La paz urbana, uno de los componentes más innovadores de la política de Paz Total, sufrió esta semana un duro golpe. De las tres mesas vigentes —Medellín, Buenaventura y Quibdó—, la del Valle de Aburrá era la que mostraba mayores avances. Sin embargo, la decisión del Gobierno nacional de suspender su presencia en la cárcel de Itagüí e interrumpir la mesa de diálogo con estructuras del Valle de Aburrá evidencia una realidad incómoda: negociar con actores criminales implica costos que el Estado aún no ha sabido gestionar plenamente.
La razón inmediata es conocida. Algunos voceros privados de la libertad habrían hecho un uso indebido y expansión informal de los beneficios otorgados en el marco del Espacio de Diálogo Sociojurídico. Lo que se pensó como un instrumento para facilitar la construcción de confianza terminó siendo utilizado de manera oportunista. Este hecho afecta la credibilidad del proceso y reactiva las críticas sobre la viabilidad de la paz urbana. También abre una discusión más profunda sobre la legitimidad del Estado para negociar en condiciones de evidente asimetría y pérdida de control.
Pero quedarse en el escándalo sería un error analítico. Lo ocurrido no es un accidente aislado, sino la expresión de tensiones estructurales que han acompañado este proceso desde su inicio. La paz urbana, en tanto innovación institucional, ha avanzado más rápido en la práctica que en su diseño. Y cuando esto ocurre, los vacíos institucionales no permanecen vacíos: son ocupados por la racionalidad estratégica de los actores involucrados. En contextos como el carcelario, estos vacíos pueden incluso derivar en formas de captura institucional, donde los actores criminales logran incidir en el funcionamiento de las reglas formales.
La noticia es preocupante porque interrumpe un proceso que venía mostrando resultados. Los acuerdos parciales alcanzados en Medellín y el Valle de Aburrá habían contribuido a reducir ciertas expresiones de violencia, como homicidios y confrontaciones entre estructuras. Experimentos como los barrios libres de extorsión o los ceses de agresión no eran menores. Eran señales de que, incluso en contextos altamente criminalizados, es posible producir reducciones parciales de la violencia mediante incentivos.
Por eso el impacto es doble. No solo se afecta un proceso en marcha, sino que se pone en riesgo una experiencia que comenzaba a ofrecer aprendizajes valiosos. En un contexto donde la violencia urbana es uno de los principales desafíos de seguridad, suspender estos espacios implica perder una herramienta que, aunque imperfecta, venía produciendo efectos concretos.
Sin embargo, estos problemas estaban anunciados. Colombia ha construido su experiencia de paz negociando con actores políticos, generalmente por fuera del territorio nacional. La paz urbana rompe ese esquema: se dialoga con estructuras criminales, en contextos urbanos complejos y, en este caso, con voceros que permanecen en prisión. Esto redefine completamente las reglas del juego.
Negociar en estas condiciones convierte el proceso en un laboratorio. Y como todo laboratorio, implica incertidumbre y riesgo. Uno de los principales es el oportunismo. Las organizaciones criminales no buscan transformar el orden político, sino maximizar sus beneficios dentro de él. Por eso, no sorprende que algunos actores intenten aprovechar las ventajas del proceso para fortalecer su posición. No es una desviación del proceso; es parte de su lógica.
Este comportamiento ya había sido advertido. El uso amplio y poco regulado de figuras como los gestores de paz ha generado cuestionamientos sobre sus límites. Cuando los incentivos no están claramente definidos, es esperable que los actores los interpreten en función de sus propios intereses. Lo ocurrido en Itagüí confirma esa advertencia.
En conjunto, este panorama revela que el proceso carece de una arquitectura institucional sólida. El primer problema es la ausencia de un marco jurídico claro para el sometimiento colectivo. Sin reglas precisas sobre beneficios y sanciones, el proceso queda expuesto a interpretaciones flexibles que debilitan su legitimidad.
El segundo problema es la debilidad de los mecanismos de verificación. Sin sistemas robustos de monitoreo, los compromisos pierden capacidad de cumplimiento. Y el tercero es la ambigüedad en los incentivos. No está claramente definido qué gana cada actor ni bajo qué condiciones, lo que abre espacio para comportamientos estratégicos contrarios al proceso.
Estos problemas no son nuevos. Han sido señalados como factores que explican el lento avance de los diálogos sociojurídicos. Lo que hace la coyuntura actual es visibilizarlos de manera más cruda, obligando a enfrentarlos sin evasivas.
Aquí emerge el debate de fondo: ¿debe el Estado negociar con actores criminales? La respuesta, en el contexto colombiano, ha sido pragmática. Sí, porque estos actores tienen capacidad real de afectar la vida cotidiana en las ciudades. Ignorarlos o enfrentarlos exclusivamente con herramientas coercitivas ha demostrado ser insuficiente.
Pero también hay riesgos. Negociar implica aceptar que estos actores tienen capacidad de interlocución con el Estado. Y si el proceso no está bien diseñado, puede terminar fortaleciendo aquello que busca desmantelar. El riesgo no es solo fallar en la negociación, sino alterar los incentivos del sistema criminal.
Lo ocurrido en la cárcel de Itagüí no debe interpretarse como el fracaso de la paz urbana, sino como una alerta temprana. Una señal de que el proceso necesita ajustes. Las negociaciones en Colombia han avanzado históricamente en medio de crisis; la diferencia está en la capacidad de corregir.
La suspensión de la mesa puede convertirse en una oportunidad: redefinir reglas claras, fortalecer la verificación, avanzar en un marco jurídico sólido y ajustar los incentivos. En otras palabras, pasar de la improvisación al diseño institucional.
A pesar de sus dificultades, la paz urbana sigue siendo indispensable. La violencia ya no es exclusivamente rural. Hoy se concentra en las ciudades, donde las estructuras criminales disputan el control territorial y económico. Renunciar a este frente sería un error estratégico.
La tarea no es abandonar estos procesos, sino hacerlos mejor: con mayor claridad normativa, mayor control institucional y coherencia en los incentivos. Porque la pregunta no es si debemos negociar con actores criminales, sino cómo hacerlo sin fortalecer las estructuras que se pretende desmontar.
Colombia está aprendiendo a construir paz en contextos inéditos. La paz urbana no tiene manual: se diseña mientras se ejecuta. Lo ocurrido es un tropiezo, pero también una advertencia. Persistir sin corregir sería repetir errores. Corregir para persistir es, hoy, la única forma responsable de construir paz en las ciudades. Lo ocurrido en Itagüí muestra que, sin controles efectivos, los procesos pueden ser instrumentalizados por los mismos actores que buscan transformarse.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
