En menos de una semana, la vía Panamericana entre Cauca y Nariño se convirtió en una sucesión de cráteres, retenes y sirenas: una chiva hecha trizas en el sector de El Túnel, una estación de Policía y una bomba de gasolina atacadas en Puerto Remolino, combates en Mercaderes y Patía, explosivos bajo el asfalto que abrieron boquetes en el puente sobre el río Mayo. La carretera que une el suroccidente con el resto del país quedó reducida a un corredor sitiado, atrapado entre la guerra que libran grupos Disidentes y el Estado, y las viejas disputas sociales que han hecho de este tramo de la vía un escenario de protesta, castigo y negociación.
La mañana del 25 de abril, entre Remolino y Mercaderes, un artefacto explosivo estalló con el paso de vehículos de transporte público, dejando heridos y recordando que, en este corredor, cualquier trancón puede ser antesala de una tragedia. Horas después, la noticia se repitió en la vía de Puerto Remolino – Taminango, donde una estación de Policía y una bomba de gasolina fueron atacadas con explosivos.
Mientras tanto, del lado caucano, el mapa de la violencia se trasladaba por la vía. En Cajibío, en el sector conocido como El Túnel, un artefacto explotó al paso de una chiva repleta de pasajeros y convirtió un trayecto cotidiano en una masacre de mujeres, niños y campesinos que viajaban hacia Popayán. En esa misma jornada, en El Tambo, Guachené, Silvia, Jambaló y Timbío, se registraron hostigamientos casi simultáneos contra estaciones de Policía e infraestructura de comunicaciones, como si el objetivo fuera dejar al suroccidente incomunicado por tierra y por aire.
El 26 de abril, en la vía Mercaderes y Patía, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias al mando de Iván Mordisco se concentraron en los corregimientos de Remolino y El Estanquillo. Aunque los partes oficiales insistieron en que no hubo afectaciones a la población civil, en los alrededores las comunidades campesinas pasaron el día resguardadas, entre los disparos y tratando de adivinar si podrían volver a usar la carretera sin cruzar fuego cruzado.
El 27 de abril, la frontera entre Cauca y Nariño se hizo visible por los boquetes en el puente sobre el río Mayo. Allí, sobre la vía Panamericana, fueron instalados nuevos explosivos que dañaron la estructura y sellaron el paso entre ambos departamentos. El corredor que articula economías campesinas, comercio regional y circulación de alimentos quedó interrumpido por una secuencia de detonaciones que, siguen demostrando que la carretera es hoy una de las formas más contundentes de disputar el control del territorio.
Es así como en esta semana, la Panamericana no fue solo escenario de atentados, sino también el lugar donde convergieron viejos temores. Transportadores que temen ser quemados o extorsionados, comunidades que recuerdan los paros y bloqueos recientes, comerciantes que miran con angustia los camiones detenidos en la mitad de la nada, y autoridades que responden con militarización y anuncios de “recuperar la vía” como si la carretera fuera una pieza más de la guerra.
La carretera como campo de batalla
Desde hace por lo menos tres décadas, la vía Panamericana en Cauca y Nariño dejó de ser solo una promesa de integración nacional para convertirse en una especie de tablero donde distintos actores mueven sus fichas disputando algo más que una vía, todos disputan el control del flujo. No es casual que los explosivos recientes hayan sido instalados en un puente, el del río Mayo, ni que los ataques se concentren en la carretera y en la infraestructura pegada a ella: estaciones de Policía, bombas de gasolina, torres de comunicaciones. Cada uno de esos objetivos señala que en esta guerra lo que está en juego no es únicamente el territorio en abstracto, sino la posibilidad de cortar, encarecer o condicionar el movimiento de personas, mercancías e información.
Comunidades indígenas y campesinas del Cauca entendieron esto mucho antes. Desde la Marcha de la Salvajina, en los años ochenta, el bloqueo de la Panamericana se consolidó como una tecnología de presión que les permitía convertir la geografía en argumento político. Pues si el Estado no llega a los resguardos y veredas con inversión, garantías y cumplimiento, la gente baja a la carretera y detiene el país desde un tramo específico. Con el tiempo, esa práctica se afinó y se extendió, bloqueos en Rosas a comienzos de los noventa, cierres en Galíndez y El Cairo hacia 1999, paros indígenas que interrumpen la conexión entre Popayán y Cali, y más recientemente las mingas y los paros en los que el CRIC, organizaciones campesinas y otros procesos sociales han usado la vía como escenario de negociación.
En paralelo, los grupos armados también fueron apropiándose de la Panamericana como recurso de guerra. Diferentes grupos armados en su momento, y hoy las Disidencias, han atacado buses, quemado tractomulas, instalado explosivos en calzadas y puentes, y hostigado desde la carretera a unidades militares y estaciones de Policía. La lógica es similar a la de los bloqueos sociales, sin embargo, el objetivo es totalmente diferente, en lugar de exigir cumplimiento de acuerdos, lo que se busca es demostrar poder de fuego, castigar la presencia estatal, generar terror en la población y afectar la economía regional. En ese sentido, el atentado contra la chiva en el sector de El Túnel y los explosivos en el puente del río Mayo son la expresión extrema de un repertorio que viene de atrás, ahora reactivado por el reacomodo de los actores armados en el suroccidente.
Esa doble historia, de protesta y de guerra, hace que hoy la vía Panamericana sea leída al mismo tiempo como “derecho” y como “campo de batalla”. Para los gremios de transportadores y comerciantes, cada cierre, sea por minga o por atentado, se traduce en pérdidas económicas, desabastecimiento y riesgo para la vida de quienes manejan los vehículos. Para las comunidades que bloquean, la carretera es a la vez herramienta y escudo, pues es el lugar donde sus demandas se vuelven visibles, donde pueden torcer la agenda de un gobierno que suele ignorarlas cuando protestan en el parque principal de un pueblo. Mientras que, para las Disidencias, la vía es un objetivo militar que concentra efectos con relativamente pocos recursos, en tanto, un explosivo genera titulares nacionales, paraliza la región y pone en evidencia la fragilidad del Estado.
Desde el Estado, la respuesta ha sido el lenguaje de “recuperar” o “liberar” la vía, como si la Panamericana fuera una suerte de trofeo soberano que se pierde y se reconquista una y otra vez. Sin embargo, esta narrativa tiene varios efectos, por un lado, invisibiliza las razones de fondo de los bloqueos sociales, reduce la protesta a “chantaje” o “secuestro” y por otro lado, termina justificando la militarización permanente del corredor, aun cuando a pocos kilómetros de la carretera persisten la pobreza, la falta de presencia institucional y las economías ilegales que alimentan el conflicto. La escena de los tanques y las tanquetas avanzando por el mismo tramo donde días antes pasó una minga o explotó una chiva resume esa paradoja donde sobre el asfalto se intenta resolver, con fuerza, lo que en las laderas sigue siendo un problema político y social no resuelto.
Repertorios, infraestructura y control del flujo
Las escenas de bloqueos, atentados y combates sobre la Panamericana no son hechos aislados, sino expresiones de repertorios de acción que distintos actores han ido perfeccionando en el tiempo. Desde la literatura sobre movimientos sociales, explorada por autores como Charles Tilly (2008), los repertorios de acción colectiva se entienden como el conjunto de prácticas disponibles y reconocibles que los actores usan para hacer política, tales como marchas, paros, tomas de edificios, ocupaciones simbólicas. En el Cauca y Nariño, el bloqueo de la Panamericana se convirtió en una de esas prácticas “aprendidas”: las comunidades saben que cerrar la carretera tiene efectos inmediatos sobre la economía, la opinión pública y la agenda del gobierno, y el Estado sabe que ignorar sus demandas implica, tarde o temprano, enfrentar de nuevo una vía colapsada.
En el caso de los grupos armados, podemos hablar también de repertorios, pero ya no de acción colectiva sino de acción violenta. Volar un puente, colocar explosivos en una calzada, quemar vehículos de carga o hostigar bases militares desde la carretera son formas estandarizadas de hacer la guerra en contextos donde la infraestructura vial es el principal soporte de la vida económica. Al igual que en la protesta, aquí hay aprendizaje y repetición: los actores observan qué acciones generan más impacto mediático, más temor en la población o más presión sobre el Estado, y tienden a reproducirlas y sofisticarlas. Las disidencias que hoy operan en el suroccidente no inventan desde cero; heredan y actualizan un repertorio que las FARC y otros grupos ya habían probado en el pasado.
Este doble repertorio (social y armado) se despliega sobre una misma superficie, es decir, la carretera. De ahí la utilidad de pensar la infraestructura no solo como un soporte neutro del desarrollo, sino como un verdadero campo de batalla. La Panamericana no es simplemente el escenario donde “ocurren” las cosas, con el tiempo se ha convertido en un objeto estratégico que se disputa, se bloquea, se militariza, se destruye y se reconstruye. Controlar un tramo de la vía permite cobrar peajes ilegales, detener el tránsito, revisar vehículos, interceptar mercancías, instalar retenes comunitarios o militares. En esa medida, la infraestructura deja de ser un telón de fondo y se convierte en un recurso de poder tan importante como una zona de cultivo, una mina o un corredor de narcotráfico.
Esta mirada, nos permite entender la Panamericana, como un escenario de control del flujo espacio donde se desarrolla una forma contemporánea de poder, tal como lo ha relacionado David Harvey (2001). En territorios atravesados por corredores estratégicos, gobernar no es solo mandar sobre el espacio, sino decidir quién puede moverse, cuándo, a qué costo y en qué condiciones. Las comunidades que bloquean la Panamericana ejercen, por un tiempo acotado, la capacidad de interrumpir el flujo y condicionar su reapertura al cumplimiento de demandas. Las disidencias que instalan explosivos o queman camiones buscan demostrar que son capaces de detener o encarecer la circulación, enviando el mensaje de que ningún viaje es completamente seguro sin su “permiso”. El Estado, al militarizar la vía y organizar caravanas escoltadas, intenta recuperar monopólicamente la facultad de garantizar o negar el tránsito.
Ver la Panamericana desde esta perspectiva, como repertorio, como infraestructura en disputa y como dispositivo de control del flujo, ayuda a releer los hechos recientes de abril no solo como una secuencia trágica de atentados, sino como un momento de condensación de lógicas más profundas. En pocas horas se superpusieron el bloqueo social, que está siempre latente en la memoria de la región, el ataque armado y la respuesta militar, todos ellos girando alrededor de la misma pregunta ¿quién tiene la capacidad efectiva de decidir si la carretera está abierta, cerrada o bajo amenaza? O ¿de quién es la Panamericana? Ese es, en últimas, el núcleo del poder en un territorio donde el asfalto se ha vuelto la principal frontera entre quienes pueden moverse y quienes quedan atrapados.
Referencias bibliográficas
Cajibío dejó 20 muertos tras atentado en la Panamericana. (2026, 26 de abril). Proclama del Cauca y Valle.
Harvey, D. (2001). Spaces of capital: Towards a critical geography. Edinburgh: Edinburgh University Press.
La FM. (2026, 26 de abril). Cajibío, en el Cauca, clama por la paz tras atentado. La FM.
Noticias RCN. (2026, 27 de abril). Un cilindro bomba explotó en el puente Río Mayo, entre Nariño y Cauca. Noticias RCN.
Semana. (2023, 7 de agosto). Paro indígena en el Cauca: una historia de nunca acabar. Revista Semana.
Tilly, C. (2008). Contentious performances. Cambridge: Cambridge University Press.
