Medellín acaba de recibir un respiro. Las lluvias de los últimos días permitieron recuperar los niveles del sistema Piedras Blancas y suspender temporalmente los cortes nocturnos de agua que desde el 8 de septiembre afectaban sectores de seis comunas. La noticia es buena, pero no debería llevarnos a olvidar lo ocurrido. Por el contrario, este es un momento oportuno para pensar el agua como un bien común y preguntarnos cómo nos estamos preparando colectivamente para afrontar los desafíos hídricos del futuro inmediato y de las próximas décadas.
Que una ciudad rodeada de montañas, quebradas y lluvias haya tenido que racionar el agua constituye una advertencia que trasciende a Medellín. Colombia posee una enorme riqueza hídrica y, al mismo tiempo, muchas de sus poblaciones enfrentan problemas de desabastecimiento, deterioro de las fuentes y dificultades para acceder a agua segura. Esta situación muestra una de las paradojas que enfrenta el país. La abundancia de agua no garantiza que podamos disponer de ella permanentemente, en cantidad suficiente y con la calidad necesaria.
La experiencia reciente dejó una primera enseñanza. Entre el 8 y el 13 de septiembre, los sectores abastecidos por Piedras Blancas alcanzaron el 74 % de la meta de ahorro establecida por las autoridades. Las lluvias ayudaron a recuperar el sistema, pero también contribuyó la reducción del consumo. Miles de decisiones individuales terminaron produciendo un resultado colectivo. Es una muestra sencilla de algo que será cada vez más importante: nuestra relación con el agua también depende de la capacidad para actuar conjuntamente.
Las dificultades, sin embargo, tienen causas mucho más profundas. Sequías prolongadas, cambios en los patrones de lluvia, deforestación, deterioro de las cuencas, expansión urbana y crecimiento de la demanda aumentan la presión sobre las fuentes. El Estudio Nacional del Agua 2022 ha identificado municipios susceptibles al desabastecimiento tanto en temporadas secas como de lluvia. La seguridad hídrica, por tanto, debe ser una preocupación permanente y no un asunto que aparece únicamente cuando disminuye el nivel de un embalse.
A la disponibilidad se suma la calidad. Los datos del Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano 2024 revelan importantes diferencias entre territorios y, particularmente, entre zonas urbanas y rurales. En Antioquia, por ejemplo, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano fue de 3,8 en las zonas urbanas y de 38,2 en las rurales. Disponer de una fuente cercana no garantiza agua segura. Las deficiencias en calidad y acceso generan riesgos para la salud y costos que afectan con mayor intensidad a los hogares y comunidades más vulnerables.
Estas dificultades requieren inversiones, protección de cuencas, plantas de tratamiento, mantenimiento de redes, reducción de pérdidas, ordenamiento territorial y mejores sistemas de información. También exigen instituciones capaces de anticiparse a las crisis y coordinar sus decisiones. Colombia adoptó recientemente el Plan Director para la Justicia Hídrica 2026-2050, orientado al cierre de brechas y a la universalización del acceso al agua apta para consumo humano y al saneamiento básico. Es una respuesta necesaria, pero la magnitud del desafío exige algo adicional.
Pero estas respuestas necesitan estar acompañadas por una mayor organización social alrededor del agua. La seguridad hídrica no puede descansar exclusivamente en empresas prestadoras, ministerios y autoridades ambientales. Necesitamos ciudadanía y comunidades capaces de conocer las fuentes de las que dependen, participar en las decisiones que las afectan, vigilar la calidad, controlar los vertimientos, proteger las cuencas y exigir cuentas sobre su gestión. Cuidar el agua significa convertir una preocupación individual en una capacidad colectiva.
Colombia tiene una larga experiencia en este terreno. Los acueductos comunitarios están hechos de tuberías, tanques y plantas de tratamiento, pero también de asambleas, conocimientos locales, acuerdos y trabajo compartido. Durante décadas, numerosas comunidades han gestionado directamente el agua, construyendo capacidades propias para garantizar su acceso y proteger sus fuentes. Este trabajo comienza a tener un mayor reconocimiento institucional. En agosto se reglamentó la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, orientada a fortalecer la participación de estos gestores.
Estas experiencias permiten comprender mejor qué significa considerar el agua como un bien común. No basta con afirmar que pertenece a todos. El agua se convierte en un bien común cuando existen comunidades que construyen reglas para utilizarla, distribuyen responsabilidades, vigilan su cumplimiento, resuelven conflictos y se comprometen con su conservación. Esto no disminuye las responsabilidades del Estado. Por el contrario, exige instituciones públicas sólidas que dialoguen y trabajen con ciudadanos y comunidades organizadas.
En Antioquia existen experiencias que avanzan en esa dirección. Redes comunitarias protegen cuencas y nacimientos, organizaciones territoriales defienden ecosistemas amenazados y comunidades administran sus propios acueductos. A ellas se suma el Observatorio Agua como Bien Común, presentado recientemente en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y liderado por la Corporación Penca de Sábila. Su propósito de documentar experiencias, conectar organizaciones y producir conocimiento para la deliberación pública muestra una de las muchas formas mediante las cuales podemos organizarnos alrededor del agua.
El reciente racionamiento debería dejarnos entonces una enseñanza que vaya más allá del ahorro. Cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, reducir el tiempo de la ducha o reparar una fuga son acciones necesarias, pero insuficientes. Colombia necesita ciudadanos que conozcan de dónde viene el agua que consumen, comunidades que protejan sus fuentes, organizaciones que vigilen las decisiones y autoridades que trabajen con ellas. Las lluvias pueden volver a llenar los embalses. Cuidar el agua como bien común, en cambio, exige construir ciudadanía y fortalecer comunidades que lo protejan todos los días.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
