Andrés Felipe Arias parece tener memoria para todo, menos para algunas páginas de su propia historia. En los últimos tiempos lo he visto convertido en protagonista rutilante de varios pódcast. Habla del Imperio romano, del que parece saberse cada detalle de memoria. Incluso escribió un libro sobre un gladiador mientras estaba preso en Estados Unidos. Tiene, según cuentan, memoria fotográfica. Es una especie de Funes el Memorioso, el personaje de Borges condenado a recordarlo todo.
También aparece en conversaciones con antiguos compañeros de colegio. El uribismo lo presenta como un perseguido de Juan Manuel Santos. Arias da consejos sobre economía, habla de bitcoins y explica cómo sobreponerse a la persecución de un régimen. En ocasiones, incluso, se compara con las víctimas del Holocausto y cita al psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz.
Sin embargo, hay un capítulo de su vida que parece quedar fuera de esas conversaciones: Agro Ingreso Seguro, uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno de Álvaro Uribe.
En la narrativa uribista, Andrés Felipe Arias es un perseguido político, no el exministro condenado por las irregularidades en el manejo de los recursos de un programa que debía beneficiar a los campesinos más pobres del país. Fue, sin duda, uno de los ministros más poderosos del gobierno Uribe. Mandaba, le obedecían y desafiaba. Con un padrino político que alcanzaba niveles de popularidad cercanos al 70 %, parecía tener asegurado el camino hacia la Presidencia. Sin embargo, en la consulta del Partido Conservador, la ganadora fue la experimentada Noemí Sanín. Aquella sería apenas una de las derrotas que marcarían su carrera política.
En 2008, los periodistas de la revista Cambio, Harold Abueta y Juan Pablo Reverón, comenzaron a investigar las cifras de Agro Ingreso Seguro (AIS). El programa había sido presentado como la respuesta del gobierno de Uribe para proteger a los campesinos más pobres frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esa era la promesa. En la práctica, las investigaciones periodísticas revelaron que los recursos terminaron favoreciendo a familias adineradas y a beneficiarios que no correspondían con el propósito social del programa.
Después de que la posibilidad de una nueva reelección de Uribe se desvaneciera, la carta que le quedaba al uribismo para continuar en el poder era Andrés Felipe Arias. Pero tuvieron que conformarse con Juan Manuel Santos, quien, al final, y según la versión de sus antiguos aliados, terminó traicionándolos.
Reverón utilizó una herramienta que los periodistas no deberían dejar de lado: el derecho de petición. Con este mecanismo, los reporteros buscaron obtener respuestas del Ministerio de Agricultura sobre las posibles inconsistencias del programa estrella del gobierno. En una entrevista con el periodista Alejandro Alvarado, Reverón relató la sorpresa que se llevaron cuando, en lugar de recibir una respuesta formal, recibieron la visita del propio Andrés Felipe Arias y de su viceministro, Juan Camilo Salazar.
Arias pidió que en la reunión estuvieran las cabezas principales de la revista Cambio: Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Sobre la mesa pusieron un mamotreto de documentos, hojas y cifras con el que pretendían empantanar la investigación de los periodistas. Aparentemente, aclararon sus dudas mediante un lenguaje técnico. Es una práctica que todavía se repite: algunas entidades, cuando deben responder un derecho de petición, buscan atiborrar de información a los periodistas para dar la impresión de que contestaron todo de manera juiciosa, aunque terminen ocultando lo importante entre montañas de datos.
Pero Abueta y Reverón no se rindieron. Durante un año investigaron hasta encontrar que los recursos del programa habían sido utilizados para favorecer a familias de alta alcurnia de Santa Marta, como los Dávila. Incluso, entre los beneficiarios aparecían personas señaladas de tener vínculos con el narcotráfico, como Ismael Pantoja, extraditado en 2011.
La investigación contribuyó a frenar lo que parecía una carrera imparable hacia la Presidencia. En 2011, la entonces fiscal general, Viviane Morales, afirmó: «Agro Ingreso Seguro fue utilizado por Arias como plataforma política para su eventual campaña presidencial».
En 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó a Arias a 16 años de prisión. Su respuesta fue huir del país. Aunque posteriormente regresó a Colombia para enfrentar su situación judicial, su condena sigue siendo una parte fundamental de su trayectoria pública. Hoy se ha transformado en un poderoso influenciador, con micrófono propio y capacidad para lanzar dardos contra el presidente de turno.
Los pódcast le ofrecen un escenario para contar su propia versión de la historia: la del perseguido, el intelectual, el experto en economía y el hombre que todo lo recuerda. Pero hay una diferencia entre tener buena memoria y contar la historia completa.
Porque mientras Arias habla del Imperio romano, de gladiadores y de las lecciones de la adversidad, vale la pena recordar a quienes investigaron lo que ocurría en su propio ministerio. Harold Abueta y Juan Pablo Reverón tienen un lugar muy especial en la historia del periodismo de este país. Su trabajo sobre Agro Ingreso Seguro demostró que el periodismo riguroso, persistente y valiente puede poner en evidencia los abusos del poder.
Quizás esa sea la memoria que más necesitamos conservar: la de los periodistas que no se dejaron distraer por los discursos, los documentos interminables ni las explicaciones técnicas. Porque los micrófonos pueden cambiar de manos, los protagonistas pueden reinventarse y las versiones de la historia pueden multiplicarse, pero el periodismo tiene la responsabilidad de recordar aquello que algunos preferirían olvidar.
