El populismo punitivo de la “Patria Milagro”

En los últimos días hemos visto un despliegue comunicativo notable del presidente Abelardo en el marco de su “Patria Milagro”. Se trata de una insistencia en mostrarnos, a través de los medios, que los delincuentes más peligrosos —a quienes él mismo enfrenta en escenarios teatrales montados— son el verdadero enemigo de los colombianos.

La escena se repite casi igual en todos los actos. Llegan las cámaras y aparece un joven del pueblo, asustado, capturado, amarrado y esposado, casi imposibilitado para mover un dedo. Frente a él está el Presidente, rodeado de escoltas con chalecos antibalas y protecciones de todo tipo, enfrentando al indefenso con una actitud que recuerda a las películas de acción de Hollywood.

Así, el presidente Abelardo nos muestra de manera constante cuál es, según él, el enemigo de los colombianos: el joven pobre, muchas veces sin hogar y que ha sido llevado a los caminos de la delincuencia más por sus condiciones de exclusión social que por su propia decisión. Creo que pocas personas deciden delinquir por gusto; en la mayoría de los casos, las circunstancias sociales influyen de manera decisiva. Sin embargo, estos ejercicios de populismo punitivo parecen desviar la atención de los verdaderos criminales, aquellos que, según vienen denunciando desde hace décadas diversos sectores progresistas, han operado con impunidad.

Desde los ladrones de cuello blanco y los corruptos hasta los narcotraficantes millonarios que, con frecuencia, viven en los barrios más exclusivos de las principales capitales del país (mas no en los barrios populares visitados en los últimos días por el presidente), en este gobierno pareciera que estos actores están protegidos. Se promueve la idea de que el gran problema es la delincuencia común: el que roba un celular, el que asalta a un taxista o el que atraca en la calle. Esto es, sin duda, un problema serio, pero no genera ni de lejos el mismo impacto social que la corrupción en la administración pública, el robo de los recursos públicos a través de terceros o el tráfico de drogas a escala internacional. Me resulta difícil imaginar al protagonista de este show enfrentando la capacidad de reacción de un narcotraficante con sus bandas y sus ejércitos privados en cualquier territorio de Colombia.

El show, entonces, no apunta a la justicia, a la Fiscalía ni a los resultados operativos de la Policía Nacional. Apunta directamente a la psiquis del ciudadano de a pie, cuya preocupación principal es que le roben el celular, y que difícilmente tiene la posibilidad de reflexionar sobre el impacto de que, por ejemplo, los recursos para la reconstrucción de Pereira tras el terremoto sean administrados por particulares y sin ningún tipo de control. En síntesis, lo que está en juego es mucho más grave que el robo de un celular.

La teoría del populismo punitivo ofrece varias explicaciones sobre por qué ciertas élites y algunos gobiernos proponen discursos que, en el fondo, promueven el rechazo hacia los más débiles, muchas veces personas que no encuentran otro camino distinto a delinquir para sobrevivir.

Hace más de quince años yo salía de una cárcel de Colombia como exprisionero político, rumbo al refugio en otro país. En varios de mis artículos, que anexo a esta reflexión, recordaba las grandes diferencias sociales que existen entre quienes terminan en una cárcel y el ciudadano en libertad. Desde el populismo punitivo, sin embargo, al ciudadano de a pie se le ubica como víctima, mientras que al preso se le asume, según el sentido común, como alguien que se lo merece porque “algo habrá hecho”. En Vigilar y castigar, Michel Foucault sostuvo que la prisión no es solo un instrumento para castigar delitos, sino una tecnología de poder que vigila, disciplina y busca producir cuerpos dóciles. En mi lectura, esa lógica de vigilancia y castigo es una parte central de la forma de gobernar de muchos gobiernos autoritarios. Desde esta lógica, quien está tras las rejas debe soportar todo el peso de la ley, la máxima severidad del castigo y el bloqueo de cualquier posibilidad de rehacer su vida.

Es cierto que la izquierda decepcionó a buena parte de los colombianos que pedían un esfuerzo más riguroso y exigente frente a la delincuencia común, la criminalidad y la violencia cotidiana. Por eso, en buena medida, el nuevo gobierno se posiciona con discursos populistas que solucionan, en apariencia, la delincuencia callejera, pero solo de manera momentánea.

Quienes han estudiado el origen de la criminalidad tienden a señalar que la exclusión social es una de sus raíces profundas. Loïc Wacquant, en Castigar a los pobres, argumenta que la expansión penal de las últimas décadas responde, en buena medida, a la gestión de la pobreza y de la inseguridad social, más que a la reducción del delito. A mi juicio, y a partir de lo que observé durante mi tiempo en las cárceles colombianas, la solución más duradera contra la delincuencia son las políticas públicas que atienden el hambre, el desamparo, la falta de educación y la falta de acceso a la salud de los menos favorecidos.

El negocio privado de las prisiones ha sido abordado también en el documental Capitalismo: una historia de amor (2009), dirigido por Michael Moore, que invita a mirar críticamente la relación entre el sistema carcelario y la lógica de mercado donde coloca a EEUU en el primer escenario de privatización de las cárceles y de sus efectos sobre la sociedad.

En estos cuatro años se avizora, entonces:

1. Un aumento considerable de la población carcelaria, a niveles que superaran la capacidad institucional de las cárceles del país. Esto implica, a su vez, un aumento de los costos administrativos y del costo estatal de mantenimiento de las prisiones. Por esa razón, en algún momento de este gobierno empiezan a sonar voces que plantean la privatización de las cárceles colombianas, un negocio que en Estados Unidos ya fue privatizado y que genera grandes réditos económicos para un grupo reducido de empresarios.
2. Una vez implementada esta estrategia de llenar las cárceles, la justicia, independientemente de sus falencias, tendrá que enfrentar un número considerable de falsos positivos que promovería un discurso populista del presidente como el que estamos viendo. Los colombianos nos enfrentaremos entonces a la disyuntiva entre denunciar la ineficacia de una justicia ya cuestionada o respaldar la independencia de los poderes.
3. Finalmente, lo que se avizora es un trabajo ideológico detallado sobre la población colombiana. Volveremos a escuchar discursos potenciados que criminalizan, al joven, al opositor, al humilde, al trabajador y a los excluidos de siempre. Este trabajo buscará construir un sentido común según el cual el gran problema de nuestra sociedad no son los corruptos, ni las élites, ni la explotación, ni la expropiación de los recursos naturales, ni el acaparamiento de tierras, ni la minería de las grandes potencias y multinacionales, ni la degradación del medio ambiente, ni el consumo exacerbado de agua, ni el uso indiscriminado de la inteligencia artificial por parte de las grandes potencias, ni el imperialismo norteamericano. Durante los próximos años, ese trabajo nos enseñará a ver al de al lado como un enemigo, al hermano estudiante como un agresor, al hermano trabajador y al que protesta como un perturbador del orden público.

Este último será el legado de la guerra cultural del presidente Abelardo y de su “Patria Milagro”.