La tercera semana de junio de 2026 dejó uno de los resultados más valorados por la ciudadanía en cualquier proceso de paz: la dejación de armas. Un centenar de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entregaron sus armas y comenzaron su tránsito hacia la vida civil en una Zona de Ubicación Temporal instalada en el Putumayo. Para muchos colombianos, este es el indicador más claro de que una negociación produce resultados tangibles y de que la guerra puede empezar a quedar atrás.
No es una percepción equivocada. La dejación de armas tiene un enorme valor simbólico y práctico. Simbólico porque expresa una voluntad de cambio y una aceptación de que las diferencias políticas o económicas no deben resolverse mediante la violencia. Y práctico porque cada arma entregada reduce la capacidad de producir muerte, desplazamiento, confinamiento y miedo en los territorios donde estos grupos han ejercido influencia durante años.
El proceso que condujo a este momento no surgió de manera espontánea. La negociación entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano atravesó ciclos de diálogo, momentos de tensión y acuerdos graduales que permitieron avanzar hacia la concentración de combatientes, la entrega de material de guerra y la definición de mecanismos de reincorporación. Durante meses se construyeron protocolos para la recepción, verificación y destrucción de armas, acompañados por organismos nacionales e internacionales.
La importancia de este avance es aún mayor cuando se analiza en el contexto de la política de Paz Total. Durante los últimos tres años esta estrategia ha sido evaluada de manera negativa, principalmente por sus dificultades, los retrasos en varias mesas de negociación y la persistencia de expresiones de violencia en distintas regiones. Sin embargo, está política de paz no pueden valorarse únicamente por sus tropiezos. También deben examinarse a partir de los resultados concretos que producen. Y la decisión de una organización armada de abandonar las armas constituye uno de esos resultados.
Pero sería un error confundir el inicio del camino con su llegada al destino. El desarme es una condición necesaria para la construcción de paz, aunque está lejos de ser suficiente. Colombia aprendió hace mucho tiempo que la firma de acuerdos, la concentración de combatientes o la entrega de armamento constituyen apenas una etapa de procesos mucho más complejos. La experiencia histórica demuestra que la sostenibilidad de la paz depende de lo que ocurra después.
La razón es sencilla. Los grupos armados no nacen ni sobreviven únicamente por la existencia de armas. También encuentran espacio en territorios donde persisten economías ilegales, instituciones débiles, ausencia estatal, conflictos por la tierra, pobreza rural y escasas oportunidades para los jóvenes. Si esas condiciones permanecen intactas, el riesgo de que nuevas organizaciones ocupen los espacios dejados por las anteriores sigue estando presente.
Por eso el verdadero desafío comienza ahora. La atención pública suele concentrarse en las ceremonias de entrega de armas porque son visibles y generan titulares. Sin embargo, la tarea más difícil es la reincorporación. Se trata de garantizar que quienes abandonan la guerra encuentren oportunidades económicas, educativas y sociales que hagan viable una vida por fuera de la ilegalidad. Es un proceso lento, costoso y políticamente menos atractivo, pero absolutamente indispensable.
La segunda tarea es aún más ambiciosa: transformar los territorios donde la guerra se convirtió durante décadas en una forma de organización social y económica. La construcción de paz territorial implica mejorar vías, fortalecer gobiernos locales, ampliar la presencia institucional, garantizar servicios públicos, apoyar economías legales y ofrecer alternativas sostenibles a comunidades que históricamente han vivido entre la exclusión y el conflicto. Sin estas transformaciones, la paz corre el riesgo de quedarse en la superficie.
Por eso la imagen de las armas entregadas puede entenderse como uno de los primeros frutos de la Paz Total. Es un fruto visible, esperanzador y profundamente valorado por la ciudadanía. Nadie puede negar su importancia. Cada fusil que deja de disparar representa una vida potencialmente salvada y una oportunidad para reducir el sufrimiento de las comunidades. Pero sigue siendo un fruto verde. La maduración llegará cuando estos territorios experimenten transformaciones sostenidas en seguridad, desarrollo, participación y presencia institucional.
La Paz Total será evaluada durante muchos años por este tipo de resultados. La dejación de armas de la Coordinadora Nacional constituye un avance significativo, y merece ser reconocido. Sin embargo, también debe entenderse como el comienzo de una nueva etapa. El éxito definitivo no dependerá únicamente de cuántas armas fueron entregadas o destruidas. Dependerá de la capacidad del Estado para convertir este logro inicial en procesos sostenidos de construcción de paz territorial. En otras palabras, el desarme debe abrir la puerta a transformaciones institucionales, económicas y sociales que reduzcan los incentivos para el regreso de la violencia.
Hoy Colombia observa un fruto que empieza a crecer. La dejación de armas de la Coordinadora Nacional constituye uno de los resultados más visibles y valorados de la política de Paz Total. Sin embargo, como ocurre con cualquier proceso de paz, el desarme es apenas el comienzo. La responsabilidad del Estado, de las comunidades y de quienes abandonan las armas consiste ahora en proteger este logro para que no se marchite antes de tiempo y pueda convertirse en una oportunidad real de transformación para los territorios.
Una parte importante de esa responsabilidad recaerá sobre el próximo gobierno que asumirá el 7 de agosto. Recibirá un fruto todavía verde, construido en medio de dificultades, acuerdos y esfuerzos acumulados durante varios años. Su desafío no será simplemente conservar lo alcanzado, sino crear las condiciones para que madure mediante inversiones territoriales, fortalecimiento institucional, seguridad para las comunidades y oportunidades para quienes dejaron la guerra. Solo así la ciudadanía podrá disfrutar plenamente uno de los frutos más apreciados de cualquier proceso de paz: además del silenciamiento de los fusiles, la construcción de una paz territorial duradera capaz de transformar las condiciones que durante décadas alimentaron la violencia.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
