Son tiempos violentos. Así titula la fundación Pares su último informe sobre el poder armado en Colombia. Una radiografía del crecimiento de la violencia y de la gran expansión de los grupos ilegales. Una muestra de cómo ha crecido la violencia a lo largo de dos gobiernos que desarrollaron estrategias diametralmente opuestas: el de Iván Duque, quien no hizo concesión alguna a la paz; y el de Gustavo Petro, que hizo todas las concesiones ¿Por qué fracasaron estos dos gobiernos? ¿Por qué no se le pudo dar continuidad a la reducción de violencias que trajo el acuerdo con las FARC?
Las cifras son contundentes el número de municipios con presencia de grupos armados ilegales pasó de 212 en 2018, cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, a 428 en el 2022 cuando terminó el gobierno de Iván Duque; y luego, en el gobierno de Gustavo Petro se incrementó a 518 a corte de 2025; y es probable que a finales de 2026 alcancemos la pavorosa cifra de 530 municipios con presencia de fuerzas ilegales. En la mitad de los municipios de Colombia hay un grupo armado.
Los datos de violencia contra la población son, por sí solos, una sentencia: en 2025, 196 líderes sociales fueron asesinados; se presentaron 311.681eventos de desplazamiento forzado que arrancaron a familias enteras de sus tierras; y 69.162 personas fueron confinadas en sus territorios.
El equipo de Pares hizo un gran esfuerzo para recopilar y analizar la información de lo que hemos decidido llamar “poder armado” en toda Colombia. Nuestra obligación con el país es contar las cosas que pasan y contarlas bien. Especialmente porque en el debate público de hoy, verdades a medias son tomadas en serio por quiénes tienen la obligación de velar por la seguridad, la paz y los derechos humanos en el país.
Por ejemplo, durante el gobierno Duque, se tomó en serio que las disidencias de las FARC no eran más que grupos de bandidos, no grandes estructuras armadas apuntaladas en negocios ilegales para los cuales era necesaria tanto una política de seguridad como una de negociación y sometimiento a la justicia; se decía que a los reincorporados los estaban matando por rencillas internas y eso tenía como consecuencia que no valía la pena protegerlos; se decía, igualmente, que el acuerdo de paz era ilegitimo porque Santos había perdido el plebiscito y los acuerdos alcanzados no eran obligatorios. Por esas creencias perdimos una oportunidad de oro para llenar con presencia estatal el vacío que habían dejado las FARC-EP en su desmovilización.
Y al contrario, en el gobierno de Gustavo Petro, se creyó que con un llamado generoso a cerrar el ciclo de violencias y con ofertas e incentivos para abandonar la violencia se podía sentar a todos los grupos armados a negociar y se podía avanzar hacia una reducción definitiva de las violencias.
En ambos gobiernos advertimos paso a paso el rumbo que tomaron los grupos ilegales, un tarea ingrata, pero necesaria. Durante el gobierno Duque advertimos la inminencia del rearme de las disidencias y también del crecimiento desmedido del Clan del Golfo, hoy Ejército Gaitanista de Colombia. En el mandato de Gustavo Petro, una vez corrieron los primeros dos años sin mayores resultados, asumimos la crítica de la Paz Total y también de la política de seguridad y sus graves equivocaciones. Los datos y el tiempo nos dieron tristemente la razón. Ninguno de los dos gobiernos pudo atajar el crecimiento del poder armado.
Lo que hemos visto en este primer mes del gobierno de Abelardo De la Espriella es una vuelta a los bombardeos, a los operativos contra objetivos de alto valor, a la publicidad de las incautaciones de cocaína, a la erradicación de cultivos ilícitos con la amenaza de que volverán las fumigaciones, a la exhibición de los cadáveres de los ilegales muertos en los bombardeos, a una puesta en escena del poder militar del Estado en cabeza del presidente. De eso tenemos bastantes imágenes de un pasado reciente en nuestra memoria.
Con este informe, queremos llamar la atención sobre algo crucial, algo que debemos entender al momento de trazar una estrategia contra la actual violencia: el poder armado de hoy es distinto, muy distinto el que vivimos en los tiempos de las grandes guerrillas y en el postconflicto con las FARC. Esta violencia que ya no tiene la pretensión de tomarse el poder político nacional, pero que se disputa palmo a palmo el control social y territorial en alianza con fuerzas políticas y económicas locales, con el propósito de desarrollar jugosos negocios y suplantar al Estado en lo local, que está vinculada al crimen trasnacional y a las nuevas tecnologías, necesita fórmulas muy distintas, estrategias muy distintas, a las que se han ensayado.
Corremos el riesgo de hacer lo mismo con un solo ingrediente distinto: el gran espectáculo. Por eso dedicamos un capítulo completo a entender qué es hoy el poder armado, quiénes sus protagonistas y en qué se diferencian. También, por qué éste crece y se hace fuerte, en la guerra y en la paz.
Dedicamos algunos capítulos a contar cómo hemos llegado a este punto y el daño que a veces no vemos. Como una novedad analizamos con apoyo de un equipo de analistas de datos si realmente los combates –que los hubo en Duque y en Petro– estaban afectando las estructuras armadas.
Y el 2026 no trae alivio. Ojalá el gobierno y sus asesores se tomaran un tiempo para leer los distintos capítulos, porque estamos en serio riesgo de caer en las viejas fórmulas sin resultado. Ojalá lo leyeran desapasionadamente para entender qué tipo de enemigo tienen al frente y cuales son las estrategias más certeras para que las poblaciones y las regiones puedan respirar un poco.
