En noviembre de este año se cumplen diez años de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde entonces el secretariado de las FARC, liderado por Rodrigo Londoño, estaba obligado, según los acuerdos firmados, a reparar a sus víctimas. Además de los secuestros, los asesinatos, las pescas milagrosas, las extorsiones, los ataques con bombas a población y a la infraestructura, se sumaba una nueva afrenta a Colombia, el reclutamiento de menores de edad.
Después de varios señalamientos y de ser acosados por la JEP para que contaran la verdad, el pasado 1 de marzo, siete integrantes del último secretariado. La cifra exacta fue de 18. 677 menores de edad. Lo más grave es esta cifra: el 28 % de estos menores están desaparecidos. Casi cuatro mil muchachos. En la carta, que fue calificada por medios como El Espectador, como histórica, se reconoce que también se cometieron con ellos delitos sexuales.
La carta fue firmada por los siguientes exmiembros del Secretariado: Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez. Este es el caso 004 que estaba en la JEP y, desde noviembre de 2024, estos hombres venían siendo presionados por la JEP para reconocer la infamia. En caso de no hacerlo, podrían haber estado expuestos a penas significativas, a pesar de los acuerdos firmados.
La JEP pudo identificar, como lo marca El Espectador, cinco patrones criminales relacionadas con el caso: “reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas”.
Hay unas cifras realmente aterradoras, unas de ellas es que el 35 % de los menores de edad reclutados eran niños y niñas menores de 15 años, el 35 % de ellos fue víctima de abuso sexual. Aunque el exsecretariado afirmó que está dispuesto a “resolver y responder” las preguntas de los afectados, la sociedad y las mismas víctimas esperan un poco más del secretariado en materia de reparación. Este ha sido uno de los lunares de esta exguerrilla, ellos no han devuelto, a nivel de material, buena parte de lo que les arrancaron a tantos colombianos.
Este puede ser un punto de quiebre, una nueva fase en un acuerdo que, diez años después de haberse firmado, aún se sigue completando.
