Los días 17 y 18 de abril de 2026, Barcelona se convirtió en el epicentro simbólico de una respuesta progresista global a dos tendencias que marcan el momento político internacional. La primera es el ascenso sostenido de gobiernos que rechazan explícitamente principios democráticos básicos —separación de poderes, derechos universales, libertad de expresión, de mercado y de prensa—, que se suponían parte de un acuerdo liberal consolidado, mientras libran una batalla cultural contra el feminismo, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, el antirracismo, la diversidad, la equidad social y el tamaño del Estado. El espectro es amplio: desde el régimen personalista y autocrático de Rikka Purra de Finlandia hasta versiones más moderadas como la derecha sueca de los Sweden Democrats, que no restringe derechos para la población LGBTIQ+ pero sí es partidaria del uso de militares en funciones policiales y del desmantelamiento del Estado de bienestar.
Más de tres mil personas, ocho jefes de Estado y representantes de más de cien partidos políticos se reunieron en la Fira de la ciudad condal bajo el nombre de Global Progressive Mobilisation (GPM), una cumbre convocada por el presidente español Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Europeo Stefan Löfven y el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva con dos objetivos. El primero, detener el avance de la derecha populista y la agenda de restricción democrática y de derechos; el segundo, defender el multilateralismo amenazado por la emergencia de un nuevo orden basado en hegemonías regionales: Estados Unidos en América, China en Asia y Rusia presionando la estabilidad europea.
La lista de asistentes —Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandú Orsi, Cyril Ramaphosa— da una dimensión al evento que cambia también lo que había sido la agenda del progresismo global, que a mi juicio había caído en la comodidad de creer que lo ganado no se puede perder. Resulta sumamente interesante que sea el progresismo —en últimas, la forma más contemporánea de nombrar a las izquierdas en su diversidad— quien haya retomado las banderas clásicas de la democracia liberal: la separación de poderes, la independencia de la justicia, la libertad de mercado, a las que suma hoy la exigencia de que el Estado vuelva a dar resultados concretos para que, en síntesis, la gente viva materialmente mejor.
La cumbre fue convocada anclada en la socialdemocracia europea, comprometida con el apoyo a Ucrania y con la soberanía europea como marco central, que junto con la participación latinoamericana —Lula, Sheinbaum, Petro, Orsi— aportó peso simbólico y legitimidad global. Sobre los retos que la convocan hay claridad: desigualdad, retroceso democrático, guerras actuales, crisis climática. No tanto sobre cómo va el progresismo a transitar sobre retos como la fragmentación de las causas progresistas, la existencia de autoritarismo dentro del progresismo global o el hecho de que no hay ninguna de las potencias actuales que tenga una agenda decidida a favor de conservar el multilateralismo como estaba, o la democracia como ha sido.
Construir esta idea en el ámbito internacional del campo progresista no ha sido nada fácil. Iniciativas como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla —por poner dos ejemplos recientes— quedaron en la celebración de personalidades, muy lejos de consolidar agendas prácticas y comunicables; algo que sí ha logrado la pluralidad de grupos de derecha y ultraderecha que se reúnen casi anualmente en la Conferencia Internacional de Acción Conservadora, la cual ha contribuido a fabricar liderazgos como el de Javier Milei en Argentina o Santiago Abascal en España —ambos defensores de la reducción del Estado en derechos y burocracia, y al mismo tiempo afines a construir gobiernos corporativos entre “amigos” y emprendedores al mejor estilo de Donald Trump.
El primer reto; ganar la batalla cultural
El primer reto que enfrenta esta nueva ola de gobiernos progresistas es enorme, quizás mucho mayor que en los tiempos de la primera marea rosa latinoamericana. Los gobiernos de corte conservador populista y de extrema derecha son hoy muy eficientes en vender la idea de que la democracia es un estorbo para obtener soluciones, y en varios países —Argentina, El Salvador, Estados Unidos— han logrado instalar entre los jóvenes una batalla cultural contra los derechos humanos, el feminismo, la diversidad y la igualdad, que fueron precisamente las reivindicaciones más visibles de la izquierda en sus últimos mandatos.
Y qué decir frente al multilateralismo. El 20 de enero de 2025, en el primer día de su segundo gobierno, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que retiraron a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud, y suspendieron buena parte de la ayuda exterior al desarrollo. En los meses siguientes desmanteló USAID —cancelando aproximadamente 6.200 programas globales— y en enero de 2026 formalizó la salida de 66 organizaciones y tratados internacionales. El presidente Lula ha sido muy explícito en la defensa del sistema multilateral, aunque también aquí vale evitar la trampa de suponer que ese sistema funcionaba bien, o que será posible reconstruir una comunidad de valores comunes en un mundo mucho más complejo, que carece del espejo de la Segunda Guerra Mundial y donde varias potencias tienen escaso interés en ello.
Vale recordar que el orden internacional posterior a 1945 fue construido por los vencedores de esa guerra y diseñado, en buena medida, para preservar sus ventajas. Las instituciones de Bretton Woods, el Consejo de Seguridad con derecho a veto, la arquitectura de la OTAN: todo ese andamiaje garantizó bienes públicos globales reales —estabilidad financiera relativa, contención de conflictos, marcos normativos para la cooperación— bajo la condición tácita de que la potencia dominante quedaría exenta de las mismas reglas que aplicaba a los demás. En ese escenario, serán las potencias medias las que tendrán que liderar cualquier reforma creíble, porque son las que más tienen que ganar con reglas que se cumplan de verdad.
La democracia, el clima, la equidad y la igualdad son valores cuya extensión sigue siendo desigual en muchos países con experiencia de gobiernos de izquierda, y dentro del propio progresismo ha existido siempre la tensión entre esa comunidad de valores, las necesidades estratégicas y comerciales de cada quien, y las identidades particulares de cada gobierno. Sostener esa tensión con honestidad es mucho más exigente que invocar la narrativa de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Incluso cuando uno está convencido de estar en el lado correcto de la historia —por ejemplo, defendiendo la separación de poderes—, aparecen dilemas incómodos y tentaciones autoritarias dentro del propio campo progresista, como la reforma a la justicia en México. Los valores comunes son por principio universales, y su implementación siempre es política y, por lo tanto, siempre es contradictoria.
El segundo reto: el tiempo en contra
El segundo reto lo precisó muy bien Daniel Zovatto en una reunión reciente en Guatemala, donde nos reunimos varios liderazgos latinoamericanos de un espectro amplio del campo democrático bajo la iniciativa Estados de Bienestar Siglo XXI. Los ciclos electorales para el progresismo tienden a ser hoy más cortos en América Latina, especialmente con la presencia de la ultraderecha y en sistemas presidencialistas donde la gobernabilidad se desgasta rápido. A eso se suma que la urgencia frente a la amenaza autoritaria tiene distinta intensidad en otros países del Sur Global y en algunos partidos socialdemócratas del norte de Europa, que prefieren evitar fricciones o temen las consecuencias de un conflicto abierto con Trump. El resultado es una coalición con velocidades y apuestas distintas, lo que complica cualquier acción colectiva sostenida.
El dato electoral lo ilustra con claridad. El superciclo latinoamericano 2025-2027 incluye once elecciones generales y la tendencia dominante, como señala el propio Zovatto, es el voto castigo a los oficialismos con independencia de su signo político. Varios de los gobiernos progresistas presentes en Barcelona enfrentarán elecciones en los próximos meses: Colombia y Brasil en 2026, Argentina en 2027, el Partido Demócrata en su ala más progresista en las elecciones estadounidenses de medio término. Cada uno llegará a esas citas con la mirada puesta en su propia supervivencia política, con ciclos cortos y una ciudadanía que premia resultados concretos sobre cualquier agenda internacional. La paradoja es incómoda porque la ventana para construir algo duradero desde Barcelona coincide exactamente con el momento en que cada gobierno tiene más incentivos para mirar hacia adentro.
El tercer reto: la coherencia propia
El tercer y último reto es quizás el más complejo, y también el que puede abrir la salida. El progresismo puede y debe actuar con responsabilidad frente al mundo de hoy si quiere ganar las batallas culturales y contribuir a un multilateralismo distinto, o al menos preservar el derecho a no alinearse ante un nuevo orden hegemónico. Eso implica recuperar y promover la universalidad de valores básicos, comunicarlos a la ciudadanía global de forma clara y sin ambages, y reconocer las fallas propias de la democracia —Estados más lentos, burocracias molestas, resultados en seguridad más ambiguos, percepción de debilidad— sin abandonarlas. Y aquí viene lo más incómodo: el progresismo ya ha protagonizado fallas graves en materia de personalismo y autocracia. Venezuela y Nicaragua son los ejemplos más evidentes —regímenes que llegaron con discurso de izquierda y terminaron instalando autoritarismos con amplias violaciones a los derechos humanos y resultados sumamente cuestionables para sus propias poblaciones.
Barcelona mostró que existe voluntad política para construir algo, y sería un error subestimarlo. De hecho, es prácticamente la única iniciativa de ese tamaño que está buscando preservar virtudes de la democracia liberal. Pero una internacional progresista solo rescatará algo duradero si resuelve lo que sus versiones anteriores esquivaron: una agenda práctica más allá de las cumbres, coherencia interna frente a los autoritarismos propios, y la honestidad de reconocer que defender la democracia implica también reformar lo que en ella no funcionaba. El progresismo tiene hoy una oportunidad real para inclinar la balanza global. La pregunta es si está dispuesto a merecérsela.
