La violencia política sigue golpeando fuertemente al país, el 26 de octubre de 2026, fue asesinado en Cúcuta, Norte de Santander, Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de la ciudad entre el 2024 y 2026 y precandidato a la Alcaldía para las elecciones territoriales de 2027.
El ataque ocurrió en el Anillo Vial Occidental, en el sector de El Pórtico, cuando se movilizaba en su vehículo.
Las autoridades anunciaron una recompensa por información que permita identificar a los responsables y señalaron que se adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente un móvil definitivo.
Este caso se suma al hecho de violencia política ocurrido recientemente en contra del exalcalde de Jamundí (Valle del Cauca), Andrés Felipe Ramírez. Los actos en cuestión obligan a reevaluar las condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgos públicos y/o buscan participar en la contienda electoral.
Violencia político-electoral en Norte de Santander
Los registros recopilados por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) para el pasado calendario electoral evidencian la consolidación de violencia política en el departamento.
Entre el 8 de marzo de 2026 y el 15 de mayo de 2026, se registraron 9 hechos de violencia político-electoral en Norte de Santander, asociados a 15 víctimas. De estos hechos, 5 fueron amenazas (55 %) y 4 atentados (44 %).
Fuente: Elaboración propia con datos de Sipares
Estas cifras corresponden al periodo de registro del documento y no incluyen el asesinato de Miguel Castellanos, ocurrido el 26 de octubre de 2026.
Los hechos reportados se distribuyeron en distintos municipios. Cúcuta concentró 2 casos; en Los Patios, Tibú, San Calixto, Ocaña, Hacarí y Pamplona se registró uno en cada municipio. Los datos recopilados por Pares también incluyen una amenaza colectiva contra candidatos y dirigentes del Pacto Histórico sin una ubicación municipal específica.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sipares
En cuanto a los perfiles de las víctimas, 7 personas (46 %) pertenecían a partidos políticos, 2 (13 %) eran candidatas o candidatos a cargos de representación y otras 2 (13 %) eran concejales. Los registros también muestran presencia de distintas filiaciones políticas: 6 víctimas (40 %) pertenecían a Colombia Humana y una víctima, respectivamente, a la Unión Patriótica, Comunes y Alianza Verde.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sipares
Otro elemento relevante es la falta de identificación de los presuntos responsables: en 6 de los 9 hechos (66 %) no se registró un agente perpetrador específico. Esta limitación dificulta caracterizar los patrones de agresión y establecer responsabilidades a partir de la información consolidada.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sipares
Nuevamente desde Pares reiteramos y hacemos un llamado a las autoridades nacionales y regionales a fortalecer y garantizar todas las medidas de protección inmediatas y eficaces para aquellas personas que ejercen roles políticos y que han sido objeto de amenazas. De cara al inicio del calendario electoral de 2027, resulta urgente adoptar acciones preventivas que permitan a los candidatos, candidatas y funcionarios públicos en ejercicio desarrollar su activas con plenas garantías.
