Noviembre de 1985 fue uno de los meses más dolorosos de la historia de Colombia. En apenas nueve días, el país sufrió dos tragedias que marcarían para siempre su memoria. El 6 de noviembre, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Durante 27 horas, magistrados, empleados y visitantes quedaron atrapados en medio de una operación militar de retoma que terminó en una de las mayores tragedias de la historia judicial del país: 94 muertos y once personas desaparecidas. Cuando Colombia todavía intentaba asimilar aquella tragedia, llegó otra catástrofe. El 13 de noviembre, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha que sepultó Armero y acabó con cerca de 23.000 vidas.
Pero lo de Armero fue mucho más que una tragedia natural. Fue también la historia de una catástrofe anunciada, de advertencias que nadie quiso escuchar y de funcionarios que no actuaron cuando todavía había tiempo para salvar miles de vidas.
Ramón Rodríguez, entonces alcalde de Armero, llevaba tiempo alertando al Gobierno nacional sobre la necesidad de evacuar a los habitantes del municipio. Los estudios científicos advertían sobre el riesgo de una erupción del Nevado del Ruiz y las consecuencias que podía tener el deshielo de su capa glaciar. Uno de los principales peligros era la formación de flujos de lodo y escombros que descenderían por los ríos que nacían en el volcán. El río Lagunillas era uno de ellos y Armero estaba expuesto a una avalancha de consecuencias devastadoras.
Un día antes de la tragedia, el alcalde intentó organizar una evacuación con sus propios medios, pero sus esfuerzos no consiguieron poner a salvo a la población. Entre los funcionarios a los que acudió estaba Iván Duque Escobar, ministro de Minas del gobierno de Belisario Betancur. Para entonces, ya existían informes científicos y advertencias de vulcanólogos que alertaban sobre el peligro que representaba el volcán y la posibilidad de que Armero desapareciera bajo una avalancha.
Hernando Arango Montenegro, entonces representante a la Cámara por Caldas, también había advertido al ministro sobre los riesgos. Años después recordó la respuesta que recibió:
«El ministro Duque Escobar me dijo simple y llanamente que yo era ‘apocalíptico’ y ‘dramático’ por decir que podía ocurrir una tragedia. Posteriormente, días antes de la avalancha, yo tuve oportunidad de solicitarle al ministro que pusiera unas alarmas. Él me contestó que eran exageradamente costosas porque valían alrededor de 2.000 dólares. Yo le sugerí que vendiera algunos de los automóviles del ministerio, pero lo tomó como un buen chiste o un llamado de atención que le estaba haciendo. Las cosas no fueron atendidas hasta que se produjo la catástrofe».
La última comunicación conocida del alcalde Rodríguez fue con su hermana, María Lorenza Escobar. Eran cerca de las diez de la noche y la avalancha ya amenazaba con arrasar el municipio. Según el recuerdo de su hermana, el alcalde intentó tranquilizarla: le dijo que todo estaba bien y que estaba organizando a los habitantes en el parque, con la intención de trasladarlos hacia Guayabal. Pero la magnitud del desastre no les dio tiempo. La avalancha avanzaba sobre Armero.
La noticia de la desaparición del municipio llegó a través de una transmisión radial. Un hombre que pilotaba una avioneta y sobrevolaba la zona se comunicó con Caracol Radio para informar que el pueblo había desaparecido. ¿Adónde se había ido Armero? La respuesta era aterradora: la que alguna vez fue conocida como la Ciudad Blanca había quedado sepultada bajo toneladas de lodo, agua y escombros que descendieron desde el Nevado del Ruiz. Cerca de 23.000 personas murieron.
A la falta de previsión del gobierno de Belisario Betancur se sumó la dificultad de responder adecuadamente durante las horas posteriores a la avalancha. Algunos episodios quedaron grabados para siempre en la memoria del país. El más doloroso fue el de Omayra Sánchez, la niña que permaneció atrapada entre los escombros y el agua durante cerca de 60 horas. Los equipos de rescate no contaban con los recursos técnicos necesarios para liberarla y, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida. Su agonía, registrada por periodistas y transmitida al mundo, se convirtió en el símbolo de la impotencia y el abandono que marcaron aquella tragedia.
Otro capítulo doloroso fue el de los niños que quedaron separados de sus familias después de la avalancha. En medio del caos, algunos menores fueron trasladados a otras ciudades y se iniciaron procesos de adopción, incluso internacionales. Con el paso de los años surgieron denuncias sobre irregularidades en estos procedimientos y sobre niños que habrían sido entregados a familias extranjeras sin agotar las posibilidades de localización de sus familiares sobrevivientes. La historia de estos menores sigue siendo una de las heridas menos esclarecidas de la tragedia.
Cuarenta y un años después, Armero sigue siendo una herida abierta. Su desaparición no puede explicarse únicamente por la fuerza de la naturaleza. También hay que hablar de la negligencia, la falta de previsión y las responsabilidades institucionales de quienes recibieron advertencias y no hicieron lo necesario para proteger a los armeritas. Entre los funcionarios cuestionados por las decisiones y omisiones de aquellos días estuvo el entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque.
Armero no tenía por qué convertirse en una tragedia de semejantes dimensiones. Las advertencias científicas existían, los riesgos eran conocidos y las autoridades locales habían pedido ayuda. Sin embargo, la respuesta del Estado fue insuficiente y llegó demasiado tarde.
La naturaleza desató la avalancha, pero la falta de prevención y de una respuesta oportuna convirtió el desastre en una tragedia humana de proporciones históricas.
Armero sigue doliendo. Y la memoria también debe servir para exigir responsabilidades.
