El general Miguel Maza Márquez, quien fue condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ha quedado libre. Así lo dispuso un juez de Ejecución de penas en Bogotá al concederle libertad condicional. Maza Márquez era el director del DAS en 1989, año en el que Pablo Escobar le soltó encima la muerte. A él estaba dirigido el bus cargado de dinamita que explotó frente al edificio del DAS y que dejó más de sesenta muertos.
El juez lo dejó libre después de constatar que había cumplido el tiempo mínimo exigido por la ley para acceder al beneficio. Maza estaba preso desde el 2013. Sólo pagó poco más de 12 años.
Es bueno recordar que en el caso Galán un hombre, un inocente, pagó cinco años acusado de haber asesinado al líder liberal. Esta es la historia.
El 17 de agosto de 1989 el profesor de la universidad del Atlántico y vicenconsul de Haití en Barranquilla, Alberto Jubiz Hazbún, llegaba a Bogotá con el fin de asistir a una capacitación sobre cultivos hidropónicos. Hazbún era químico de profesión y a pesar de sus 53 años el hombre no paraba de estudiar. Se encontró en la capital con viejos amigos y celebraron la vida con grandes cantidades de ron.
En la noche su viejo conocido, Edgar Perea, lo invitó a ver el partido Millonarios- Junior desde la cabina de Caracol . Al salir del estadio, apesadumbrado por lo que el Pájaro Juarez le había hecho a su amado equipo tiburón, se enteró de la noticia: En Soacha acababan de atentar contra el pre candidato liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento. Las informaciones eran difusas. Algunos medios decían que el político solo había sido herido en un brazo y que en ningún momento había perdido el conocimiento. Poco antes de llegar al hotel Hazbún se enteró de que Galán había muerto.
El lunes 22 de agosto, pocas horas antes de salir en un vuelo a Barranquilla, se reunió con gente que había conocido en la capacitación y viejos amigos costeños radicados en Bogotá. En medio de la reunión aparecieron unos hombres fuertemente armados. Hazbún, acostumbrado a las celebraciones pantagruélicas, a las bromas desmedidas, creyó que era víctima del humor de sus propios amigos. El rostro le cambió cuando los policías le mostraron las armas que el supuestamente guardaba. El nunca había visto esa mini ingram ni mucho menos las dos nueve milímetros que le pusieron sobre le mesa. A Alberto ni siquiera le gustaban las armas.
Violando todo tipo de proceso, rompiendo en mil pedazos la ley que lo protegía, lo detuvieron. Pensó en llamar a la poderosa familia Char de Barranquilla. Él trabajaba para ellos y podrían atestiguar “Además mírenme a la cara y díganme si yo podría ser un asesino”. El policía no se inmutó, ni siquiera lo miró, se limitó a exhalar un suspiro y a cerrar con llave la celda donde lo trasladaron.
A pesar de haberse violado todo proceso, de que se inventaron testigos falsos, de haber desestimado el testimonio de gente tan influyente como Fuad Chard, Edgar Perea, el ex ministro Carlos Obando Velazco, que alegaban la inocencia del barranquillero, Alberto Jubiz Hazbún nunca perdió la esperanza. Cuando el país lo había olvidado y solo su hermano Wilson, un prestigioso abogado de la costa Atlántica colombiana movía cielo y tierra para sacarlo del hueco, Alberto recibió la visita de uno de sus presuntos victimarios. Se trataba del general Oscar Peláez Carmona. Según declaraciones dadas por él le prometió que nunca saldría de la cárcel. Detrás de él estaban presuntamente, Miguel Maza Marquez, Alberto Santofimio Botero y con esas dos fichas jugando en contra de Hazbún difícilmente podría demostrarse su inocencia.
Tuvo que esperar cuatro años este hombre bueno para volver a respirar la libertad. El 5 de mayo de 1993, casi cuatro años después de haber sido detenido, fue recibido por tremenda parranda vallenata en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Después de recuperarse de la rumba instauró una demanda contra el estado que ascendía a más de 5.000 millones de pesos. En 1998 Justo cuando lo habían llamado a conciliar la demanda un infarto lo sorprendió en su finca en Sabanalarga. La familia afirma que en esos cuatro años de reclusión la salud de Alberto se deterioró.
En el 2014, 16 años después de su muerte, el Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía, a la Policía y a Miguel Maza Márquez pagarle a la familia del académico $3.000 millones de pesos. Se cerraba así uno de los más lamentables episodios de falsos positivos de la historia judicial colombiana.
