Si hay algo realmente democrático, es aceptar la derrota en unas elecciones populares y, en el caso específico de nuestra convulsa realidad política, hay que hacerlo en beneficio de la paz; pese a que dicha contienda estuvo plagada de muchas irregularidades. No en vano, hay quienes tenemos la convicción de encontrarnos frente a una variedad de tramposerías, sagazmente blindadas para dificultar el acopio de pruebas.
De hecho, no son entendibles las razones, si las hubiera, para justificar la negación al reconteo de los votos realizados en Miami y Los Ángeles; ni lo es, que hayan negado -incluso desatendiendo una orden judicial- el derecho a acceder al software del escrutinio electoral, pues, al parecer, algunos de sus algoritmos son vulnerables. Y resulta más extraordinario -esto sí plasmado en hechos fehacientes- la confesa injerencia en nuestras elecciones de un gobierno extranjero de talante aplastante: “Estaba en el décimo lugar, lo apoyé y ganó las elecciones”, escribió Donald Trump en una de sus redes sociales, refiriéndose al presidente electo.
No obstante, siendo fieles al contrato social, al cual estamos vinculados por el solo hecho de haber nacido en Colombia, o por haber obtenido la nacionalidad colombiana, tenemos la obligación de cumplir con las reglas de juego allí acordadas; es decir, debemos respetar la Constitución Política Nacional, cuya balanza tiene por platos de pesaje la protección de los derechos fundamentales y, en equilibrio, el presidencialismo, dándole a quien gobierne suficientes mecanismos para que lo haga campante. Con todo, no es sano ignorar que cuando se elige para la presidencia a un sujeto ambiguo en asunto de valores morales -como ha demostrado De la Espriella que lo es- podría devenir en la legitimación de un gobierno dictatorial y -porque las balanzas suelen ser justas, fieles y sensibles- en la consecuente movilización social que lo impediría más temprano que tarde.
El presidente Gustavo Petro, el mejor presidente en la historia de nuestra república, a esas holguras del mecanismo presidencialista -dispuestas para la toma de decisiones dictatoriales- no las quiso usar y, cuando decretó medidas de emergencia, lo hizo sin mermelada. En respuesta desvergonzada, los congresistas y los magistrados -unos y otros provenientes de partidos forjadores de una tradición de intrigas, manipulaciones, clientelismo y corruptelas- se las impidieron con rastreras argucias.
De tal suerte, si el candidato electo, Abelardo De la Espriella, es de verdad un abogado y, por ende, alguien con nociones deontológicas básicas, sabrá reconocer el campo de acción que le está permitido; pues, salirse de allí le traería serios problemas con sus mismos votantes. El presidente electo debe tener presente que la Constitución y las normas no están previstas para gobiernos de tal o cual ideología, o de este o de aquel extremo; sino para que, cualquiera sea su modelo de gobierno, trabaje en favor del pueblo -que no de los ricos y los millonarios que se defienden solos- y lo haga en cumplimiento del nombrado contrato social, realizando los programas por los que fue elegido.
Si los presidentes anteriores a Gustavo Petro, hubiesen cumplido cabalmente con la Constitución -teniendo en cuenta el equilibrio entre el poder presidencial y la obligación de actuar protegiendo los derechos fundamentales- entonces hoy seríamos, además del país de las bellezas naturales, el país donde los conciudadanos no se odian, y donde el dinero destinado a la administración y la inversión pública, no es robado por aquellos políticos expertos en meterle la mano a las arcas del Estado.
No obstante, si consideramos que De la Espriella es un político de espíritu cambiante; tal vez, así como dejó de ser ateo para convertirse en cristiano, nos dé la sorpresa de mantener el sueldo mínimo vital, aumentándolo progresivamente; e igual proceda con el salario de los militares y el de los estudiantes del Sena. Quizás nos sorprenda, al no tocar, excepto para mejorarla, las pensiones a los abuelos y abuelas; o nos sorprenda reconociendo que las EPS han sido pervertidas y en correspondencia descuente los intermediarios innecesarios en ese proceso del servicio a la salud. Y nos conmovería más; si reconoce la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, y se dispone a blindar las reformas realizadas por el gobierno actual, hoy derechos adquiridos de campesinos y trabajadores. Si eso hace, entonces Abelardo De la Espriella será, por primera vez, un señor muy respetado.
Empero, lo más importante que debe hacer De la Espriella en funciones de presidente -porque hacer lo contrario llevaría al país a una ruina moral-, es defender con firmeza patriota nuestra soberanía. Debe asegurarnos el derecho a la autodeterminación en el campo de lo económico, y en todos los asuntos de seguridad nacional. Si Abelardo De la Espriella, no desatiende esa carta de navegación -preestablecida en la carta magna- y respeta el derecho internacional a la soberanía, de seguro culminará su período en calma y dispondrá el espacio para una nueva contienda electoral en el 2030. Si esto ocurre, como es lo deseado, su periodo presidencial no será recordado como el gobierno de dos genocidas y un cafre criollo.
