Entre el 6 y el 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de las semanas más dolorosas de su historia. En apenas siete días, el país sufrió dos tragedias que dejaron miles de muertos y expusieron, de manera brutal, la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Primero fue el Palacio de Justicia. El 6 de noviembre, un comando del M-19 se tomó el edificio y mantuvo como rehenes a magistrados, funcionarios y civiles. Durante las siguientes 27 horas, el Ejército ejecutó una operación de retoma a sangre y fuego, sin que prosperara una salida negociada. El resultado fue devastador: 94 personas muertas, según los registros judiciales, y once desaparecidas. Otras reconstrucciones históricas han utilizado la cifra de 111 fallecidos. Mientras tanto, el presidente Belisario Betancur respaldó la actuación militar y asumió públicamente la responsabilidad política por lo sucedido. Durante aquellas horas, la respuesta del Estado estuvo marcada por la decisión de recuperar el edificio a cualquier costo. Cualquier baja parecía aceptable con tal de acabar con el enemigo interno.
Pero la tragedia no terminó en Bogotá. Mientras el país intentaba asimilar lo ocurrido en el Palacio de Justicia, al otro extremo del territorio se preparaba una catástrofe que también pudo tener consecuencias distintas. Durante meses, científicos, vulcanólogos y expertos habían advertido al gobierno de Belisario Betancur y a su ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque, sobre el peligro que representaba el Nevado del Ruiz. Armero estaba expuesto a una avalancha de lodo y escombros, y una evacuación preventiva podía salvar miles de vidas. Sin embargo, el Estado no reaccionó con la urgencia que exigía la situación.
Para la memoria quedaron héroes como Ramón Antonio Rodríguez, el último alcalde de Armero, quien hasta el final intentó conseguir ayuda para sus habitantes. Alertó a las autoridades, buscó comunicarse con Bogotá y pidió que evacuaran a la población antes de que fuera demasiado tarde. Pero las respuestas no llegaron a tiempo. La noche del 13 de noviembre, la avalancha descendió por el río Lagunillas y sepultó el municipio. Cerca de 23.000 personas murieron. La tragedia que los científicos habían advertido terminó borrando Armero del mapa. El Gobierno tenía información sobre el peligro, pero no consiguió actuar para evitar semejante catástrofe. Acaso Betancur estaba demasiado ocupado escribiendo un poema.
La imagen que mejor resume la vergonzosa incapacidad del Estado fue la de Omayra Sánchez, la niña de trece años que permaneció cerca de 60 horas atrapada entre el lodo y los escombros. Los equipos de rescate no contaban con los recursos técnicos necesarios para liberarla. Se necesitaba maquinaria especializada para retirar el agua y los escombros que la mantenían atrapada, pero nunca llegó a tiempo. Su agonía fue transmitida al mundo entero. Y se nos murió frente a las cámaras, frente a los periodistas y frente a nuestra propia impotencia. Si quedaba alguna duda de que Colombia estaba agonizando, quedó reflejada en la mirada de Omayra.
En poco más de una semana murieron miles de personas en Armero y decenas en Bogotá. Dos tragedias que no fueron consecuencia de la guerra entre los carteles de la droga, las guerrillas o los paramilitares, sino de dos episodios en los que el Estado colombiano falló de manera dramática: en el Palacio de Justicia, por una respuesta militar desproporcionada y las graves violaciones de derechos humanos que siguieron a la toma; en Armero, por la falta de prevención y una respuesta institucional que no estuvo a la altura de las advertencias científicas.
Y lo que vino después fue todavía más doloroso. Cuatro décadas más tarde, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, sigue luchando para que se conozca la verdad sobre su padre. Urán salió con vida del Palacio de Justicia, pero fue detenido, torturado y ejecutado extrajudicialmente. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su hija ha dedicado buena parte de su vida a reconstruir lo sucedido y a quitarles la máscara a quienes durante años intentaron ocultar la verdad detrás de los uniformes y las versiones oficiales.
En Armero, Francisco González, fundador de la Fundación Armando Armero, ha emprendido una tarea igualmente conmovedora. No solo trabaja por reconstruir la historia del pueblo arrasado, sino que lidera una cruzada para encontrar a los llamados niños perdidos de Armero. Después de la avalancha, numerosos menores quedaron separados de sus familias. Algunos terminaron en procesos de adopción, incluso internacionales, en medio de denuncias sobre irregularidades y de familiares que nunca dejaron de buscarlos. Con su fundación, Francisco ha ayudado a personas que creían que jamás conocerían la verdad sobre su origen y a familias que llevan décadas esperando reencontrarse. Es una labor que demuestra que la tragedia de Armero no terminó cuando bajó el lodo.
Es difícil imaginar que vuelva a existir una semana tan horrenda para Colombia como aquella que transcurrió entre el 6 y el 13 de noviembre de 1985. Difícilmente un Gobierno había demostrado semejante incapacidad para proteger a sus ciudadanos en dos tragedias de semejante magnitud. Por eso, aunque les cueste creerlo a quienes hoy odian a Petro, hubo una época en la que, bajo el dominio de la clase política tradicional y, particularmente, de los conservadores, los colombianos estuvimos mucho más desamparados de lo que algunos quieren recordar.
La memoria no puede ser selectiva. No se puede exigir responsabilidad a unos gobiernos y justificar los errores de otros. Noviembre de 1985 debería servirnos para recordar que el mayor deber de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos. Cuando quienes gobiernan olvidan esa obligación, las consecuencias las termina pagando la gente.
