Mientras se vivía un tsunami azul en Estados Unidos y Donald Trump recibía la más dura de las derrotas, en Colombia se aprobaba en una larga sesión en el senado, la Ley de sometimiento. A diferencia de lo que sucedió hace unas semanas con el presupuesto, que estaba a cargo del entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, que le terminaría costando su cargo, el trámite se hizo con precisión quirúrgica por parte del ministro de Justicia, Iván Cancino. La Ley de sometimiento no solo significa una nueva visión por parte de este gobierno para afrontar a los grupos armados, sino que es la lápida que le cae encima a la Paz Total del pasado gobierno.
Desde los lados de la oposición se escucharon voces que criticaron la medida ya que afirma que esta beneficiaría a “lavadores de activos”, como afirmó la senadora Carolina Corcho. Las felicitaciones se las llevó el ministro de Justicia, Iván Cancino, por parte del presidente. Con su ya célebre y cuestionable arenga cristera, el presidente celebró la aprobación de la ley: “Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!”, Cerró su mensaje con una referencia a su proyecto político: “¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.
Mientras los congresistas cercanos al gobierno celebraban, los que están en la oposición alistan demandas ante la Corte Constitucional. Las diferencias están centradas en los beneficios que podrían tener los criminales, las garantías para las víctimas y la falta de garantías que podría tener la protesta social. Gabriel Becerra, uno de los bastiones del Pacto Histórico, afirmó que demandará la ley. Él sostiene que los principales beneficiarios de la ley serían los lavadores de activos y los testaferros. También cuestionó la eliminación de referencias expresas a los nexos políticos al momento de valorar los aportes de quienes se sometan a la justicia y decidir sobre su libertad condicional.
Otra de las grandes dudas que tiene la oposición es el destino que tendría la gente que sale a protestar. En este gobierno no habría, según la oposición, las garantías que necesita la gente para salir a protestar.
Hay que recordar que esta ley contemplaría rebajas de penas de hasta el 50 % para integrantes de base y del 30 % para quienes ejercieron posiciones de liderazgo en estructuras criminales, claro que, rebajas condicionadas a aportes de verdad, reparación a las víctimas y entrega de bienes.
Eso, además de obtener beneficios como ingresar a centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas para quienes se acojan al mecanismo. Aunque nada de esto implicaría suspensión de órdenes de captura o procesos de extradición.
El debate está abierto y apenas empieza.
