Ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní, en Cundinamarca, se expande sobre el territorio lo que promete ser el titán energético más grande de Colombia: el Parque Solar Puerta de Oro. Con una inversión de US$280 millones y un avance del 71 % de las obras ejecutadas, este proyecto emerge como un destello de luz para el país y un símbolo de lo que podría ser una transición energética más concreta y menos retórica. Se estima que el parque suministre electricidad a más de 550.000 hogares, reduciendo la presión sobre las fuentes fósiles tradicionales y aportando energía limpia a una red que aún carga las huellas del carbón, el gas y la dependencia hídrica.
En materia ambiental, el parque prevé la conservación de 600 hectáreas de ecosistemas naturales, compensaciones en otras 1.700 hectáreas y la siembra de 12.000 árboles como parte de sus acciones de restauración ecológica. Estas medidas, más allá de su valor simbólico, representan una estrategia para mitigar los impactos de una infraestructura de gran escala sobre el territorio. Puerta de Oro, alineado con los compromisos nacionales frente al cambio climático, evitará la emisión de cerca de 115.798 toneladas de CO2 anuales, una cifra que refuerza su papel en el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el reto no está solo en las cifras, sino en la sostenibilidad real de esos compromisos: conservar, monitorear y garantizar que las acciones ambientales no se conviertan en simples anexos de licenciamiento.
La planta contará con una capacidad instalada de 300 MW, capaz de producir más de 700 GWh al año. Se extiende sobre 500 hectáreas e integra 511.830 módulos fotovoltaicos y 330 inversores, conectados por una red de 22,5 kilómetros de transmisión hasta la subestación San Felipe, en Armero-Guayabal (Tolima). Todo el sistema se enlaza mediante más de tres mil kilómetros de cableado, suministrado por Centelsa by Nexans.
En el componente humano, los resultados son igualmente relevantes. La construcción ha generado más de 1.100 empleos directos, en su mayoría provenientes de mano de obra local, y se proyectan $35.000 millones en regalías anuales para los municipios beneficiarios, junto con $1.300 millones destinados a programas sociales. Estos datos reflejan un impulso económico tangible para la región, pero también plantean un desafío: ¿cómo asegurar que esta bonanza no se diluya con el tiempo y se transforme en desarrollo sostenible? Los recursos y la infraestructura son un comienzo, pero la permanecia dependerá de una gestión transparente, del fortalecimiento institucional y de la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones.
El financiamiento del proyecto proviene de una alianza entre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el Climate Investment Funds y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta estructura financiera híbrida, que combina fondos públicos y multilaterales, demuestra que la confianza internacional en el sector energético colombiano sigue vigente. Sin embargo, también pone sobre la mesa un tema clave: la necesidad de autonomía tecnológica y de capacidades locales que permitan reducir la dependencia de capital extranjero para impulsar la transición energética del país.
Puerta de Oro es la evidencia de que el país puede avanzar con paso firme hacia un modelo energético más limpio. si el proyecto logra mantener sus compromisos ambientales, fortalecer la inclusión laboral y asegurar que las regalías se traduzcan en bienestar colectivo, podría convertirse en un referente de sostenibilidad integral. De lo contrario, quedará como una postal del progreso técnico sin alma social.
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