El pasado 4 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella sancionó la Ley 2640 de 2026, que reformó la Ley 418 de 1997 y puso el sometimiento a la justicia en el centro de su estrategia frente a los grupos armados. La comunicación oficial de la Cámara de Representantes presentó su aprobación como el fin de la Paz Total. Me interesa en esta ocasión examinar esa afirmación y preguntarme qué rescoldos de la política de Gustavo Petro permanecen en la nueva legislación.
Mi lectura es que, aunque la nueva ley desmonta los principales mecanismos de negociación de la Paz Total, conserva herramientas para continuar construyendo la paz en Colombia. El Gobierno concentra la oferta en el sometimiento y reduce las posibilidades de concertar salidas políticas. Al mismo tiempo, mantiene contactos humanitarios, participación social, reparación y medidas territoriales. Por eso, considero que anunciar su desaparición completa pasa por alto disposiciones que permanecen y que debemos examinar para comprender el alcance de esta reforma.
La Ley 2272 de 2022 había señalado dos caminos para lograr la paz: por un lado, con los grupos armados organizados al margen de la ley se podían negociar acuerdos de paz de carácter político; por el otro, con las estructuras criminales se adelantaban acercamientos para su sometimiento y desmantelamiento. Conviene recordarlo porque el sometimiento ya integraba la Paz Total. El giro de la nueva legislación consiste en suprimir la habilitación negociadora específica de esa ley y convertir el sometimiento en la vía general ofrecida a ambos tipos de organizaciones.
El cambio también desmonta herramientas institucionales de la Paz Total. El artículo 27 de la nueva ley deroga expresamente los artículos 2, 5, 6 y 7 de la norma de 2022. Allí estaban las definiciones de seguridad humana y Paz Total, la habilitación para negociar, el Gabinete de Paz y las Regiones de Paz. Además, el artículo 6 sustituye el artículo 8 de la Ley 418 y concentra sus facultades en los contactos humanitarios y la preparación del sometimiento y el desarme.
También cambia el trato a las organizaciones. Guerrillas y estructuras criminales quedan comprendidas en una misma oferta de sometimiento voluntario, con condiciones fijadas por la ley y beneficios valorados judicialmente. La interlocución no les otorga estatus político. En los lugares de judicialización continúan las operaciones de la Fuerza Pública y no se suspenden las órdenes de captura ni la extradición. Considero que esta decisión estrecha las opciones del Gobierno frente a organizaciones con trayectorias y capacidades diferentes.
Los rescoldos aparecen al revisar lo que la nueva ley conserva. El artículo 26 prorroga los artículos 8C y 8D de la Ley 418, incorporados en 2022. El primero contempla participación de mujeres y sociedad civil, enfoques diferenciales y centralidad de las víctimas; el segundo permite contactos humanitarios de organizaciones imparciales autorizadas. Estas disposiciones muestran que la reforma conserva contenidos expresos de la Ley de Paz Total, aun después de retirar su principal habilitación negociadora.
La continuidad alcanza la implementación de lo ya pactado. La prórroga incluye el artículo 6 de la Ley 418, reformado en 2022, que exige incorporar compromisos de paz en la planeación y atender los territorios afectados. También conserva los parágrafos transitorios 3A y 3B, incorporados en 2017 para desarrollar la dejación de armas y las garantías jurídicas de las antiguas FARC. El Gobierno cambia su estrategia frente a los grupos actuales y sigue obligado a cumplir lo pactado en 2016.
La nueva ley también incorpora una Transformación Territorial Integral para articular seguridad, justicia y acciones sociales y económicas, sustituir economías criminales y prevenir la reconfiguración armada. Prevé programas de tránsito a la legalidad y reparación. Estas medidas reconocen que desarmar a los grupos exige ofrecer alternativas a sus integrantes y transformar las condiciones de los territorios. Allí encuentro una continuidad con propósitos de construcción de paz que preceden a Petro y que el nuevo Gobierno conserva bajo otra orientación.
El Gobierno conserva, además, facultades para hablar con los grupos armados con fines específicos. El artículo 6 autoriza contactos para facilitar liberaciones, proteger comunidades, buscar desaparecidos y prevenir desplazamientos o confinamientos. También admite acercamientos para iniciar el sometimiento y permite suscribir instrumentos operativos y protocolos autorizados. Este margen me parece importante porque permite buscar alivios humanitarios y facilitar el desarme, aunque no restablece la autorización anterior para negociar una agenda política.
A estas posibilidades se suma el mandato constitucional de buscar la paz. El artículo 22 de la Constitución reconoce la paz como derecho y deber, y la Sentencia C-048 de 2001 reconoce la negociación entre los medios presidenciales para preservar el orden público. Por ello, considero excesivo anunciar el cierre definitivo de toda salida negociada. Ese fundamento permanece, aunque las medidas concretas de cada proceso deberán contar con respaldo legal.
La vía dialogada ha reaparecido incluso bajo gobiernos que privilegiaron la mano dura. Desde Turbay Ayala hasta Petro, la salida dialogada ha reaparecido bajo gobiernos de distinta orientación. Turbay creó una comisión de paz; Uribe negoció con las AUC; Duque expresó una disposición condicionada al diálogo con el ELN. Estas experiencias muestran que la presión militar ha coexistido con comisiones, acercamientos y negociaciones.
La nueva ley se inscribe en esa historia de cambios de estrategia. Aunque desmonta mecanismos centrales de la Paz Total, conserva disposiciones de la reforma de 2022 y espacios de interlocución. Además, siguen vigentes el mandato constitucional de buscar la paz y el fundamento de la negociación como instrumento presidencial. Por eso, considero que anunciar la desaparición completa de aquella política resulta prematuro. Sus rescoldos permanecen y la posibilidad de buscar salidas negociadas sigue abierta, dentro del marco constitucional y legal.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación.
