La crisis humanitaria que vive el Catatumbo desde comienzos de 2025 ha llevado a distintos sectores de Norte de Santander a buscar alternativas que permitan aliviar los impactos de una guerra que solo tiende a profundizarse. En medio de desplazamientos masivos, confinamientos, asesinatos y una creciente afectación sobre la vida de las comunidades rurales, las autoridades locales, organizaciones sociales, organismos internacionales y representantes del Gobierno Nacional presentaron el pasado lunes 1 de junio la Mesa Exploratoria para la Paz de Norte de Santander.
La iniciativa fue concebida como un espacio de articulación regional para establecer mínimos humanitarios y construir consensos orientados a la protección de la población civil en medio de los actuales enfrentamientos del ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes. Más que una mesa formal de negociación, se planteó como un escenario desde el territorio para impulsar compromisos que permitieran reducir las afectaciones de la confrontación armada y mantener abierta la búsqueda de soluciones dialogadas a la crisis que atraviesa la región.
Sin embargo, apenas dos días después de su lanzamiento, la iniciativa encontró su fin desde uno de los límites que era previsible. El 3 de junio, el ELN hizo pública la negativa a cualquier posibilidad actual de participar en escenarios de diálogo junto al Frente 33, grupo que han señalado en otras ocasiones como una banda criminal que se encuentra actualmente aliada con el Estado, además reiteraron que su única disposición de negociación se mantiene con el Gobierno Nacional.
La posición del ELN modifica sustancialmente el panorama que rodeaba la Mesa Exploratoria y pone sobre la mesa nuevamente la ausencia de una salida clara a la crisis del Catatumbo. Aunque el espacio buscaba promover acuerdos humanitarios y no una negociación política entre actores armados, cualquier posibilidad de incidencia dependía de que las partes enfrentadas reconocieran la legitimidad de la iniciativa y estuvieran dispuestas a asumir compromisos frente a las comunidades. La negativa pública del ELN deja en evidencia los límites de una propuesta que nació desde el territorio con el propósito de disminuir los impactos de la guerra, pero que carece de capacidad para ofrecerle algún acuerdo a los grupos y en esa misma lógica de obligar a los actores armados a participar o cumplir eventuales pactos.
Una guerra que continúa escalando
Las dificultades de la iniciativa también reflejan la situación actual de los actores enfrentados. Por un lado, el ELN atraviesa un momento de fuerte distanciamiento respecto a los procesos de diálogo impulsados por el Gobierno Nacional y mantiene una estrategia militar orientada a fortalecer su control territorial en el Catatumbo. Por otro, el Frente 33 conserva abiertos los canales de negociación con el Gobierno, continúa vinculado a mecanismos de concentración y preagrupamiento de combatientes acordados durante el último año.
Sin embargo, estas trayectorias diferenciadas no han logrado contener la confrontación de ninguna de las partes. La disputa por corredores estratégicos, economías ilegales y zonas de influencia continúa alimentando una guerra que ha convertido al Catatumbo en uno de los principales escenarios del conflicto armado colombiano.
Mientras se proponía la mesa, acontecimientos ocurridos durante los últimos días muestran con claridad la urgencia de la situación. Mientras distintos sectores regionales intentaban abrir un espacio humanitario para reducir los impactos del conflicto, nuevos enfrentamientos provocaron una nueva ola de desplazamientos en zonas rurales del municipio de El Tarra. Centenares de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para proteger sus vidas, sumándose a una crisis que ya acumula decenas de miles de víctimas entre desplazados, confinados y afectados por distintas formas de violencia que hacen parte del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y el Frente 33.
La crisis humanitaria del Catatumbo expresa un deterioro profundo de la condición de vida de trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes, líderes sociales y comunidades rurales, quienes continúan soportando los costos de una confrontación cuya intensidad parece aumentar mientras que se reducen las posibilidades de diálogo. Estos hechos confirman que la guerra continúa lejos de cualquier escenario de desescalamiento, las comunidades siguen enfrentando restricciones a la movilidad, riesgos permanentes para su seguridad, dificultades para acceder a servicios básicos y una creciente incertidumbre sobre la posibilidad de permanecer en sus territorios.
La urgencia de mantener abiertos los caminos de la paz
La Mesa Exploratoria para la Paz surgió como una respuesta regional a una crisis que exige soluciones urgentes que desde el nivel nacional presentan serias problemáticas en la actualidad. La rápida frustración de estos escenarios resulta especialmente preocupante porque ocurre en un contexto donde los escenarios de diálogo enfrentan crecientes dificultades y donde sectores políticos nacionales promueven la idea de que la confrontación militar debe convertirse nuevamente en la principal estrategia para enfrentar el conflicto armado. Un eventual fortalecimiento de estas posiciones podría significar no solo el cierre de nuevos intentos de negociación, sino también el debilitamiento de las iniciativas impulsadas desde los territorios por organizaciones sociales, comunidades y plataformas humanitarias.
La experiencia reciente demuestra que las respuestas exclusivamente militares no han logrado resolver las causas profundas del conflicto ni proteger de manera efectiva a la población civil, por el contrario, han tendido a prolongar ciclos de violencia cuyos principales costos recaen en la población. En una región donde continúan las graves afectaciones humanitarias, mantener abiertos los espacios de participación social, construcción de acuerdos humanitarios y búsqueda de salidas políticas sigue siendo una necesidad fundamental.
Esta preocupación ha sido expresada durante el último periodo de agudización del conflicto en la región por iniciativas impulsadas principalmente por organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos que adelantan iniciativas como la Caravana Humanitaria 20 años resistiendo en el territorio, que hizo presencia en el Catatumbo el año pasado. La movilización, en su momento, puso de presente que, incluso en medio de la guerra, persisten esfuerzos colectivos para defender la vida, visibilizar la situación de la población y exigir soluciones reales al conflicto. Estas experiencias han demostrado que la construcción de paz no ocurre únicamente en las mesas de negociación, sino también desde el ejercicio del movimiento social que se organiza para resistir a la violencia y reclamar condiciones dignas para permanecer en los territorios.
En este contexto, también hay que situar la latente incertidumbre sobre el futuro de estos espacios de organización social en un escenario político donde existe la posibilidad de que proyectos que privilegian la confrontación militar y suprimen los procesos de diálogo vuelvan a ser los que dirijan la política de paz en el país. Un eventual cierre de estos escenarios afectaría no solo las posibilidades de entendimiento con los actores armados, sino también la transformación sobre las estructuras que han reproducido las condiciones de vida precarias en las regiones donde la única oferta de vida y futuro se encuentra ligada a las redes del mismo conflicto. La preocupación hoy no es únicamente que una iniciativa regional encuentre obstáculos para avanzar, sino que el país se aleje cada vez más de cualquier escenario real capaz de ofrecer una salida a la crisis social que continúa golpeando a las regiones.
