Para finales de 2023, los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro se reunieron en lo que se conoció como el “conclave”, una reunión en la cual trazaron las líneas de una sofisticada red para la compra de votos de congresistas que eran necesarios para la aprobación y el trámite de las reformas sociales.
El entramado que se formulaba estaba liderado por el prófugo, Carlos Ramón González, la estructura financiera estaba en cabeza del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y la habilidad y transacción política corría por cuenta del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Allí las órdenes a los funcionarios de menor rango, fueron claras, había que buscar los votos del Congreso a toda costa. Velasco y su estructura se debían encargar de esto, mientras Bonilla buscaba los recursos necesarios para satisfacer el voraz apetito que caracteriza a los parlamentarios.
Para esto, el saqueo comenzó con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el caso “madre” es uno de los entramados de corrupción más delicados que se ha vivido en el país en los últimos años, sin embargo, por debajo de cuerda y tal y como lo relata la exasesora del exministro Bonilla, María Alejandra Benavides, el entramado buscaba capturar una segunda entidad, el Instituto Nacional de Vías, del cual esperaban sacar los más de 571 mil millones que necesitaban para la aprobación de las reformas.
Hasta el momento, están mencionados en este caso los exministros Bonilla y Velasco, el otrora jefe del DAPRE, Carlos Ramón González; Juan José Oyuela, director de operaciones de Invías, María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y más de 30 congresistas de todas las corrientes políticas.
Para entender lo que ocurrió en el Invías, no basta con seguir el hilo de las declaraciones de sus protagonistas ni con reconstruir la cronología de los hechos. Es necesario, ante todo, dotarse de un marco conceptual que permita distinguir entre la corrupción administrativa ordinaria (que es transaccional, individual, esporádica) y la captura del Estado, entendida como la cooptación deliberada y sistemática de las instituciones públicas por redes organizadas que reconfiguran las reglas del juego a su favor. Es esta distinción la que permite comprender por qué este caso no es simplemente el resultado de la ambición de unos pocos funcionarios, sino la expresión de una patología más profunda del diseño institucional colombiano.
Un caso más de corrupción que terminó por viciar el espíritu del gobierno de Gustavo Petro y que desnuda, otra vez, las falencias del sistema político colombiano al servicio de los “todopoderosos” congresistas.
