Falta un poco más de dos meses para que se posesione el nuevo Congreso y ya tenemos cuatro congresistas que enfrentan serios problemas con la justicia. Una vergüenza, otra más, del poder legislativo y de la democracia y el sistema político colombiano.
El primero en caer fue Carlos Cuenca, representante de Cambio Radical, quien fue condenado en enero de 2025 a siete años y medio de prisión por los delitos de corrupción al sufragante. Pese a esa condena y al repudio generalizado de sus compañeros de corporación, Cuenca se volvió a lanzar a la Cámara por el departamento de Guainía, quedando nuevamente elegido, mientras su proceso está dormido a espera de la definición de segunda instancia.
Los siguientes dos fueron Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes están vinculados al proceso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por ser los supuestos enlaces de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, hoy procesados por dicho escándalo.
Los congresistas están llamados a juicio junto con Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz, quienes decidieron no reelegirse y, a día de hoy, enfrentan su proceso en libertad. La diferencia con Manzur y Manrique radica en que sí se reeligieron y, según la Corte, esto podría generar presiones indebidas en el trámite del proceso.
Wilmer Carillo, la “ficha” de William Villamizar
El último en caer fue Wilmer Carrillo, quien el 8 de marzo dio el salto a Senado con más de 125.000 votos, logrando no solo subir a la Cámara alta del Congreso, sino también consolidándose como uno de los bastiones más fuertes del Partido de la U.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2026, el hoy senador electo fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales en 2011 cuando fungía como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
Carrillo hace parte de la estructura política del “barón” electoral de Norte de Santander, el gobernador William Villamizar, quien en estas elecciones volvió a dar un golpe sobre la mesa con la consolidación de su estructura política con dos curules propias, dos en asocio y el apoyo a la CITREP del Catatumbo, que terminó en manos de la también cuestionada Tatiana Gaona.
Y fue precisamente en la primera administración de Villamizar (2008-2011), cuando Carillo firmó el Convenio de Asociación 00177 de junio de 2011 por un valor de 1.465 millones de pesos. Dicho convenio estaría destinado a la reconstrucción del acceso y la protección de la estructura del puente de Puerto León ubicado sobre el río Zulia en la vía que comunica el sector de Aguasal con Puerto Santander y Cúcuta.
Según el fallo de primera instancia, los estudios y diseños técnicos de la convocatoria pública fueron hechos por la misma asociación que terminó recibiendo el contrato, pese a ser una empresa que no contaba con la capacidad técnica ni con los estudios de factibilidad para ejecutar la obra. De igual manera, según el ente investigador, la figura de contratación por modelo de asociación no está permitida según la Ley 80 de 1993 para este tipo de proyectos.
Con todo eso en la mano, la Corte determinó que Carillo omitió estos detalles, pese a ser consciente de las inhabilidades de la empresa y decidió adjudicar a “dedo” el cuestionado contrato.
Con la condena de primera instancia en firme, el actual representante y futuro senador, de seguro apelará la decisión lo que llevará al proceso a una segunda instancia donde se definirá la suerte del congresista, que como suele suceder en la justicia colombiana, será un proceso de largo tiempo.
Los congresistas cuestionados: el eterno mal de la democracia colombiana
Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación advertimos en febrero que estos cuatro congresistas buscaban reelegirse, pese a los profundos cuestionamientos que había en su contra. Hicimos pedagogía electoral, hablamos de todos con pruebas y sustento y, pese a eso, la democracia los volvió a elegir, omitiendo las sombras y dudas que pesaban sobre sus nombres.
Manzur y Carrillo subieron al Senado con votaciones que superaron los 100.000 votos, mientras que Manrique mantuvo su caudal en Arauca y Cuenca logró la curul de Cambio Radical en Guainía. Como si estos procesos no tuvieran impacto real en la decisión democrática de los votantes.
El mal de siempre se repite y hoy, a dos meses de la posesión, el Congreso puede terminar su primer periodo legislativo con hasta cuatro “sillas vacías”, entre las que está una curul de paz, un hecho sin precedentes y una afrenta más en contra de las víctimas y el acuerdo de 2016.
La historia cíclica de la democracia colombiana, que languidece cada cuatro años en las manos de congresistas cuestionados y de burocracias políticas que gobiernan y legislan en pro del beneficio propio y del clientelismo que termina por enriquecer a estos políticos, cada vez más distantes del pueblo que los elige.
Al final, de los 195 candidatos cuestionados resultaron electos 87, lo que representa que el 30 % del “nuevo” Congreso tiene algún tipo de cuestionamiento que pone en entredicho la idoneidad de los legisladores que resultaron elegidos el pasado 8 de marzo. Por ahora, van cuatro congresistas con riesgo de perder su curul, pero sin lugar a duda y en un acto más de historia cíclica colombiana, serán muchos más los que terminen fuera del Capitolio antes del final del periodo.
