Ahora que Iván Name, Sandra Ortiz y Andrés Idárraga aparecen involucrados en el grave escándalo de millonarios sobornos para el contrato de carrotanques para llevar agua a la Guajira, es más pertinente la propuesta que le hicimos desde la Fundación Pares al presidente Petro a principios de su gobierno: “Poner en marcha un juicio nacional anticorrupción a través de una sala transitoria en la Corte Suprema de justicia con el apoyo de una comisión especial mixta entre sociedad civil de Colombia y expertos internacionales”.
En esa oportunidad entramos en conversaciones con Andrés Idárraga, secretario de transparencia de la presidencia, quien en principio habló bien del proyecto, pero después, cuando aún no estaba completamente desarrollado y corregido con las anotaciones que nos hacían expertos juristas, lo filtró a la prensa con el ánimo de abortarlo. Ahora entendemos por qué. Entendemos también por qué la propuesta tuvo resistencias entre algunos parlamentarios incluido Name.
La Corte Suprema de Justicia, en ese entonces, hizo críticas justas a la propuesta por el error que cometimos de agrandar innecesariamente el número de magistrados que debía integrar la sala transitoria y porque temían que en el desarrollo del proyecto se vulneraría el principio de independencia del organismo.
Queremos llamar nuevamente la atención del presidente Petro, del Ministro de Justicia de la Fiscal General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de poner en marcha un mecanismo extraordinario de justicia con apoyo internacional para investigar y juzgar los macro-casos de corrupción incubados por los clanes políticos que han sacudido al país en los últimos años y también están sacudiendo las entrañas del primer gobierno de izquierdas de Colombia.
Tendrá que ser un mecanismo y un proceso concertado entre todas estas instancias del Estado, que no genere prevenciones y reciba el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
