El próximo 2 de octubre se cumplirán diez años de una de las jornadas más atípicas y determinantes de la historia contemporánea de Colombia. Aquel domingo de 2016, el país acudió a las urnas para refrendar el Acuerdo Final con las FARC-EP, obteniendo un resultado que desconcertó al mundo entero por su estrecho margen y su naturaleza divisiva.
Con una diferencia inferior al 1%, el “No” se impuso sobre el “Sí” por apenas 53.894 votos. En un país fatigado por décadas de violencia, el 50,21% de los votantes rechazó el tratado, frente a un 49,78% que lo respaldaba. Este escenario reveló una fractura social profunda, marcada por un abstencionismo superior al 62%.
Resultaba incomprensible que la ciudadanía rechazara un acuerdo complejo que incluía centenares de compromisos institucionales para transformar el campo, reparar a las víctimas y cerrar definitivamente el conflicto armado. El texto abordaba problemas estructurales como la distribución de tierras, el apoyo integral al campesinado y, fundamentalmente, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición para millones de víctimas.
Sin embargo, el análisis posterior permitió identificar que el triunfo del “No” no fue un rechazo al contenido técnico, sino fruto de una sofisticada manipulación emocional. La estrategia de la campaña opositora no buscó explicar el acuerdo, sino que recurrió a una estrategia basada en segmentar temores y emociones para movilizar votantes.
A los estratos altos se les alertó sobre una supuesta impunidad total y el costo económico de la paz. En los sectores populares, se sembró resentimiento mediante el discurso de subsidios injustos para excombatientes. Mientras tanto, en la Costa Caribe, se difundió con éxito la narrativa del “Castrochavismo”, sugiriendo que el país caería en el comunismo.
Uno de los puntos más polémicos fue la instrumentalización del enfoque de género, presentado falsamente como una “agenda oculta” contra la familia tradicional. Este argumento movilizó masivamente a sectores religiosos, quienes vieron en términos como “diversidad” una amenaza directa a la libertad de culto y a la educación de sus hijos en la escuela.
En este sentido, las elecciones presidenciales de 2026 pueden entenderse como una nueva ocasión en la que la sociedad colombiana vuelve a pronunciarse, indirectamente, sobre el Acuerdo Final. Aunque no se trata de un plebiscito formal, el debate político vuelve a situar a la ciudadanía ante una disyuntiva similar a la de 2016: apoyar la implementación de la paz negociada o respaldar posiciones críticas frente a ella.
El panorama electoral refleja esta dicotomía histórica a través de dos fórmulas presidenciales con visiones contrapuestas. Por un lado, la propuesta progresista de Iván Cepeda y Aída Quilcué aboga por la profundización y el cumplimiento integral de lo pactado. Para ellos, la paz es el cimiento irrenunciable de cualquier transformación social en Colombia.
Su programa enfatiza el Capítulo Étnico y la ejecución de políticas públicas para reducir la pobreza rural. Representan la voluntad de aquellos que, en 2016, vieron en el acuerdo la única vía para modernizar el Estado y proteger el territorio. Proponen acelerar la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos como eje central.
En la acera opuesta se encuentra la derecha liderada por Paloma Valencia, quien mantiene una postura crítica frente a la implementación del Acuerdo. Desde su perspectiva, el Estado ha cumplido su parte del contrato, mientras los antiguos rebeldes adeudan verdad y reparación efectiva. Esta visión busca endurecer las condiciones de la transacción, priorizando la autoridad sobre las concesiones otorgadas inicialmente.
No obstante, el debate ha evolucionado tanto que incluso su fórmula vicepresidencial, Daniel Oviedo, ha señalado que el cumplimiento de los acuerdos debe ser una línea roja infranqueable para cualquier gobierno futuro. Este movimiento sugiere un reconocimiento de que los costos de deshacer lo pactado son superiores a los beneficios políticos de la confrontación.
En este contexto, la decisión de votar por una u otra opción a la Presidencia vuelve a colocar a la ciudadanía frente a la disyuntiva que marcó el plebiscito de 2016: respaldar o cuestionar el Acuerdo Final. A diferencia de 2016, la población ya no es incauta frente a la desinformación. El uso de noticias falsas tiene hoy menos peso frente a los resultados tangibles de paz. La madurez política es evidente.
Se espera que esta mayor conciencia reduzca el abstencionismo y que la decisión en las urnas sea fruto de un balance informado. El 2026 no es solo una elección presidencial; es el cierre definitivo de la fractura del Plebiscito. Hoy Colombia tiene las herramientas para tomar una decisión menos manipulada y más consciente de sus consecuencias.
La oportunidad de votar en esta “segunda vuelta” histórica permite que la razón y la evidencia prevalezcan sobre la rabia. A diferencia de 2016, hoy el país no decide en medio de temores abstractos, sino a partir de una década de experiencia concreta sobre lo que significa implementar la paz. En ese sentido, las elecciones de 2026 no solo definirán un nuevo gobierno: también dirán si Colombia quiere cerrar definitivamente la fractura que dejó el plebiscito o si prefiere prolongarla. Después de diez años de pruebas, la paz sigue siendo el eje que ordena nuestro destino colectivo.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
