Entre dificultades y críticas, la JEP dicta Sentencia sobre “falsos positivos” en el noroccidente de Antioquia.

El pasado viernes 13 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP profirió sentencia condenatoria contra 5 exmilitares sindicados en el Caso Conjunto 03 y 04, por asesinatos y desapariciones de civiles presentados como bajas en combate (comúnmente denominados “falsos positivos”) en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia. El tribunal halló culpables a 5 exmiembros de los Batallones Contraguerrilla No. 26 y 74 del Ejército, por ser máximos responsables de 18 hechos con 35 víctimas, de crímenes como homicidio en persona protegida, desaparición forzada y homicidio como crimen de lesa humanidad, cometidos en esta región del departamento de Antioquia entre el 2002 y el 2006, en el marco del ejercicio sistemático de presentar a civiles como guerrilleros dados de baja en combates con la Fuerza Pública.

Los condenados son el Cabo Primero William Andrés Capera, el Sargento Viceprimero Jaime Coral, el Mayor Efraín Enrique Prada, el Capitán Hermes Mauricio Alvarado y el Mayor Edie Pinzón Turcio, quienes deberán pagar condenas de sanciones propias de entre 5 y 6 años y medio.

¿Qué son las sanciones propias y cómo funciona la justicia restaurativa?

La sanción propia es una de las figuras a través de la cual opera la justicia restaurativa que se imparte desde la JEP, la cual consiste en penas de carácter no intramural, es decir, que no se desarrollan en un centro penitenciario, ni tampoco en prisión domiciliaria, sino que tienen como fundamento un ejercicio activo por parte de los condenados para contribuir a la reparación de los daños ejercidos hacia las víctimas y sus comunidades. Estas penas, que se acuerdan con las víctimas de los hechos juzgados, están dirigidas a quienes comparecen ante la JEP, reconocen su responsabilidad en los hechos y aportan a la verdad, por ejemplo, dando información sobre personas desaparecidas o reconstruyendo los escenarios que permiten entender la comisión de crímenes e identificar sus patrones.

Las sanciones propias constan de participación en ejercicios como los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador o Reparador, que para el Caso Conjunto 03 y 04 se centrará en labores de construcción de caminos y placahuellas en zonas rurales, apoyo en labores de desminado humanitario, intervención en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, reconstrucción de puentes, intervención en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y apoyo en labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entre otras. Los condenados deberán cumplir con dichas labores de lunes a viernes, de 8 AM a 5 PM, y tendrán restricciones a la movilidad y el traslado, así como en la vivienda, al deber permanecer en los municipios donde se desarrollen las actividades, portando un dispositivo de ubicación y monitoreo, y recibiendo acompañamiento y verificación constante de funcionarios de la JEP.

El objetivo de este tipo de sanciones es desarrollar ejercicios retributivos hacia las víctimas mediante el trabajo comunitario y el desarrollo de procesos de memoria y reconciliación, lo cual, según magistrados como Juan Ramón Martínez (ponente de este caso), trasciende a las penas en donde el victimario solamente permanece recluido, y aporta de manera activa a la reparación. Estos procesos se desarrollan de la mano de las víctimas, principalmente mujeres, así como de sus comunidades, con un enfoque de reconciliación, construcción de memoria histórica, reconstrucción del tejido social y no repetición.

Los patrones sistemáticos y la importancia del esclarecimiento de la verdad

Al igual que en otros casos, la JEP reconstruye múltiples hechos a través de evidencias, testimonios e informes de distintas fuentes, y encuentra los patrones alrededores de los cuales estos hechos se desarrollaron, lo cual permite entender de manera clara las formas en las que los implicados actuaron, los medios que utilizaron e incluso las narrativas que generaban. Para el Caso Conjunto 03 y 04 se identificaron 3 patrones criminales alrededor del asesinato de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate en el noroccidente antioqueño: 1) el asesinato de campesinos y pobladores de la zona bajo un “prejuicio insurgente”, en el que se les señalaba de pertenecer a grupos guerrilleros, para lo cual se identificaron alianzas entre miembros de los Batallones Contraguerrilla No. 26 y 74 con estructuras paramilitares; 2) asesinato de personas en estado de vulnerabilidad, como habitantes de calle o personas con consumo problemático de estupefacientes, dentro de los cuales también había personas de otros municipios, como Medellín o Turbo; 3) desaparición forzada mediante el ocultamiento de cuerpos en fosas comunes, generalmente ubicadas en cementerios locales, siendo el caso principal el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba y el cementerio de Ituango.

Junto con estos patrones, también se han identificado fenómenos de macrovictimización, en los que se han explicado las lógicas con las que operaron los actores victimarios, y las características sociales, económicas, culturales y políticas de las víctimas y sus contextos, entendiendo que no fueron hechos aislados sino ejercicios sistemáticos que respondieron a condiciones específicas, cadenas de mando claras, y afectaron de manera diferenciada a ciertas poblaciones. Además, esto posibilita identificar a los máximos responsables, que en este caso corresponde a oficiales con cargos de comandancia dentro de sus batallones, aún cuando no todos los sucesos de cada una de las víctimas se hayan terminado de esclarecer, e incluso cuando aún hay más víctimas que no se han identificado todavía. Esto se considera fundamental para construir procesos de verdad, memoria y no repetición a nivel territorial, para avanzar en procesos de justicia similares en otros territorios, y para seguir reconstruyendo la tenebrosa historia de los llamados “falsos positivos”, entender cómo, por qué y en dónde se dio, juzgar a sus máximos responsables y, sobre todo, buscar verdad y reparación para las víctimas.

Los retos a futuro en la JEP

La Sentencia del Caso Conjunto 03 y 04 de la JEP se da en un contexto complejo marcado por críticas a su funcionamiento, recortes presupuestales e incluso una iniciativa legislativa para cerrar el tribunal. La postura del actual gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, así como varios de los sectores políticos que lo respaldan, ha tendido a cuestionar la legitimidad, operatividad, eficiencia y sostenibilidad de la JEP, e incluso han señalado que se ha convertido en un tribunal para juzgar de manera desproporcionada a exmiembros de la Fuerza Pública, mientras que las condenas contra exmiembros de las extintas FARC-EP han sido laxas e insuficientes. Por otro lado, de sectores políticos y comunitarios defensores del Acuerdo de Paz, se ha insistido en la importancia que tiene este tribunal para el esclarecimiento de la verdad y el desarrollo de procesos de justicia basados en la reparación y reconciliación, en el que se incluya directamente y de manera protagónica a las víctimas.

El enfoque de justicia restaurativa ha tenido complejidades para instaurarse en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana, acostumbrada al sistema de justicia ordinario en el que el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario es considerado como la principal expresión de justicia. Si bien la JEP ha tenido múltiples las dificultades, y ha sido objeto de inumerables cuestionamientos, ha jugado un papel muy importante en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en el país, así como en la construcción de procesos que van más allá de los tribunales de justicia, y radican en los territorios, las comunidades y las víctimas, resignificando su memoria y reconstruyendo su tejido social. Hoy la JEP enfrenta importantes retos, no solo en materia presupuestal y operativa, sino también en cuanto a consolidar su legitimidad como una institución necesaria y fundamental en el marco del postacuerdo.

 

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Santiago Medina Ramos