Los resultados negativos sobre la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, desatados por la declaratoria de guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá (Frente 33) —desde mediados de enero de 2025— son claras y basta difundidas en los medios de comunicación y por la opinión pública.
A un año de iniciado este duro período, según la Unidad para las Víctimas, se registraron 114 mil personas víctimas directas del conflicto armado, 101.587 de ellas obligadas a abandonar sus hogares, 45.000 que sufren o han sufrido confinamiento, el asesinato de, por lo menos, 117 personas —varias de ellas firmantes de paz— y la amenaza de muerte de 7.777.
Pero sobre los resultados positivos, obtenidos con las medidas tomadas por el Gobierno nacional, se reconocen y para nada se destacan los avances. Esto a sabiendas de que, desde el primer momento, con los primeros decretos de emergencia — desde el 20 de enero y los primeros días de febrero de 2025— hasta agosto cuando se instaló el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, se ha tener importantes resultados positivos, tanto para la población como con la seguridad del territorio.
Con los primeros decretos, como el 118 del 30 de enero de 2025, se logró aumentar la presencia de la Fuerza Pública. Permitiendo llevar al Catatumbo —según informes del Comando General del Ejército— más de 11.200 soldados de la Segunda División del Ejército Nacional y evacuar 3.633 personas que estaban en riesgo inminente de muerte, entre ellas 57 firmantes de paz. Además, la entrega de 352,5 toneladas de ayuda a comunidades vulnerables.
En términos de seguridad, según el Comando General, la presencia desde el inicio del Ejército, la Policía y los demás organismos de seguridad del Estado ayudaron a la incautación de “178 armas cortas, 161 armas largas, 2.514 artefactos explosivos, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones, junto con 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, valoradas en más de 208.000 millones de pesos, afectando directamente las economías ilícitas de la región”.
Lo anterior, solo por resaltar los logros conseguidos en materia de seguridad física y humana, con la presencia inmediata de la Fuerza Pública. Pero si se analizan las demás medidas tomadas e implementadas, donde participaron los diversos organismos y agencias del Gobierno, se encontrarán importantes avances en términos de transformaciones territoriales; tanto en el sector educativo y cultural como en los productivos.
En el sector educativo y cultural, las cifras del Ministerio de Educación muestran que se llevaron a cabo dos importantes programas sociales, como la entrega de 655 computadores portátiles a estudiantes del sector rural —con el programa Computadores para Educar— y otro con un enfoque didáctico, para niños, niñas y adolescentes de enseñanza el inglés —con el programa Eco Kids—.
Siendo uno de los mayores esfuerzos el que se dio con el Pacto Social y en él con la Ruta del Amor por el Catatumbo. Donde se estableció como uno de los ejes estructurales la inversión en infraestructura escolar, dotación, dignificación docente y acceso real a la educación superior pública. Eje al cual, según el Gobierno, se han destinado $750 mil millones.
Las inversiones sociales contemplan además otros sectores estratégicos, como el transporte, salud, desarrollo rural, vivienda, agua potable y conectividad. Al respecto, las cifras de los ministerios de Transporte y de Vivienda muestran que las inversiones en infraestructura vial y habitacional son considerables. Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total se logró mejorar la comunicación entre comunidades; y con una inversión de $276 mil millones se consiguió dar soluciones habitacionales, de saneamiento básico y ordenamiento territorial alrededor del agua.
En cuanto a las transformaciones productivas, el Gobierno habla de la implementación de varios proyectos agrícolas, con los que ha capacitado a mujeres emprendedoras en la gestión de materia prima. Y con el Pacto Social se ha logrado movilizar $6,27 billones distribuidos, que han posibilitado el inicio de 124 proyectos. Al igual que inversiones en sectores como el transporte, la agricultura, la construcción y las telecomunicaciones.
Finalmente, el Gobierno ha buscado proteger e invertir de manera especial, en las comunidades más afectadas y que requieren un apoyo más urgente. El caso del pueblo Bari es un ejemplo, donde se tiene un capítulo transversal para este sujeto colectivo, con 13 proyectos que superan los 137 mil millones. Con lo que se intenta superar el abandono estatal que tienen las comunidades y poblaciones fronterizas.
En síntesis, la intensificación del conflicto armado que se vive en la región del Catatumbo a nublado los avances en las transformaciones sociales y productivas que ha logrado realizar el Gobierno en el primer año de focalización territorial. Al país solo le llegan las malas noticias que produce el conflicto y los avances multisectoriales se ocultan y no se reconocen.
A un año de intervención estatal solo aparecen las víctimas, los muertos y los desplazamientos. No se habla de las importantes inversiones en educación, salud, vías, vivienda o servicios públicos domiciliarios. Se ignoran todos los esfuerzos que el Gobierno está realizando para mejorar, dignificar y fortalecer el territorio. Un espacio abandonado por décadas y donde hay que darles tiempo a las inversiones del Estado para ver sus efectos duraderos. Inversiones con las buscan impactar el territorio, pero, sobre todo, cambiar la mente de las comunidades, provocando un giro en la manera como las personas se relacionan entre ellas, y también cómo ven al Estado.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
