Conflicto armado, crisis humanitaria, paz y frontera: los principales desafíos del próximo gobierno de Colombia. La llegada del nuevo Gobierno encuentra a Norte de Santander en uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.
El departamento concentra una combinación de desafíos que trascienden la seguridad y configuran una agenda de alta complejidad para la nueva administración: una crisis humanitaria derivada del conflicto armado, una frontera dinámica con la persistencia de economías ilegales y conflictos sociales; y un escenario de diálogos de paz con los grupos armados marcado por avances parciales e incertidumbres. Comprender este contexto resulta fundamental para definir las prioridades que respondan a las necesidades del territorio.
En el Catatumbo, la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP completa dieciocho meses de hostilidades. Durante este periodo, la región registra cientos de víctimas, más de cien mil personas desplazadas, confinamientos, homicidios, afectaciones a la población civil y una transformación en las dinámicas de la guerra, evidenciada en la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas, como el uso de drones con explosivos, que dejan sin capacidad de respuesta a la fuerza pública.
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A este panorama se suma un escenario incierto para la política de paz. De las dos mesas de diálogo impulsadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro con presencia e impacto en Norte de Santander, la establecida con el ELN permanece suspendida desde el 16 de enero de 2025, cuando se intensificaron las confrontaciones en el Catatumbo. En contraste, el proceso con el Frente 33 avanza en su séptimo ciclo de conversaciones, con acuerdos como el compromiso de sustituir más de mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, de la mano de las comunidades en el municipio de Tibú.
Entre tanto, Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 señaló a Pares que esa estructura armada mantiene su disposición para avanzar en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), conforme a lo establecido en el Acuerdo del 3 de mayo de 2025, así como en el cumplimiento de otros compromisos adquiridos en la mesa, entre ellos la prohibición del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el impulso de iniciativas de transformación territorial orientadas al fortalecimiento de economías legales mediante el desarrollo de tres líneas productivas priorizadas: cacao, yuca y miel. El futuro de estos compromisos dependerá de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno frente a la continuidad o reorientación de la política de paz, en un territorio donde las negociaciones no solo buscan reducir la intensidad del conflicto, sino también abrir oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales. Sin embargo, el presidente electo Abelardo de la Espriella, en su visita a Cúcuta el 8 de julio de 2026 declara como objetivo militar a alias ‘Andrey’, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y a alias ‘Alfred’, del ELN. “Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes”, dijo en su rueda de prensa.
Estas dos posiciones evidencian uno de los principales dilemas que enfrentará el nuevo Gobierno en Norte de Santander. Mientras el Frente 33 manifiesta su disposición para continuar con la implementación de los compromisos pactados en la mesa de diálogo, el anuncio del presidente electo de declarar objetivos militares a sus principales comandantes anticipa un posible cambio de rumbo en la política de paz. De concretarse esta reorientación, no solo quedaría en incertidumbre el cumplimiento de acuerdos relacionados con la sustitución de cultivos, la protección de niños, niñas y adolescentes y los proyectos de transformación territorial, sino que también se abriría un nuevo escenario para la evolución del conflicto armado en el Catatumbo.
La política de paz del Nuevo Gobierno ¿Una necesidad?
Entre tanto, la continuidad de la política de paz dependerá menos de la voluntad expresada por los actores armados y más de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno frente a los mecanismos de negociación existentes. Aunque el Frente 33 reitera su disposición para avanzar en los compromisos acordados entre las partes, estos avances podrían quedar suspendidos si el Estado decide modificar o desmontar la actual arquitectura de diálogo. En ese sentido, el principal interrogante ya no recae únicamente sobre la voluntad de paz de los grupos armados, sino sobre la voluntad política del Estado para mantener abiertos escenarios de negociación que permitan reducir la intensidad del conflicto y generar transformaciones territoriales.
Para Norte de Santander, el eventual cierre de estos espacios de diálogo podría tener implicaciones que trascienden el ámbito político. En un contexto de confrontación activa, donde persisten desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios y una creciente tecnificación de las hostilidades, la ausencia de canales de negociación podría profundizar la crisis humanitaria y reducir las posibilidades de construir acuerdos que mitiguen las afectaciones sobre la población civil. El desafío para el nuevo Gobierno no consiste únicamente en definir si continúa o no las mesas de diálogo, sino en establecer una estrategia integral que combine seguridad, presencia institucional y mecanismos eficaces para la gestión y transformación del conflicto.
Si el principal interrogante radica en el futuro de la política de paz, el segundo gran desafío para el nuevo Gobierno será definir el modelo de seguridad que implementará en Norte de Santander. La discusión trasciende el aumento del pie de fuerza o el despliegue de nuevas capacidades militares y plantea una pregunta de fondo: ¿es suficiente la militarización para responder a un conflicto que ha cambiado sus dinámicas y continúa generando graves afectaciones humanitarias?
Sin embargo, la respuesta del nuevo Gobierno frente a la crisis del Catatumbo es incierta, principalmente si reconocemos que, durante los últimos dos años, la estrategia ha estado marcada por un importante despliegue de la Fuerza Pública para contener la expansión de los grupos armados ilegales. Sin embargo, la persistencia de las confrontaciones, el incremento de las afectaciones humanitarias y la transformación de las dinámicas de la guerra plantean interrogantes sobre la efectividad de una estrategia basada principalmente en la militarización del territorio.
Para Enrique Pertuz, integrante de la Corporación Red de Defensores de Derechos Humanos (REDDH), la experiencia reciente demuestra las limitaciones de este enfoque. “Tenemos más de once mil hombres de la Fuerza Pública en el Catatumbo y llevamos casi dos años de confrontaciones; las consecuencias siguen siendo trágicas para la población civil, con miles de personas desplazadas, confinadas y cientos de víctimas en una guerra absurda para la región”. En su concepto, la deuda histórica del Estado con el Catatumbo no es únicamente en materia de seguridad, sino también social, económica y política, por lo que la consolidación de la paz pasa necesariamente por fortalecer la presencia institucional, garantizar derechos y ampliar las oportunidades para las comunidades campesinas.
Este panorama adquiere mayor relevancia frente a los anuncios del nuevo Gobierno de priorizar una política de seguridad más robusta y de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los territorios. En el caso del Catatumbo, el principal desafío consistirá en evitar que la estrategia se limite al componente militar y logre articularse con acciones de desarrollo rural, implementación del Acuerdo de Paz, sustitución de economías ilícitas y protección de la población civil. La realidad muestra que la tecnificación del conflicto, evidenciada en el uso creciente de drones con explosivos y otras capacidades operacionales de los grupos armados, reduce la capacidad disuasiva que tradicionalmente representaba la presencia militar, obligando a replantear las respuestas institucionales frente a una guerra cada vez más sofisticada.
La frontera con Venezuela, un territorio álgido por el control territorial de los grupos armados
A las complejidades del conflicto armado se suma la condición fronteriza de Norte de Santander, que convierte al departamento en uno de los territorios estratégicos para la seguridad nacional. La extensa línea limítrofe con Venezuela continúa siendo un factor determinante en la dinámica del conflicto, debido a la movilidad de los actores armados, las economías ilegales y las dificultades para ejercer un control efectivo sobre la frontera.
Mantener una relación institucional estable y mecanismos de cooperación con Venezuela será uno de los desafíos del nuevo Gobierno. La coordinación binacional resulta determinante para enfrentar fenómenos como el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y otras economías ilegales que operan a ambos lados de la frontera. A ello se suma el comportamiento de la criminalidad urbana en el área metropolitana de Cúcuta. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, los homicidios pasaron de 291 casos en 2024 a 332 en 2025. Paralelamente, la Alcaldía de Ocaña reportó cerca de treinta personas secuestradas durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras que la Secretaría de Gobierno de Cúcuta registró 21 casos de trata de personas en lo corrido del año, un delito que ya había alcanzado 98 denuncias durante 2025.
En este contexto, la propuesta de crear bloques de seguridad urbana genera diversas reacciones entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Enrique Pertuz advierte que una estrategia centrada exclusivamente en el fortalecimiento del componente coercitivo podría resultar insuficiente frente a una realidad donde convergen al menos veintiséis estructuras delincuenciales locales, tres organizaciones criminales transnacionales y el Frente de Guerra Urbano del ELN, actores que disputan el control de las economías ilegales y de los corredores estratégicos de la frontera.
La dimensión fronteriza también explica parte de la capacidad de resistencia de los grupos armados en el Catatumbo. Los municipios limítrofes con Venezuela han funcionado históricamente como corredores de movilidad, abastecimiento y repliegue para estructuras como el ELN. Esta condición geográfica dificulta las operaciones militares y permite que, en distintos momentos de la confrontación, los actores armados encuentren refugio al otro lado de la frontera, convirtiendo la cooperación binacional en un componente indispensable de cualquier estrategia de seguridad para Norte de Santander.
Los desafíos que enfrenta Norte de Santander trascienden la respuesta inmediata al conflicto armado. La región constituye uno de los principales desafíos para el país donde el nuevo Gobierno deberá construir una política integral que articule seguridad, paz, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional; un horizonte que no es claro ante los anuncios de acabar con entidades como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. La experiencia de los últimos cuatro años del Gobierno del presidente Gustavo Petro demuestra que ninguna de estas dimensiones, abordada de manera aislada, logra modificar las condiciones estructurales que sostienen la violencia. La persistencia de la confrontación, el deterioro humanitario y la transformación de las capacidades militares de los grupos armados evidencian la necesidad de replantear las estrategias implementadas hasta ahora.
En este contexto, la primera decisión estratégica debe estar relacionada con el futuro de la política de paz. La continuidad, redefinición o suspensión de los mecanismos de diálogo con los actores armados tendrá efectos directos sobre la dinámica del conflicto y las condiciones humanitarias del territorio. Más allá de la voluntad manifestada por algunas estructuras para avanzar en compromisos concretos, el principal desafío recaerá en la voluntad política del Estado para construir escenarios que permitan reducir las hostilidades, proteger a la población civil y generar transformaciones sostenibles en las regiones más afectadas por la violencia.
De manera paralela, la política de seguridad deberá adaptarse a una guerra que ha cambiado profundamente. La incorporación de drones con capacidad ofensiva, el fortalecimiento de las economías ilegales, la disputa por corredores estratégicos y la capacidad de movilidad de los grupos armados en la frontera colombo-venezolana evidencian que el aumento del pie de fuerza, por sí solo, resulta insuficiente para responder a las nuevas dinámicas del conflicto. La seguridad del territorio exigirá fortalecer capacidades tecnológicas, consolidar mecanismos de cooperación binacional y desarrollar una presencia estatal que combine control institucional con inversión social, desarrollo rural y alternativas económicas para las comunidades.
En ese sentido, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos plantean que la agenda del nuevo Gobierno debe construirse sobre una visión integral de la paz y la seguridad. Enrique Pertuz, de la Corporación Red de Defensores de Derechos Humanos (REDDH), sostiene que las prioridades deberían orientarse a mantener abiertos los escenarios de diálogo con los grupos armados, garantizar la continuidad de la implementación del Sistema Integral para la Paz, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), descartar el retorno de estrategias como la fumigación aérea con glifosato y los bombardeos como mecanismos para enfrentar el conflicto, promover una política integral frente a los cultivos de uso ilícito que priorice la sustitución voluntaria y el desarrollo rural, y avanzar en la consolidación de la estrategia de transformación territorial del Catatumbo impulsada durante el gobierno anterior como una apuesta para reducir las brechas históricas de la región.
Estas propuestas reflejan una preocupación compartida por distintos sectores del territorio: la necesidad de que las respuestas del Estado no se limiten al componente militar, sino que integren acciones orientadas a resolver las causas estructurales que han alimentado el conflicto armado durante décadas. Para las organizaciones sociales, la construcción de paz pasa por fortalecer la presencia institucional, ampliar las oportunidades económicas para las comunidades rurales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas, el campesinado y los firmantes del Acuerdo de Paz.
Finalmente, el nuevo Gobierno no recibe únicamente un departamento afectado por la violencia; recibe un territorio donde convergen las principales tensiones de la agenda nacional: conflicto armado, economías ilícitas, crisis humanitaria, implementación del Acuerdo de Paz y relaciones binacionales con Venezuela. En este contexto, el principal desafío será definir si la respuesta estatal privilegiará una estrategia centrada en la confrontación militar o una intervención integral que combine seguridad, inversión social, garantía de derechos y construcción de paz. En una región como el Catatumbo, donde durante los últimos años comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales insistieron en la necesidad de fortalecer la presencia institucional mediante proyectos como el Complejo Universitario del Catatumbo, la implementación del Acuerdo de Paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los espacios de diálogo con los actores armados, un giro hacia una política basada exclusivamente en la ofensiva militar podría escalar las confrontaciones entre el Ejército, el ELN y el Frente 33, incrementando los riesgos para la población civil.
Las experiencias recientes del conflicto en la región muestran que la intensificación de las hostilidades suele traducirse en nuevos desplazamientos, confinamientos, afectaciones a la infraestructura comunitaria y mayores restricciones para el ejercicio de los derechos de las comunidades. Por ello, las decisiones que adopte el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander no solo definirán el rumbo de la seguridad en el departamento durante los próximos cuatro años, sino también la posibilidad de consolidar o revertir los avances alcanzados en materia de paz, desarrollo territorial y protección de la población civil.
