En abril de 2025 se hizo pública la denuncia por presunto abuso sexual a menores de edad asistentes al Hogar Infantil Parque El Canadá, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Según las madres denunciantes, los hechos habrían sido perpetrados por Freddy Castellanos Velasco, un docente del hogar infantil, operado por una empresa contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En el marco de las denuncias, las madres de familia realizaron acciones de movilización exigiendo respuestas y medidas de reparación. A lo que la Alcaldía Distrital de Carlos Fernando Galán respondió con la fuerza pública mediante la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) -antiguo ESMAD-. La reacción institucional fue la esperada: visitas, suspensión del contrato y procesos sancionatorios contra el operador y traslado del caso a la Fiscalía.
Posterior a las denuncias se ordenó la suspensión e intervención de todas las unidades encargadas al operador en cuestión, se suspendió el contrato con el operador, y el docente acusado fue objeto de un proceso legal.
Concretamente, en julio de 2025, la Fiscalía acusó a Freddy Castellanos por el presunto delito de acceso carnal violento y acto sexual con menor de 14 años. En abril de 2026, la defensa de Castellanos solicitó la libertad por vencimiento de términos, recurso legal utilizado cuando el juicio no inicia en un tiempo establecido. Es decir, han transcurrido más de 300 días desde la imputación de los cargos, 300 días sin justicia y reparación para las víctimas; y contrario a ello, la revictimización y el desgaste en los espacios judiciales ha sido el escenario recurrente para las madres de familia.
La petición en cuestión fue negada, sin embargo, esta decisión fue apelada por la defensa de Castellanos; ante ello, el 30 de abril de 2026, un juzgado ordenó la prórroga de la medida de aseguramiento de detención en establecimiento de reclusión; esta orden es nuevamente apelada por la defensa. Por lo pronto, la audiencia de juicio oral finalmente ha sido agendada, con fecha de 30 de junio de 2026. Cabe mencionar que, a lo largo del proceso, el número de posibles víctimas ha ascendido a al menos 12 menores de edad, los cuales oscilan entre dos y tres años.
Ahora bien, el proceso en contra de Freddy Castellanos debe ser entendido no como un caso aislado, sino como un ejemplo de la existencia de condiciones estructurales que posibilitan la configuración de un escenario de riesgos para las infancias. De hecho, las medidas adoptadas por el ICBF han sido reactivas, lo que plantea un primer cuestionamiento: ¿qué mecanismos existían para prevenir o identificar el riesgo antes de la ocurrencia del hecho? ¿Cuántas señales de alerta pueden pasar inadvertidas dentro de jardines infantiles antes de que una familia logre identificarlas?
Pares indagó sobre las acciones adelantas por el ICBF y el operador, previo y posterior a la denuncia, y obtuvo hallazgos que llaman la atención. Por ejemplo, desde años atrás el hogar infantil en cuestión presentaba múltiples situaciones de infraestructura que podían significar riesgo para los niños, como vidrios rotos o “vencidos”, asunto que se desarrollará en las próximas páginas. Adicionalmente, el operador que contrató al docente denunciado había sido beneficiario de diversos contratos adjudicados por el ICBF desde años atrás. Así mismo, Pares encontró que la aplicación de pruebas de personalidad al personal solo se empezó a ejecutar hasta después de la denuncia realizada por las madres de familia. En las siguientes páginas se profundizarán las presuntas fallas identificadas.
