En días recientes, la comunidad del barrio Santa Marta – República de Canadá, en la localidad de Usme, se vio consternada, luego de que, en medio de una jornada cultural de rap organizada por los mismos habitantes del sector para donar útiles escolares y ropa a niños y niñas, sujetos irrumpieran en el espacio identificándose como miembros de las antiguas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). De acuerdo con los hechos puestos en conocimiento de Pares, ante la receptividad que tuvo el evento, estos hombres habrían llegado al lugar para realizar exigencias económicas, amenazando de muerte a los organizadores del evento y obligando a la finalización del mismo, ante la falta de permiso. De acuerdo con la población del sector, durante los últimos días se ha hecho cada vez más recurrente la aparición de grafitis alusivos a las siglas del grupo, una estrategia con un impacto simbólico para el amedrentamiento de la comunidad. Así mismo, el grupo al cual pertenecen estos individuos ha venido apropiándose de lotes, despojando, a su vez, a algunos propietarios, con el propósito de afianzar su control territorial y social en la localidad del sur de Bogotá.
Aunque aún no se tiene certeza sobre la participación del EGC/Clan del Golfo en este hecho, además de las dudas razonables que genera la utilización de las antiguas siglas AGC por parte de estos sujetos, (pues este grupo ha intentado desmarcarse de esta denominación como estrategia para reafirmar una aparente identidad política en el marco de los diálogos con el Gobierno Nacional como parte de la política de Paz Total), esto no desestima la gravedad de las amenazas y el impacto real que tienen grupos de este tipo en la periferia de la ciudad. Por el contrario, vuelve a poner en el centro de la discusión la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) de carácter nacional, como el EGC/Clan del Golfo en el fenómeno de la criminalidad en Bogotá y alerta sobre las formas de operación de este, a través de modalidades de “outsourcing criminal” o tercerización de servicios y actividades.
La presencia del EGC/Clan del Golfo en Bogotá no resulta nueva, ya desde el año 2019 la Defensoría del Pueblo había alertado sobre la presencia de este grupo en la ciudad por medio de la instrumentalización, articulación o cooptación de estructuras y bandas delincuenciales locales, quienes prestan servicios de sicariato, imposición de tributos, venta de estupefacientes, cobros extorsivos, participación en contextos de prostitución y vinculan niños, niñas y adolescentes para la realización de actividades ilegales. De acuerdo con la Alerta Temprana 004 de 2024, la presencia del EGC/Clan del Golfo en la localidad de Usme se enmarca en la disputa creciente con el Tren de Aragua desde el año 2021, por el control de corredores de movilidad entre localidades. Dentro de estas líneas de tránsito sobresale el corredor oriental que transita desde Usme hasta la localidad de Usaquén, conectando con municipios como Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó, en el propósito de articulación regional. El segundo corredor hace alusión al occidental, contemplando la línea de conexión desde el municipio de Sibaté hasta Chía, usando líneas de conexión entre Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. Estos corredores resultan estratégicos para el acopio, distribución y comercialización de elementos del contrabando, armas, droga, entre otros.
Al igual que en el nivel nacional donde el EGC/Clan del Golfo emplea la figura de tercerización como forma de copamiento territorial, en el escenario de la capital este grupo ha subcontratado a organizaciones como Los Paisas, Los Boyacos, Los Camilos, Los Pereiranos y La Oficina de San Andresito, quienes en el marco de la confrontación con “Los Satanás” adscrita al Tren de Aragua propiciaron un recrudecimiento de la dinámica de violencia en la ciudad entre el 2022 y 2023, expresada en el incremento de repertorios de violencia ejemplarizante, homicidios selectivos, masacres y desapariciones forzadas, concentradas especialmente en las localidades de Santa Fe y Mártires, al constituirse en territorios estratégicos que componen la línea de tránsito del corredor oriental.
Recientemente, la defensora del pueblo Iris Marín alertó sobre acciones de intimidación por parte de grupos como el EGC/Clan del Golfo y el Tren de Aragua en contra de campañas políticas que se estaban adelantando en el marco de las elecciones legislativas llevadas a cabo el pasado 8 de marzo. La presión ejercida por parte de estos grupos se dio de manera particular en las localidades de Santa Fe y Mártires, teniendo una injerencia directa en el desarrollo del proceso electoral. Adicionalmente, se subrayó por parte de la Defensora el proceso de consolidación de estos grupos, particularmente en estas dos localidades, lo que refleja una evolución sostenida del fenómeno.
Frente a estos hechos denunciados por la Defensoría, el comandante de la Policía Metropolitana Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano no solo negó en su momento cualquier posibilidad de injerencia por parte de estos grupos en el escenario electoral, sino que descartó cualquier posibilidad de presencia del EGC/Clan del Golfo, manifestando que en su experiencia y recorrido por 19 localidades de Bogotá nunca ha habido información clara que demuestre la presencia de este grupo en la capital del país. Incluso empleó de forma tajante y despectiva el término “Diarrea Verbal” para referirse a aquellas personas quienes han referido la presencia de este grupo, en una clara alusión a las declaraciones de la defensora Iris Marín, desvirtuando el trabajo del Sistema de Alertas Tempranas y el despliegue de la Defensoría.
Las apreciaciones opuestas entre la Policía y la Defensoría del Pueblo deja entrever la falta de articulación institucional para la atención del fenómeno de criminalidad en Bogotá, ilustrando además la complejidad para hacer seguimiento a las formas de operación de estos grupos y estructuras en la ciudad, ante la sofisticación en sus formas de operación regidas por mecanismos de sub contratación y tercerización de actividades, que son omitidas deliberadamente por parte de la Policía en sus análisis. Esto dificulta no solo la identificación de responsabilidades en la comisión de delitos por parte de los grupos, sino que complejiza el seguimiento al rol de grupos como el EGC/Clan del Golfo en los mercados criminales, el análisis de los fenómenos de “Gobernanza Criminal”, y la observación de la relación entre estructuras del orden nacional y grupos delictivos de carácter local que han logrado adaptarse al papel de la fuerza pública.
Situaciones como las presentadas de manera reciente en la localidad de Usme, ponen de manifiesto la necesidad de la Policía Nacional de reorientar la forma en cómo se están observando las dinámicas de disputa territorial en el orden local y distrital entre los grupos delictivos. Es necesaria una perspectiva integral y macro que integre elementos como el papel de grupos armados organizados de carácter nacional como el EGC/Clan del Golfo en la configuración de la violencia en Bogotá, toda vez que este constituye un agente dinamizador de los escenarios de violencia en la ciudad, del cual Usme puede ser una evidencia reciente.
