La transición energética en Colombia representa un desafío que va más allá de transformar las fuentes de generación eléctrica o reducir las emisiones contaminantes. También implica pensar en el futuro de los trabajadores, las familias y las comunidades que dependen económicamente de la minería, especialmente en aquellos territorios donde la extracción de carbón y otros minerales ha sido durante décadas una fuente de empleo, ingresos y desarrollo local. En este contexto, la asociatividad, la formalización minera y la diversificación productiva pueden convertirse en herramientas fundamentales para construir una transición energética que no profundice las desigualdades sociales y territoriales. El cambio en los mercados internacionales, los compromisos climáticos y el crecimiento de las energías renovables están modificando progresivamente las dinámicas del sector minero-energético. Aunque estas transformaciones pueden abrir oportunidades para nuevas inversiones y actividades económicas, también generan incertidumbre entre quienes dependen de las actividades tradicionales. Por esta razón, resulta necesario anticipar los efectos sociales y laborales de la transición, de manera que las comunidades cuenten con alternativas concretas para adaptarse a los cambios sin perder sus medios de subsistencia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con el Ministerio del Trabajo y el apoyo técnico de Corpoema, presentó en septiembre de 2025 investigaciones sobre los desafíos laborales de la transición energética en Colombia. Entre los elementos analizados se encuentran los posibles cambios en el empleo asociados con la transformación de los sectores del carbón y los minerales estratégicos. Estos diagnósticos ponen de manifiesto la importancia de preparar a los trabajadores y fortalecer las capacidades territoriales para afrontar los cambios productivos. La información puede consultarse en el portal de la OIT. Sin embargo, para comprender las dimensiones de este desafío es indispensable reconocer que los pequeños mineros enfrentan condiciones diferentes a las de las grandes empresas. Las dificultades para acceder a financiación, asistencia técnica, tecnologías apropiadas, mercados formales y mecanismos de protección social pueden limitar su capacidad de adaptación. Por ello, una transición energética justa no debería traducirse simplemente en abandonar las actividades tradicionales, sino en identificar alternativas viables que respondan a las condiciones económicas, sociales y ambientales de cada territorio. Las soluciones tampoco pueden ser iguales para todas las comunidades, Mientras algunas regiones tienen una fuerte dependencia económica del carbón, otras concentran actividades de minería aurífera artesanal, de pequeña escala o de subsistencia. Sus necesidades, capacidades productivas y posibilidades de diversificación son distintas. En consecuencia, las políticas públicas deben partir de diagnósticos territoriales que permitan determinar qué actividades pueden fortalecerse, cuáles requieren transformar sus prácticas y dónde resulta necesario promover nuevas fuentes de empleo e ingresos. El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024-2035, disponible a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), constituye una referencia institucional para examinar los desafíos de planificación y transformación del sector.
En este escenario, la asociatividad puede desempeñar un papel estratégico. La organización de los pequeños mineros mediante asociaciones, cooperativas y otras formas organizativas legalmente constituidas puede fortalecer su capacidad de interlocución con las instituciones, facilitar la formulación de proyectos colectivos y mejorar las posibilidades de acceder a formación, asistencia técnica y canales de comercialización. Además, la acción colectiva puede favorecer el intercambio de conocimientos, la adopción de mejores prácticas ambientales y la construcción de iniciativas económicas complementarias. No obstante, estos resultados no se producen automáticamente: requieren organizaciones sólidas, transparencia administrativa, participación democrática y acompañamiento institucional continuo. La formalización minera debe avanzar de manera articulada con estos procesos. Más que un trámite administrativo, implica desarrollar condiciones técnicas, jurídicas, ambientales y laborales que permitan ejercer la actividad dentro del marco legal. Para que sea efectiva, es necesario que los pequeños productores tengan acceso a orientación especializada, capacitación, financiación y oportunidades reales de comercialización. Cuando las exigencias legales no están acompañadas de herramientas para cumplirlas, existe el riesgo de que los productores con menos recursos encuentren mayores dificultades para incorporarse a la economía formal.
En julio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía anunció medidas de apoyo a la pequeña minería relacionadas con el Fondo de Fomento Minero y el Programa de Reconversión Productiva de Actividades Mineras, asociados a los decretos 0707 y 0708 de ese año. La iniciativa fue presentada como parte de los esfuerzos gubernamentales para impulsar la financiación, la asistencia técnica, la formación y las alternativas económicas para las comunidades mineras. El anuncio institucional puede consultarse en el siguiente enlace: La efectividad de estas medidas dependerá de su implementación, cobertura y capacidad para responder a las necesidades concretas de los territorios.
La reconversión productiva constituye otro componente esencial de este proceso. Diversificar una economía minera no significa sustituir inmediatamente una actividad por otra, sino identificar capacidades locales, estudiar la demanda, fortalecer la infraestructura y desarrollar programas de formación que permitan consolidar nuevas fuentes de ingresos. Según las características de cada región, podrían evaluarse alternativas relacionadas con la agricultura y la agroindustria, el turismo comunitario, los servicios ambientales, los emprendimientos locales y la prestación de servicios asociados con la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura energética. Estas posibilidades deben analizarse con rigor, pues no todas son viables en todos los municipios ni garantizan por sí mismas empleos estables. La transformación energética también puede generar oportunidades vinculadas con los minerales necesarios para determinadas tecnologías. Sin embargo, el aumento de la demanda de estos recursos no garantiza automáticamente mejores condiciones de vida para las comunidades productoras. Para que los beneficios sean sostenibles, es indispensable fortalecer la protección ambiental, las condiciones laborales, la participación comunitaria y los mecanismos que permitan distribuir las oportunidades económicas de manera más equitativa. De lo contrario, existe el riesgo de reproducir las desigualdades que históricamente han afectado a algunos territorios mineros.
El reto para Colombia consiste, entonces, en convertir los objetivos de transición energética en oportunidades verificables para las poblaciones involucradas. Esto requiere coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales, las organizaciones mineras, las instituciones educativas, el sector privado y las comunidades. También demanda mecanismos de seguimiento que permitan evaluar si los programas de formalización y reconversión están generando empleo digno, ingresos sostenibles y mejores condiciones de vida. La participación de los pequeños mineros en la formulación y ejecución de estas políticas será determinante para evitar que las decisiones se adopten sin considerar sus realidades y necesidades.
En definitiva, la transición energética justa no puede medirse exclusivamente por la cantidad de proyectos renovables instalados o por la reducción de emisiones contaminantes. También debe evaluarse por su capacidad para proteger los derechos de los trabajadores, fortalecer las economías locales y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan su futuro. Para los pequeños mineros, la asociatividad, la formalización y la diversificación productiva representan posibles caminos hacia una mayor estabilidad económica, siempre que estén respaldados por financiación efectiva, acompañamiento técnico y oportunidades reales de desarrollo. La transformación del sector minero-energético será verdaderamente justa cuando las comunidades no sean consideradas únicamente como poblaciones que deben adaptarse al cambio, sino como actores fundamentales en su construcción y protagonistas de las nuevas oportunidades que surjan en sus territorios.
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