En Nariño, la paz rema a contracorriente

A finales de 2025, un enfrentamiento entre disidencias de las FARC —al parecer el frente Franco Benavides, perteneciente al Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas, Estado Mayor Central, que mantiene control en una zona considerable de los municipios de Cumbitara, Leiva y Policarpa, frontera andina entre Nariño y Cauca— y el Ejército Nacional, en plena vía Panamericana, en el tramo que conecta a Pasto, capital del departamento, con su aeropuerto, protagonizó los titulares de la prensa. Viajeros y transportadores quedaron atrapados durante varias horas en medio de un cruce de disparos, mientras las autoridades intentaban desactivar artefactos explosivos instalados sobre la carretera (El Tiempo, 2025), a menos de veinte minutos de Pasto. Además de la dimensión militar del suceso, el episodio tuvo un fuerte impacto en la opinión pública: la presencia de grupos armados en el corredor más transitado y visible de Nariño, uno de los dos tramos con doble calzada en todo el departamento, que representa desarrollo, presencia estatal y seguridad, vuelve la mirada sobre la violencia armada que, de alguna forma, se normaliza cuando sus efectos permanecen en zonas rurales o históricamente marginadas. En un momento en que el debate nacional se concentra en evaluar los resultados de un gobierno que se acerca al final de su período, estos hechos, que quizá no igualan en su gravedad a los que han sucedido por años en los territorios más alejados de los centros urbanos, resonaron en los medios de comunicación anunciando el fracaso del proyecto de paz en Nariño.

A pesar del impacto mediático, estos episodios no son ajenos a la historia del departamento. Los nariñenses han sido testigos, durante décadas, de escenas parecidas, los combates y los artefactos explosivos se convirtieron en la cotidianidad de los habitantes del Pacífico y la cordillera desde finales de los años 90, en una guerra que, salvo algunas temporadas, no ha dado tregua. En ese contexto, los enfrentamientos actuales no muestran necesariamente un fracaso de los esfuerzos de paz, sino más bien apuntan a la persistencia de actores armados que, como camaleones, se transforman y se adaptan para persistir.

Las arremetidas del Franco Benavides se han intensificado durante el último semestre. Aunque su presencia está fuertemente consolidada en Cumbitara, Policarpa y Leiva, el grupo armado, según líderes sociales consultados, está moviéndose hacia el sur, avanzando hacia los municipios de los Andes y el Peñol, corredor montañoso que conecta con el territorio que históricamente fue ocupado por Comuneros del Sur y que hoy estaría siendo reconfigurado debido al proceso de reincorporación de este grupo armado.

Los ataques del Franco Benavides, que buscan ampliar su presencia territorial y, al parecer, ocupar el territorio que se despeja con la desmovilización de Comuneros del Sur (CDS), evidentemente, cuestionan la efectividad de la política de paz total en el territorio, sin embargo, no se puede perder de vista que los Diálogos Regionales de Paz, iniciados en la Mesa instalada con  CDS en 2024 han mostrado avances concretos en términos de sustitución de cultivos ilícitos, reincorporación, verdad y reparación.

La realidad de Nariño invita a mirar la complejidad de la realidad social e histórica de Colombia, es imposible un análisis en blanco y negro que apunte al fracaso o éxito de la política de seguridad del Gobierno Nacional: los avances en los diálogos con Comuneros del Sur demuestran que las negociaciones no son infértiles cuando hay voluntad real, mientras que las acciones de otros grupos armados, e incluso de facciones de Comuneros del Sur que ya se han apartado de los acuerdos, demuestran que el diálogo no es suficiente.

La resolución de un conflicto armado con varias décadas de historia no es un proceso a corto plazo, en este sentido cabe mencionar que, además de los intentos de negociación, el enfoque de seguridad del Gobierno Nacional en Nariño sigue mostrando resultados considerables en términos de incautación de drogas y de destrucción de laboratorios, al tiempo que sigue considerándose la dimensión social, política y cultural de la violencia en el territorio.

De hecho, la incorporación del exministro de Cultura Juan David Correa como delegado del Gobierno en la mesa con Comuneros, anunciada a comienzos de 2026, refuerza el mensaje de que el Ejecutivo busca dotar al proceso de un enfoque político y cultural más amplio, que trascienda la lógica estrictamente militar o jurídica. En distintas intervenciones públicas, Correa ha señalado la necesidad de entender estos diálogos como ejercicios de transformación territorial, en los que la paz no se limite al silenciamiento de los fusiles, sino que se conecte con procesos de memoria, verdad y reconstrucción del tejido social (W Radio, 2026).

A pesar de las lecturas inmediatistas que se proponen desde ciertos sectores de la opinión, que apuntan al fracaso total de la apuesta por la salida dialogada del conflicto armado, es necesario considerar la coexistencia de dinámicas distintas en Nariño, en donde la paz no avanza de forma homogénea: se mueve por capas, por actores y por territorios específicos. Allí donde un grupo se repliega o se sienta a negociar, otro puede intentar ocupar el espacio dejado, generando nuevas tensiones y episodios de confrontación, dinámicas que llaman la atención sobre la necesidad de considerar la violencia armada como un resultado de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, es decir, como un resultado y no como una causa. Lejos de invalidar los procesos de paz en curso, la persistencia de la acción armada subraya los desafíos de la política de paz: su carácter necesariamente gradual y territorializado. La negociación con un actor armado no implica, por sí sola, la pacificación de un departamento históricamente marcado por dinámicas sociales y económicas que alimentan la violencia.

Nariño también pone de relieve la importancia del enfoque de paz que comprende que esta es un hecho complejo. Los enfrentamientos y bloqueos afectan de manera directa a transportadores, comerciantes y viajeros, recordando que la seguridad no es solo un asunto militar, sino una condición básica para la vida económica y social. En ese sentido, las comunidades han sido reiterativas en el hecho de que las negociaciones de paz no significan nada si no hay inversión social efectiva, al respecto, una lideresa local afirma que “nuestra petición en la mesa de diálogo es concreta, necesitamos vías terciarias y puestos de salud en las veredas”.

La coyuntura actual no permite lecturas simplistas. Ni los avances en las mesas de negociación garantizan, por sí solos, el fin de la violencia, ni los episodios armados anulan la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Ambos fenómenos conviven y se tensionan en un mismo escenario, dejando obsoletas las reducciones maniqueas del análisis, que debe complejizarse para poder comprender que la paz es un proceso y que, como todo proceso, tiene un sinnúmero de matices.