“Ahora miramos para el cielo, antes nos cuidamos de los ataques armados, ahora las bombas vuelan”[1],
La intensidad de un sol cucuteño que alcanzaba los 34 grados Celsius acompañó el inicio de una caravana que, más que recorrer carreteras, comenzó a recorrer las heridas abiertas por la guerra en el Catatumbo. Organizaciones sociales, campesinas, defensoras de derechos humanos, representantes de la comunidad internacional y del Ministerio Público partieron desde distintos puntos de Norte de Santander y confluyeron desde Cúcuta, Convención, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Teorama, además de los corregimientos de Pacellí y La Gabarra, con destino al Club La Mechita, en Tibú.
El objetivo era encontrarse con la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo para construir un Mandato Humanitario que posteriormente sería dirigido al nuevo Gobierno nacional, a las instituciones del Estado, a las autoridades departamentales y municipales, a los actores armados y a la sociedad colombiana. Pero detrás de la convocatoria había una discusión de fondo sobre cómo responder a una crisis que, después de 18 meses de confrontación, no debería abordarse únicamente como un problema de seguridad, sino como una emergencia humanitaria, social, económica y territorial.
En medio de la mística del pueblo Motilón Barí, hacia las diez de la mañana del 31 de julio comenzó la mesa que reunió a cerca de 400 representantes de organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, indígenas, humanitarias, defensoras de derechos humanos y víctimas de distintos municipios de la región. Si bien las voces eran distintas, convergían en un solo punto, la población civil no puede continuar siendo el costo de una guerra que disputa territorios, corredores estratégicos y economías ilegales.
La exigencia de las comunidades tampoco se limita a pedir protección frente a los actores armados, están van más allá y están cargadas de una demanda histórica, el cierre de la brecha entre el Estado y un territorio que durante décadas ha tenido una presencia institucional fragmentada y que, en momentos de crisis, suele experimentar una mayor presencia militar sin que necesariamente esa presencia se traduzca en transformaciones estructurales.
La dimensión de la crisis explica la urgencia. Desde la agudización de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, ocurrida el 16 de enero de 2025, el Catatumbo experimenta una de las mayores emergencias humanitarias recientes del país. De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado departamental, son más de 170 mil las personas desplazadas y más de 200 las personas asesinadas en medio de los enfrentamientos. Sin embargo, reducir la crisis a estas cifras deja de lado que la violencia no solamente está produciendo víctimas ya que a su vez está modificando la relación de las comunidades con el territorio. Hay caminos que dejan de transitarse, escuelas a las que se dificulta llegar, proyectos de vida que no pueden ser atendidos, comunidades que limitan su movilidad y familias que han tenido que aprender nuevas formas de protegerse frente a amenazas que cambian constantemente.
Una de esas nuevas amenazas está en el cielo. Durante la mesa, los ataques con drones cargados con explosivos aparecieron como uno de los principales motivos de preocupación de las comunidades. Luis David Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal del núcleo veredal Caño Indio, en Tibú, explica cómo cambió la percepción de seguridad de quienes viven en estas zonas: “Ahora miramos para el cielo; antes nos cuidábamos de los ataques armados, ahora las bombas vuelan y no sabemos en qué momento nos puede caer un explosivo. Esa es la realidad que vivimos, ya no estamos tranquilos ni siquiera en nuestros hogares”.
La incorporación de drones a la confrontación representa una transformación en la forma de ejercer la violencia y amplía la incertidumbre de la población civil, porque el riesgo deja de estar asociado exclusivamente a un enfrentamiento visible o a un corredor determinado y puede aparecer desde el aire y alcanzar lugares donde antes las comunidades buscaban refugio. El monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) registra, entre el primero de enero y el 10 de agosto de 2026, 17 ataques con drones cargados con explosivos, una evidencia de que la tecnificación del conflicto ya forma parte de la realidad de seguridad del departamento.
La amenaza también permanece debajo de los caminos. Los campos y corredores minados continúan restringiendo la movilidad de las comunidades y afectan actividades esenciales para la vida rural. Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de la organización Vivamos Humanos, señala que estas afectaciones al Derecho Internacional Humanitario mantienen la preocupación entre las comunidades, especialmente porque sus consecuencias no siempre se traducen inmediatamente en una víctima mortal o en un herido. El impacto también aparece cuando un estudiante no puede llegar a su institución educativa, cuando un campesino debe abandonar temporalmente una cosecha o cuando una familia decide no transitar por un camino por temor a encontrar un artefacto explosivo.
De la disputa territorial se derivan también otro tipo de riesgos focalizados hacia la población más joven. El riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes fue otra de las preocupaciones planteadas durante la mesa. Carmen García, de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, advierte que los grupos armados utilizan mecanismos como relaciones afectivas, ofertas de dinero y acceso a bienes para acercarse a los menores. La organización monitorea desde enero de 2025 cerca de 280 menores en riesgo de reclutamiento, 80 que habrían sido reclutados y 36 que regresaron a sus hogares gracias a acciones humanitarias adelantadas junto con la comunidad internacional. Estas cifras adquieren mayor relevancia cuando se contrastan con el registro de la Defensoría del Pueblo: entre enero y junio de 2026 se documentaron 74 casos en el país, de los cuales 27 corresponden a Norte de Santander, ubicándolo como el tercer departamento con mayor número de registros.
Entre tanto, la discusión sobre los cultivos de uso ilícito llevó el debate hacia otra de las tensiones estructurales del Catatumbo: la relación entre economía campesina, narcotráfico y política de seguridad. Elizabeth Pabón, representante de ASCAMCAT, cuestiona la posibilidad de una erradicación forzada mediante fumigación aérea y plantea que esta medida puede generar nuevas afectaciones económicas, sociales y de salud para las comunidades campesinas. Su propuesta apunta a la necesidad de dar continuidad a los mecanismos de sustitución voluntaria que se enmarcan en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, implementado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 en Tibú y Sardinata, donde benefició a 2.985 familias, así como al Programa Rehacemos Catatumbo.
Aquí aparece uno de los principales debates que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno, si la coca se aborda exclusivamente como una amenaza que debe ser erradicada o como parte de un problema territorial que exige alternativas económicas sostenibles para las familias campesinas. En este sentido, una política centrada únicamente en la erradicación puede producir resultados sobre las hectáreas sembradas, pero no necesariamente sobre las condiciones que permiten que estas economías ilegales vuelvan a aparecer. Esta discusión adquiere mayor relevancia frente a la incertidumbre que expresan las comunidades sobre la política de seguridad del nuevo Gobierno. Los anuncios de mayor presencia de la Fuerza Pública son interpretados por algunos sectores sociales con preocupación, especialmente ante la posibilidad de que la respuesta estatal termine priorizando nuevamente la recuperación del control territorial por encima de la protección integral de la población civil.
Para Rubén Morantes, líder de la vereda La Paz, en el corregimiento de La Gabarra, expresa sus reparos frente a los anuncios relacionados con un eventual Plan Patriota 2.0 y la posibilidad de una mayor participación militar estadounidense que parece tener ya luz verde tras el anuncio del secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que el gobierno de Abelardo de la Espriella autorizo a ese país a lanzar operaciones conjuntas en territorio colombiano. La postura de Morantes, bajo este contexto, plantea una preocupación que será transversal frente a posibles intervenciones territoriales de este tipo, el problema para las comunidades no es la presencia del Estado en sí misma, sino el tipo de Estado que llega al territorio y la capacidad que tenga esa presencia para traducirse en protección, justicia, inversión, infraestructura, desarrollo rural y garantías para la población civil y no es escenarios de riesgo que puedan derivar en violaciones a los derechos humanos y al DIH.
Es precisamente, ante esta realidad donde el Mandato Humanitario adquiere relevancia política. Las comunidades están proponiendo una hoja de ruta. La primera propuesta es declarar al Catatumbo como Territorio de Paz y acompañar esta decisión con una estrategia para los primeros cien días del nuevo Gobierno, con medidas concretas, cronogramas, responsables institucionales y recursos públicos destinados a atender la emergencia humanitaria y avanzar en las transformaciones previstas para la región. La propuesta implica cambiar la lógica de intervención reaccionaria frente a la violencia a anticiparse a sus consecuencias y construir condiciones que reduzcan las posibilidades de reproducción del conflicto.
El mandato también solicita garantizar el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, especialmente en el desarrollo de las operaciones de la Fuerza Pública. La preocupación expresada por las organizaciones frente a la nueva política de seguridad parte de una experiencia acumulada. Cuando las comunidades quedan ubicadas en medio de operaciones militares y confrontaciones armadas, los impactos humanitarios pueden aumentar. Por eso, el planteamiento consiste en insistir en que la recuperación del control territorial debe tener como finalidad la protección de la población y no convertirse en un objetivo aislado de la transformación social del territorio.
Una de las mayores fortalezas del Mandato Humanitario está precisamente en que las comunidades no proponen comenzar desde cero. Solicitan poner en marcha mecanismos construidos durante los últimos años: los Siete Mínimos Humanitarios, las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Plan Nacional de Garantías en Derechos Humanos, el Acuerdo Humanitario para el Catatumbo y la Estrategia de Priorización de Mínimos, Alivios y Acciones Humanitarias. Esto plantea una discusión sobre la capacidad del Estado para convertir instrumentos existentes en políticas efectivas. El problema, desde esta perspectiva, no parece ser únicamente la ausencia de diagnósticos. En el Catatumbo tienen alertas, propuestas y acuerdos; el desafío está en lograr que estos instrumentos tengan responsables, asignación presupuestal, seguimiento y capacidad real de implementación.
La continuidad de los diálogos de paz aparece como otro de los puntos centrales. Las organizaciones sostienen que la solución al conflicto del Catatumbo debe ser política y que cualquier proceso de negociación con los actores armados debe estar acompañado de mecanismos humanitarios que permitan reducir las afectaciones sobre la población civil. La participación de las comunidades es otro elemento fundamental: no quieren ser únicamente receptoras de las decisiones tomadas en las mesas de negociación, sino tener vocerías legítimas y capacidad de seguimiento sobre los compromisos introduciendo así una discusión importante sobre la construcción de paz en la que los diálogos entre el Estado y los grupos armados pueden producir acuerdos, pero su sostenibilidad depende en buena medida de lo que ocurra en los territorios donde esos acuerdos deben convertirse en realidad.
De manera complementaria la política de drogas vuelve a poner en evidencia esa tensión entre las decisiones nacionales y las realidades territoriales. Las organizaciones plantean que cualquier política frente a los cultivos de uso ilícito debe incorporar criterios de salud pública, protección ambiental, bienestar humano y respeto por las economías propias. En el fondo, el debate vuelve a ser el mismo, si desde el Estado se pretende reducir la dependencia de las comunidades de las economías ilícitas, debe ofrecer alternativas capaces de competir con las rentas que esas economías producen. De lo contrario, la erradicación puede convertirse en un ciclo inconcluso, se elimina una cosecha, pero no necesariamente desaparecen las condiciones económicas que permiten que otra vuelva a aparecer.
El Mandato Humanitario también dirige varios mensajes directos a los actores armados. Las comunidades les exigen respetar a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario, detener el reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonal, artefactos explosivos y drones con fines ofensivos, y adoptar medidas inmediatas de desescalamiento. También reclaman respeto por el gobierno propio del pueblo Barí, por las organizaciones campesinas, los firmantes del Acuerdo de Paz, las juventudes, las mujeres y la niñez. Esta dimensión resulta importante porque las comunidades no ubican toda la responsabilidad de la crisis en el Estado ya que también reconocen que los actores armados tienen obligaciones frente a la población civil y que cualquier discusión de paz debe traducirse en cambios concretos sobre el terreno.
Finalmente, el mandato propone implementar alivios humanitarios verificables mientras avanzan los procesos de diálogo. Esta propuesta puede ser leída como una respuesta pragmática frente a una realidad volátil en la que la población civil no puede esperar a que termine la guerra para comenzar a sentir sus efectos. Necesita respuestas mientras la confrontación continúa. Por eso, la protección de la vida, la movilidad, la educación, la producción campesina y la prevención del reclutamiento deben convertirse en medidas inmediatas y verificables.
Por ahora, la caravana del pasado 30 de julio y la Mesa Humanitaria del 31 dejaron, entonces, algo más que una lista de preocupaciones. Dejaron una lectura política del momento que atraviesa el Catatumbo ya que la crisis humanitaria está obligando a replantear la manera en que se entiende la seguridad en la región. La confrontación entre el ELN y el Frente 33 continúa siendo el principal factor de violencia, pero sus efectos se cruzan con economías ilícitas, reclutamiento de menores, contaminación por minas, desplazamiento, pobreza rural, débil presencia institucional y nuevas formas de tecnificación de la guerra.
El Mandato Humanitario plantea precisamente esa discusión. Las comunidades no están rechazando la presencia del Estado; están reclamando una presencia estatal diferente que proteja, que dialogue, que invierta, que garantice derechos y que permanezca. Después de 18 meses de confrontación, el Catatumbo parece estar diciendo que la pregunta ya no puede ser solamente quién controla el territorio, sino para quién se recupera ese territorio, cómo se protege a quienes lo habitan y qué transformaciones deben ocurrir para que la guerra deje de encontrar allí las condiciones para reproducirse.
La caravana terminó en Tibú, pero el mandato apenas comienza su recorrido. Ahora deberá llegar al nuevo Gobierno, a las instituciones, a las autoridades territoriales, a los actores armados y a la sociedad colombiana. Su mayor desafío será no convertirse en otro documento que se archiva después de una emergencia y su valor estará en si logra convertirse en una hoja de ruta verificable para que las comunidades pasen de ser objeto de las decisiones sobre el Catatumbo a convertirse en sujetos de su transformación.
