Una noticia sacude al país. La JEP acaba de entregar un número que estremece. Son 7.837 y no 6.402 los falsos positivos en el país. Este número se debe no a una corrección por parte del tribunal, sino a una ampliación del periodo, que va desde 1990 y se extiende a 2016. Es decir, la práctica arrancó durante el gobierno de Gaviria, siguió con Samper y Pastrana, tuvo su máxima expresión en los ocho años de Uribe y continuó con Santos, aunque el gran porcentaje lo tienen los años donde en Colombia se impuso la Seguridad Democrática.
Por ello, es fundamental ser muy preciso a la hora de informar. Resulta tendencioso afirmar que es solo Uribe quien comprende este tema. El presidente Petro al enterarse de las nuevas cifras afirmó que este era “el peor crimen contra la humanidad, cometido en las Américas en este siglo”.
El magistrado de la JEP Pedro Elías Díaz Romero fue quien presentó, en un video, la cifra, a lo que el presidente respondió: “Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente (Álvaro) Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja”.
Esta afirmación debe matizarse ya que no es que aumentaran precisamente los números durante los años de Uribe, sino que se amplió el periodo de investigación. Incluso el magistrado Ramelli afirmó que el número podía subir en los próximos días. Es mucho el trabajo que tiene el tribunal e implica abrir y reconstruir hechos que pasaron hace más de treinta y cinco años. En un país en guerra, la paranoia era una constante y existía presión por parte de los más altos rangos del ejército para obtener resultados. Esto se lograba a partir de contar muertos. En los años de la Seguridad Democrática, la práctica se hizo más constante y se intensificó.
Se espera que, con este nuevo rastreo, la JEP pueda favorecer a cientos de familias que buscan con desesperación a sus hijos desde hace décadas.
