La escena de Semana Santa en Colombia fue más que un desacuerdo técnico: fue la expresión visible de una disputa de poder. Mientras la Junta del Banco de la República decidió subir la tasa de interés a 11,25 % y el ministro de Hacienda cuestionó la medida, el debate se presentó como un choque entre expertos y políticos. Sin embargo, lo que está en juego no es solo una decisión económica, sino la definición de qué intereses y prioridades deben prevalecer en este momento del país.
En los días siguientes, la discusión escaló en la esfera pública: declaraciones cruzadas, editoriales de prensa y análisis de expertos reactivaron un viejo debate sobre el papel del Banco de la República y los límites de la política monetaria en contextos de recuperación económica.
Porque la economía no es —ni ha sido nunca— un campo de verdades indiscutibles. Es, desde sus orígenes, un terreno de disputa. Así nació y así debería mantenerse. Como bien lo mostraban Ken Cole, John Cameron y Chris Edwards en ¿Por qué discrepan los economistas?, la disciplina se construyó en medio de desacuerdos profundos sobre la riqueza, el comercio, el dinero o la desigualdad. No hubo consenso en sus inicios, ni lo hay hoy.
Basta recordar que desde Adam Smith hasta John Stuart Mill, pasando por debates posteriores entre John Maynard Keynes y Milton Friedman, la economía ha sido una conversación permanente —y muchas veces conflictiva— sobre qué debe priorizar una sociedad. Empleo, crecimiento, estabilidad de precios, redistribución: cada escuela elige su eje y desde allí construye su verdad.
Lo que ocurrió esta semana en Colombia no es distinto. La Junta del Banco de la República tiene una posición coherente con su mandato: la inflación sigue por encima de la meta del 3 % —alrededor de 5,3 % a comienzos de 2026— y, aunque viene descendiendo, persisten riesgos sobre las expectativas. Desde esa lógica, subir tasas es una medida preventiva: encarecer el crédito hoy para evitar un deterioro mayor del poder adquisitivo mañana.
Pero esa no es la única lectura posible. El ministro de Hacienda pone sobre la mesa otro problema igualmente real: una economía que apenas intenta consolidar su recuperación, en un contexto además de incertidumbre internacional y debilidad de la inversión. El crecimiento reciente —2,3 % en el último trimestre de 2025— y una tasa de desempleo de 9,2 % en febrero de 2026 muestran una economía que no está en crisis, pero tampoco en bonanza. En ese contexto, subir tasas puede ser equivalente a frenar un motor que apenas empieza a arrancar.
Aquí es donde el debate deja de ser exclusivamente técnico y se revela como profundamente político. Porque no estamos ante una discusión sobre “la medida correcta”, sino sobre qué riesgo estamos dispuestos a asumir como sociedad. ¿Preferimos tolerar una inflación más persistente durante un tiempo, o aceptar un menor dinamismo económico a cambio de estabilizar los precios más rápido?
Durante décadas se nos ha querido convencer de que la economía es una ciencia exacta, capaz de ofrecer respuestas únicas e inmutables. Esa idea se consolidó en el siglo XX con la tecnificación de la disciplina y la ilusión de que los modelos podían sustituir el debate. Pero la realidad es otra: las relaciones entre variables económicas no son lineales, las decisiones no son neutras y las prioridades no están dadas, se construyen.
Por eso la política monetaria no es un algoritmo. Es una decisión. Y toda decisión económica implica tomar partido. Subir tasas no afecta a todos por igual. Golpea más fuerte a quienes dependen del crédito —hogares, pequeñas empresas, sectores productivos— y favorece a quienes priorizan la estabilidad de precios o tienen capacidad de ahorro financiero. Detrás de cada punto porcentual hay ganadores y perdedores.
La Constitución de 1991 le dio al Banco de la República la misión de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. Pero también estableció que esa función debe coordinarse con la política económica general, orientada a estabilizar la producción y el empleo. Es decir, el diseño institucional colombiano no eliminó la tensión entre objetivos. La reconoció como parte del sistema.
Por eso resulta problemático que el debate actual se plantee como una especie de herejía del Gobierno frente a la ortodoxia técnica. No hay herejía. Hay una diferencia legítima sobre el orden de las prioridades. Y eso, lejos de debilitar la institucionalidad, la fortalece. Porque obliga a explicitar los supuestos, a debatir las consecuencias y a reconocer que no hay decisiones inocuas.
Colombia no necesita menos discusión económica. Necesita más. Pero una discusión honesta, que abandone la idea de que existe una única respuesta correcta. Que entienda que las tasas de interés no son solo un instrumento técnico, sino una herramienta que define el ritmo de la economía, las oportunidades de inversión y las condiciones de vida de millones de personas.
La pelea de esta semana, entonces, no es un problema. Es una oportunidad. Una oportunidad para que el país vuelva a preguntarse qué quiere priorizar en este momento: si acelerar la reducción de la inflación, aun a costa de enfriar la economía, o permitir un mayor dinamismo productivo, asumiendo el costo de una desinflación más lenta.
Porque al final, esa es la verdadera discusión que hoy atraviesa al país. No entre técnicos y políticos. No entre ciencia y populismo. Sino entre visiones de país. Y esas —como siempre en la economía política— no se resuelven en los modelos. Se resuelven en el debate público, con la participación de todos los interesados.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
