Durante más de una década, Dilian Francisca Toro y su grupo político han gobernado el Valle del Cauca bajo una narrativa que presenta la defensa de los derechos de las mujeres como una de sus principales banderas. Sin embargo, una revisión de las cifras de violencia de género, el comportamiento del presupuesto de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género y los procesos de contratación pública revelan una realidad que contrasta con ese discurso. Mientras las violencias contra las mujeres continúan siendo una problemática estructural en el departamento, los recursos destinados a enfrentarlas han disminuido y buena parte de los contratos de mayor cuantía han quedado en manos de un reducido grupo de contratistas estrechamente relacionados con el entorno político de la gobernadora.
Entre 2018 y 2025, el Valle del Cauca registró 559 feminicidios, ubicándose como el segundo departamento con más casos del país. Pese a este panorama, la capacidad institucional para responder a estas problemáticas parece haberse debilitado. La Secretaría de Mujer y Equidad de Género ejecutó en 2023 más de 18.480 millones de pesos, pero en 2024 esa cifra cayó a 13.818 millones, una reducción cercana al 30 %. Para 2025 el presupuesto se mantuvo prácticamente estancado, consolidando una tendencia que resulta difícil de explicar en un contexto de persistencia y agravamiento de las violencias contra las mujeres. La disminución de recursos implica menos capacidad para ampliar programas, fortalecer estrategias de prevención o garantizar una atención más robusta a las víctimas.
Ahora bien, entre 2024 y lo corrido de 2026, la Secretaría habría adjudicado cerca de 17 mil millones de pesos mediante contratación directa, principalmente a dos organizaciones: CORPOVALLE y GESPRODE. En el caso de CORPOVALLE, solo entre 2020 y 2025 habría recibido más de 26.200 millones de pesos de la Secretaría, equivalentes al 33 % de todo el presupuesto ejecutado por la dependencia durante ese periodo.
Más allá de los montos contratados, la investigación identificó una serie de vínculos políticos e institucionales que generan dudas razonables sobre la independencia de los procesos contractuales. CORPOVALLE mantiene una estrecha relación con la estructura departamental: cuatro de los siete integrantes de su consejo directivo están vinculados a la Gobernación y su director, Adrián Fernando Zamora, ha ocupado cargos de confianza dentro de las administraciones lideradas por Dilian Francisca Toro. Si bien es cierto que, dichos vínculos no constituyen por sí mismos una irregularidad, sí generan cuestionamientos sobre la concentración de recursos públicos en organizaciones cercanas al círculo político de la Gobernación.
La pregunta que dejan los hallazgos es: después de más de diez años de control político sobre el departamento, ¿los recursos públicos destinados a las mujeres han servido para fortalecer la garantía de sus derechos o han terminado reproduciendo las mismas dinámicas de concentración política y contractual que históricamente han caracterizado la administración pública en el Valle del Cauca?
