La crisis carcelaria colombiana tiene raíces profundas. Tras una leve mejoría a inicios de los 2000, la población reclusa creció aceleradamente: de 44.439 internos en 1998 a 120.032 en 2013, casi triplicándose en 15 años.
A pesar de las ampliaciones de infraestructura realizadas a comienzos de la década de 2010, el hacinamiento volvió a niveles críticos. En 2017, el sobrecupo promedio alcanzaba 54,8 % [1] (y en 2018 rondaba 47 %, con patios específicos hasta en 700 % de hacinamiento [1]). Si bien entre 2020 y 2021 hubo una reducción coyuntural del hacinamiento (por excarcelaciones de la pandemia) llegando cerca de 16 % [1], la tendencia ha sido nuevamente al alza con la reactivación judicial. La persistencia de esta sobrepoblación implica condiciones deplorables de salud, saneamiento y seguridad dentro de los penales.
A este hacinamiento se sumó el control que ejercen estructuras criminales dentro de los penales, como jefes de bandas criminales, algunos como el Negro Ober, de los Rastrojos Costeños o el caso más paradigmatico de todos, el de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, capturado en 2015 y recluido en La Picota. Pese a su encierro, Marín consolidó su banda La Inmaculada —dedicada a la extorsión y microtráfico en el Valle del Cauca— e incluso expandió su presencia criminal a ciudades como Popayán, Armenia y La Tebaida durante su reclusión.
Las amenazas intramurales arreciaron y en marzo del 2024 llegó a su momento más duro cuando asesinaron al director de La Modelo, Elmer Fernández, después de una continua campaña de acoso y amenazas.
En resumen, entre 2013 y 2025, las organizaciones criminales han logrado capturar espacios de poder dentro de las prisiones. La gobernanza criminal intramuros se evidencia en pabellones controlados por mafias, economías ilegales internas (drogas, alquiler de espacios, “impuestos” a otros internos) y la capacidad de estos grupos para seguir delinquiendo extramuros (extorsiones, homicidios, narcotráfico) con total impunidad. Los casos descritos —Bacrim como el Clan del Golfo (Matamba), disidencias o grupos extranjeros (Tren de Aragua), bandas urbanas (Oficina de Envigado, combos paisas) y mafias regionales (Rastrojos Costeños, etc.)— demuestran que la prisión no fractura la estructura criminal, sino que a veces la refuerza. Esta penetración se ha facilitado, a su vez, por el grave deterioro institucional del sistema penitenciario, que analizamos a continuación.
Este informe es vital para entender una de las crisis de seguridad más grande que se ha vivido en el país en este siglo y cuyo coletazo se nota en el parrandón vallenato que hizo Nelson Velásquez en la cárcel de Itagui. Acá está todo lo que necesita saber sobre este informe.
