recursos financieros y presencia permanente en el territorio. También será necesario construir líneas base sobre la calidad y disponibilidad del agua, las condiciones del suelo, la biodiversidad, la salud de la población y la actividad sísmica antes del inicio de cualquier perforación.

La empresa ha señalado que no realizará fracking en parques naturales ni en zonas montañosas, sino en terrenos planos y despejados. Sin embargo, la ausencia de una figura formal de protección ambiental no significa que un área carezca de valor ecológico, productivo o cultural. Los territorios rurales pueden contener acuíferos, humedales, corredores ecológicos, zonas agrícolas, asentamientos campesinos y lugares de importancia cultural que también requieren protección. Por ello, la evaluación no debería limitarse a excluir los parques naturales, sino considerar las relaciones que existen entre el subsuelo, el agua, los ecosistemas y las formas de vida de las comunidades.

Por lo anterior, la participación de las comunidades tampoco puede reducirse a jornadas de socialización realizadas cuando las decisiones principales ya han sido tomadas. Los territorios necesitan conocer la ubicación exacta de los bloques y pozos proyectados, las fuentes de agua que serían utilizadas, el manejo de las aguas residuales, los riesgos acumulativos y las responsabilidades frente a posibles daños. Esta información debe presentarse de manera previa, comprensible y verificable para garantizar una participación con capacidad real de incidencia.

Finalmente, el “fracking a lo que dé” no puede convertirse en una autorización para avanzar rápidamente sin planificación, controles rigurosos y participación territorial. La urgencia por aumentar las reservas de gas debe ser contrastada con la necesidad de proteger el agua, prevenir nuevos conflictos socioambientales y garantizar que las comunidades no vuelvan a asumir los costos de un modelo cuyos beneficios se distribuyen de manera desigual.