El Acuerdo de Paz firmado en 2016 marcó un hito estructural en el diseño de las políticas públicas en Colombia, al incorporar de forma inédita el enfoque de género como un principio rector y transversal para la reconstrucción del tejido social y la consolidación democrática en los territorios. A partir de este momento histórico, las agendas gubernamentales a nivel nacional han transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, visible al contrastar las visiones programáticas de los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo (PND). Mientras que el gobierno de Iván Duque articuló el “Pacto por la Equidad para las Mujeres”, caracterizado por un enfoque sectorial y de corte asistencialista que redujo operativamente la categoría de género a las mujeres —relegando las diversidades sexuales y las propuestas de economías populares y solidarias—, la administración de Gustavo Petro propuso un giro de paradigma en su PND (Ley 2294 de 2023). Este último elevó el enfoque de género a un eje transversal de todas las transformaciones estructurales, incorporando explícitamente a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+ como actores diferenciales para el cambio, e impulsando apuestas como la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y la declaratoria legal de la emergencia nacional por violencia de género.
No obstante, esta ambiciosa arquitectura normativa nacional coexiste con una profunda paradoja material en su implementación. A pesar de las transformaciones legislativas —tales como la reforma a la Ley de Cuotas mediante la Ley 2424 de 2024 o la puesta en marcha del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de VBG (SINARASMO-VBG) a través de la plataforma tecnológica SALVIA—, las brechas de ejecución y las cifras de violencia estructural continúan en niveles críticos. Colombia cerró el año 2024 con 720 feminicidios registrados por la Corporación Excelencia en la Justicia, constituyendo la cifra más alta desde la promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely. A este sombrío panorama se suma un recurrente índice de impunidad y agudas tensiones operativas en las carteras nacionales, caracterizadas por debates en torno a la sostenibilidad presupuestal y judicial de sus reformas. Esta contradicción estructural entre la vanguardia jurídica en el plano formal y las violencias basadas en género y las desigualdades de género que se viven en el país, plantea interrogantes urgentes sobre la viabilidad de las políticas de equidad de género diseñadas desde el centro del país.
Frente a este escenario, surge la necesidad imperiosa de evaluar cómo se traducen las directrices, leyes y enfoques nacionales en la planeación local. Es en el escenario territorial donde las políticas adquieren una dimensión material y donde se dirime la verdadera voluntad política e institucional del Estado. De ahí que este informe desplace la mirada hacia los gobiernos locales y para ello se plantee si ¿los Planes Municipales de Desarrollo incorporaron un enfoque de género? Para dar respuesta a este interrogante, el presente informe examina los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) para el período 2024-2027 en cuatro subregiones de Colombia históricamente afectadas por el conflicto armado, las economías ilícitas y la debilidad institucional: la Cordillera Nariñense, el Norte del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño y el Catatumbo.
El presente texto plantea una herramienta analítica de “semaforización”, diseñada para evaluar de manera comparada ocho dimensiones que evalúan la incorporación de un enfoque de género en las políticas públicas a nivel local, entre las que se incluyen la asignación presupuestal específica, la autonomía económica, la participación política, el derecho a la salud y las garantías de protección frente a las violencias basadas en género. Para ello, este texto comienza haciendo una comparación de los PND del gobierno de Iván Duque y de Petro con el propósito de entender los avances o retrocesos a nivel nacional en materia de política pública de género. Después, se introduce un análisis municipal para evaluar si se está incorporando a nivel local un enfoque de género en las políticas públicas, y se cierran con unas conclusiones respecto a los hallazgos.
