1.   El “milagro” llega al campo

El 7 de agosto de 2026 Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia. Al día siguiente, en un acto celebrado en el Batallón Pichincha de Cali, juramentó a los 18 ministros de su gabinete, entre ellos, Indalecio Dangond Baquero, quien asumió el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cartera que De la Espriella había prometido poner “al servicio de quien trabaja la tierra” bajo el lema de campaña “Al campo, lo que es del campo” (Infobae Colombia, 2026, 11 de julio). Un mes después, el 8 de septiembre, ante las comisiones económicas del Congreso, el propio ministro anunciaba que su ministerio dejará de usar la palabra “campesino” porque, en sus palabras, resulta “despectiva”, y hablará en adelante de “pequeños empresarios del campo”. Así, Dangond anunciaba la llegada, o más bien, el retorno del enfoque neoliberal del ministerio y sus discursos de emprendedurismo al que estábamos acostumbrados los colombianos. Eso no quiere decir que este ministerio en la era Petro hubiera desconocido las ideas neoliberales del todo. Existieron allí en una suerte de mezcla entre discursos progresistas y prácticas institucionales heredadas de los gobiernos del pasado donde los términos se cuestionaron, pero las metodologías, procedimientos y formas de trabajar de los funcionarios se mantuvieron intactos.

Pero dejando a un lado el ensayo de reforma agraria del gobierno Petro y sus relativos logros, el campo milagro llega con este anuncio que, aparentemente semántico, es el hilo conductor de este informe que ilustran los primeros 30 días de las políticas de desarrollo rural del nuevo gobierno. La reconfiguración es un relevo casi completo de sus cuadros directivos, un giro explícito de la política de tierras hacia la formalización y el crédito antes que, hacia la compra y redistribución, y una disputa del sentido común (o guerra cultural como la llaman ellos mismos) sobre quién es (o quién deja de ser), el sujeto de la política rural. De nuevo, las categorías “productor” (pequeño, mediano o grande) entran en la jerga institucional donde 4 años antes la palabra “campesinado” había tomado protagonismo.

2.   El cambio de paradigma: De la Reforma Agraria a la “Patria Milagro”.

El gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) hizo de la “reforma agraria” una bandera explícita, retomando un término prácticamente proscrito del lenguaje oficial colombiano desde los años setenta. Ancló esa política en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz de 2016 (Reforma Rural Integral), que fijó como meta la creación de un Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas en doce años para beneficiar a población rural sin tierra o con tierra insuficiente, junto con la formalización de siete millones de hectáreas adicionales. En un informe reciente de Pares[1] hicimos el balance de ese esfuerzo al cierre del cuatrienio: apenas 7% de la meta de acceso a tierra nueva cumplida, 39% de la tierra ocupada formalizada, y solo 13 de 1.189 adjudicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) — un 1,1% — habrían llegado a convertirse en proyectos productivos con acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

El gobierno De la Espriella llega al sector de agricultura con un diagnóstico y un vocabulario distintos y parte de una crítica constante al gobierno de Petro donde todo fue “corrupto y despilfarrador” (El Tiempo, 2026, 20 de agosto). Lejos de parecer un cliché y como parte de su estrategia comunicacional negativa frente al gobierno saliente, ADLE echa mano de las falencias de su predecesor para posicionar sus propuestas mediante un discurso de corte populista, con relativo éxito ante la opinión pública colombiana.

Su campaña contó con el respaldo explícito de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que en julio de 2026 le planteó una agenda de siete puntos: vías terciarias, asociatividad lechera, productividad, tecnología, ciencia y crédito, entre otros (Infobae Colombia, 2026, 8 de julio). Esta agenda fue construida sobre una premisa política precisa: que el abandono estatal del campo, y no la concentración de la tierra, es la causa principal de la pobreza y la inseguridad rural, y que la garantía de la propiedad privada debe primar sobre cualquier expectativa redistributiva (Infobae Colombia, 2026, 8 de julio). Estas premisas representan esencialmente la restauración propuesta desde el nuevo gobierno.

Al frente de esta restauración quedó Indalecio Dangond Baquero, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, oriundo de Urumita (La Guajira), con cerca de cuarenta años de trayectoria en financiamiento agropecuario — ligada al Banco Agrario y a Finagro — y experiencia como asesor de cinco ministros de Agricultura y dos de Comercio en gobiernos anteriores. Dangond fue, además, el encargado de la programación agrícola de la campaña presidencial de De la Espriella (Portafolio, 2026; Pulzo, 2026).

3.   ¿Quién manda ahora en las entidades del sector agropecuario?

El siguiente cuadro reúne los nombramientos más relevantes del sector agropecuario confirmados por el gobierno De la Espriella entre julio y agosto de 2026:

La trayectoria política o gremial de estos liderazgos es, en la mayoría de los casos, cercana a la campaña de De la Espriella, aunque no representa una trayectoria técnica en el sector agropecuario o en los temas que manejan cada entidad. Si una de las apuestas discursivas de ADLE contra Petro era la falta de méritos de muchos de sus directivos, pues estos nombramientos no distan mucho de la práctica de nombrar perfiles políticos en cargos técnicos, situación que ha sido similar en la mayoría de los últimos gobiernos.

IV. El giro de política agropecuaria: crédito, bancarización rural y el borrado semántico del campesinado

El ministro Dangond anunció tres prioridades concretas: la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la formalización de títulos de propiedad rural y la construcción de distritos de riego, bajo la consigna de que “la agricultura se escribe con agua” (Infobae Colombia, 2026, 11 de julio). A ello se suman un nuevo censo agropecuario, 700 escuelas de emprendimiento rural para el relevo generacional y la sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos por palma en Tumaco y cacao en Tibú, con acompañamiento de la fuerza pública.

En el frente crediticio, medios especializados como Valora Analítik (ago-2026) reportan un paquete de seis reformas: (1) modificar el gobierno técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para incluir representantes de la banca, la industria y las aseguradoras; (2) reducir tasas de interés y redefinir el redescuento, con subsidios focalizados para sectores en crisis; (3) crear una línea de crédito bursátil en la que bancos financian a empresas “integradoras”, que a su vez anticipan recursos a pequeños productores contra la venta futura de la cosecha; (4) atacar un obstáculo puntual de la bancarización rural: los reportes negativos de operadores de telefonía que hoy impiden a productores acceder a crédito formal; (5) un régimen especial para la Altillanura orientado a dar seguridad jurídica sobre la tierra y atraer inversión, con una meta inicial de 400.000 hectáreas cultivadas; y (6) formación y transferencia de tecnología en 700 municipios de menos de 30.000 habitantes. Como se puede ver, las medidas combinan las tecnologías neoliberales típicas como el crédito, las alianzas con los grandes empresarios (empresas integradoras), “inversión”, “transferencia de tecnología” con medidas “populistas” orientadas a consolidar apoyo entre un sector de la población (las víctimas de las empresas de telefonía celular) que el propio gobierno ha optado por denominar “empresarios del campo” en lugar de campesinos.

Se dejan en el pasado la compra o redistribución de tierra y toda la agenda mencionada se mueve en dirección al crédito, la formalización y la productividad. Mientras tanto, el nuevo director del Banco Agrario recibe una entidad fortalecida. Según cifras de Forbes Colombia (ago-2026) el banco desembolsó 45,2 billones de pesos durante el cuatrienio 2022-2026 (un crecimiento del 62%), con la cartera pasando de 16 a 25 billones de pesos.

Este giro de política se confronta con tensiones existentes con el pasado gobierno. Antes de posesionarse, el propio Dangond criticó públicamente el Decreto 765 de 2026 — que aceleraba el traslado de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la ANT para fines de reforma agraria — por considerar que pasaba “por encima de la seguridad jurídica y las víctimas (Infobae Colombia, julio-2026) — y que el gobierno entrante revisaría el decreto para que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de derecho, según recogió el medio.

Ya en el gobierno, el propio ministerio anunció que en 2027 no habrá presupuesto nuevo para compra de predios, y que no se desembolsarán 1,4 billones de pesos pendientes de compras ya realizadas — cerca de 350.000 hectáreas por 3,9 billones de pesos (Valora Analitik, 2026) — hasta terminar una auditoría forense sobre esas operaciones del gobierno Petro.

Finalmente, el 8 de septiembre, ante las comisiones económicas del Congreso, Dangond defendió su propuesta de no seguir llamando campesinos a los campesinos, desconociendo una categoría sociológica existente y validada históricamente. Según registró La Silla Vacía: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo”. La respuesta de la representante Maria del Mar Pizarro, recogida por el mismo medio, resume la controversia: “El término campesinos no es despectivo, ministro. Les cambian el nombre a los campesinos para no cambiarles la vida” (La Silla Vacía, 2026, 8 de septiembre). En la práctica, el ministro dejó de lado no solo el reconocimiento de categorías validadas por la economía y la sociología, sino también, el reconocimiento del campesinado como sujeto histórico recientemente recogido por la constitución colombiana, lo cual se enmarca en una orientación de política pública que privilegia categorías de mercado sobre categorías de derechos, al eliminar la palabra “campesino” del léxico institucional.

En su reemplazo, cabe resaltar, se reciclan conceptos como “emprendimiento” y “empresarios”, y su respectivo posicionamiento como parte del núcleo central de la apuesta neoliberal de este gobierno.[3]

V. ¿Por qué importan las palabras? De campesinos a “empresarios del campo”

El debate sobre la palabra “campesino” no es meramente retórico. Desde 2023, el ordenamiento colombiano reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. El Acto Legislativo 01 de 2023 modificó el artículo 64 de la Constitución para consagrar ese reconocimiento, con implicaciones en materia de participación política, acceso diferencial a la tierra, identidad cultural y diseño de política pública. A nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 17 de diciembre de 2018, mediante la Resolución 73/165, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que define al campesinado como sujeto colectivo de derechos — a la tierra, las semillas, el agua, la identidad cultural y la participación — y no simplemente como un segmento productivo de la economía.

La sociología y la economía política agraria han explicado, desde Alexander Chayanov (Chayanov, 1925/1974), que la unidad campesina no se rige por la misma lógica que la empresa capitalista, por el contrario, es una unidad doméstica que organiza el trabajo familiar en función de la satisfacción de necesidades de reproducción social, no de la maximización de una ganancia sobre el capital invertido o de la acumulación. Esta distinción fue retomada y actualizada por Jan Douwe van der Ploeg, quien en The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization (Van der Ploeg, 2008) propone una tipología de tres modos o estilos de producción agraria: campesino, empresarial (entrepreneurial) y corporativo o capitalista a gran escala. Estos se distinguen entre sí según la forma en que movilizan recursos (propios frente a insumos externos comprados en el mercado) y el grado de dependencia de los circuitos mercantiles. Así las cosas, el discurso del nuevo ministro se aparta de estas categorías analíticas consolidadas en la sociología y economía rural.

Llamar “pequeño empresario del campo” a quien la Constitución llama “campesino” no es, entonces, un simple ajuste de lenguaje dentro del maquillaje neoliberal del señor ministro, resulta ser también la evidencia del imaginario negativo sobre el campesinado que tiene un sector de la elite sobre las y los campesinos. El calificativo de “despectivo”, como se refiere el ministro, es la representación clara de cómo ese sector terrateniente, banquero, palmero, ganadero, ve a la gente del campo. Como se decía en otros tiempos: los campesinos son los “alpargatudos”, los “pata-pelaa”.

Así, se reclasifica al sujeto rural como una unidad económica que se evalúa en términos de productividad y acceso a mercado, desdibujando su condición de titular de derechos colectivos, territoriales y culturales reconocidos en el artículo 64 de la Constitución y en la UNDROP. Este desplazamiento de lenguaje operaría más allá del simple hecho de no usar la palabra campesino. Es una forma de vaciamiento práctico de esas protecciones constitucionales, sin necesidad de tramitar una reforma constitucional que las derogue formalmente. En otras palabras, es anticonstitucional. El jurista Rodrigo Uprimny planteó una crítica en ese sentido en su columna del 13 de septiembre en El Espectador, donde recordó que cerca de una cuarta parte de la población colombiana se autorreconoce como campesina, que una sentencia de 2018 ordenó al DANE incluir la variable campesina en sus registros, bajo el principio, de que “para que el campesinado cuente, tiene que ser contado” (Uprimny, 2026, 13 de septiembre) y que el borramiento del término podría revertir ese reconocimiento estadístico y simbólico. Otro análisis, de Luis Alfredo Muñoz Wilches para la Corporación Latinoamericana Sur (7-sep-2026), cita cifras del DANE según las cuales cerca de 15 millones de personas — alrededor del 30% de la población colombiana — se autoidentifican como campesinas, en un país con uno de los coeficientes de Gini de propiedad de la tierra más altos del mundo (0,905), según el Censo Nacional Agropecuario de 2014 — el más reciente realizado en el país — (El Tiempo, 2026, 20 de septiembre).

Finalmente llama la atención el reencauche de la vieja lógica de usar institucionalmente la palabra “campo”, que de manera abstracta explica la ruralidad despojándola de los sujetos sociales que son protagonistas en el campo: los campesinos, los terratenientes, los comerciantes, los transportadores, etc. Así el “campo” — en abstracto — no habla de las tensiones políticas y conflictos por la tierra inherentes a la historia colombiana, por el contrario, nos ilustra un campo sin conflictos donde todos los actores, tomados de las manos y sin contradicciones, llevan la economía por la senda de la prosperidad y sin inmiscuirse en el debido análisis desde la economía política.  

VI. El presupuesto del “Campo milagro” frente a la era Petro

Las cifras presupuestales disponibles hasta la fecha de cierre muestran un escenario comparativo interesante:

Presupuesto agropecuario agregado por gobierno (cifras de periodo completo)

Fuente: Radio Nacional de Colombia (30-mar-2026), que a su vez cita fuentes oficiales.

Presupuesto o inversión anual del sector, transición 2025-2027

Comparando los recursos que destinará ADLE al sector, con el Presupuesto General de la Nación para 2027 que asciende a 634,9 billones de pesos, 59,3 billones más que el de 2026 (El Colombiano, 2026), se evidencia que el rubro agropecuario se contrae en términos nominales (El Espectador, 2026), lo que sugiere que el desarrollo rural podría no mantener el mismo nivel de prioridad presupuestal que tuvo durante el gobierno Petro.

VII. El Campo Milagro y una economía política de contrarreforma agraria

Colombia ya vivió, en 1972, con el Pacto de Chicoral, un acuerdo entre gremios agrarios y la clase política que frenó la reforma agraria redistributiva iniciada con la Ley 1a de 1968 y reorientó la política rural hacia el crédito, la colonización y la llamada “modernización” del campo, sin tocar la estructura de la propiedad de la tierra. La historia agraria de nuestro país muestra ese pacto como uno de los puntos de inflexión que cerró la posibilidad de redistribución de la tierra por medios institucionales y contribuyó a alimentar el conflicto armado y la colonización violenta de la frontera agrícola en las décadas posteriores. No podemos afirmar, por ahora, que estamos ante un proceso de reinsurgencia de actores armados en la misma dirección de aquellas décadas, sin embargo, la sustitución del lenguaje de la reforma agraria por un lenguaje de productividad, mercado y emprendedurismo, sin que medie una reforma constitucional o legal explícita que derogue las normativas vigentes sí puede representar una alerta.

De consolidarse estas medidas, las consecuencias previsibles apuntan en varias direcciones. Primero, un riesgo de sobreendeudamiento individual de los campesinos (perdón, de los empresarios del campo) donde con tasas altas, pero sin una política pública de garantía de mercados para la producción agropecuaria, podría generar quiebras en los productores. Segundo, un riesgo de concentración del crédito y, con él, de la cadena de valor, en la medida en que el nuevo esquema de empresas “integradoras” canalizarían recursos hacia empresas de mayor escala que negocian con productores pequeños, en lugar de financiar a los últimos de manera directa. Es decir, el crédito seguiría beneficiando a los de mayores ingresos[4]. Si bien es muy loable la idea de restablecer las listas de deudores de telefonía celular para que campesinos o pequeños productores puedan endeudarse no necesariamente esto se traduce en un mejoramiento de la economía campesina sin un mercado real que ayude a la producción campesina. Tercero, la nueva política de desarrollo rural representa un riesgo profundo para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, cuyo primer punto, la Reforma Rural Integral, quedaría sin uno de sus instrumentos centrales: el Fondo de Tierras. Por otro lado, aunado a este debilitamiento, estarían siendo afectadas otras entidades vitales para el acuerdo como los son la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) entre otras. Cuarto, existe un riesgo de litigio constitucional dado que cualquier intento de traducir en actos administrativos formales el borrado del término “campesino” tendría que enfrentar el estándar reforzado de protección que fija el artículo 64 de la Constitución desde 2023, lo que abre la puerta a demandas o acciones de tutela si las organizaciones campesinas deciden judicializar la disputa, como ya han anunciado hacerlo, según recoge el análisis de Muñoz Wilches para la Corporación Sur (Muñoz Wilches, 2026).

Quedan, en todo caso, varias preguntas por responder al cierre de estas primeras cuatro semanas de gobierno. ¿Estamos ante la reedición de un patrón histórico de contrarreforma agraria orientado a revivir el conflicto por la tierra (que aún no se había logrado terminar), muy posiblemente junto con su componente armado territorial? ¿O esta nueva política solo representa una apuesta comunicativa que en la práctica no podrá consolidarse pues va en contravía de la misma constitución?

Todo esto dependerá de decisiones presupuestales y normativas que este gobierno apenas empieza a tomar, y al mismo tiempo, del grado de resistencia que el movimiento campesino, afro e indígena colombiano — hoy formalmente protegido por la Constitución como nunca antes en la historia del país — esté en capacidad de desarrollar. Amanecerá y veremos. Por lo pronto, lo cierto es que algunos campesinos de Cundinamarca, de manera ingenua, ya no se sienten campesinos, y ahora, como por arte de magia se auto perciben como empresarios del campo, lo que ilustra el efecto práctico del cambio de lenguaje institucional.

[1] https://www.pares.com.co/como-recibe-la-reforma-agraria-y-el-desarrollo-rural-el-gobierno-adle/

[2] Llama la atención su experiencia en Fundapanaca (Fundación del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria), una fundación privada que, según documenta el autor de este informe, recibió una cuantiosa financiación gubernamental durante el gobierno de Iván Duque para dictar cursos agropecuarios a más de 350 excombatientes de las FARC-EP en una región cafetera, pese a no estar reconocida como institución educativa por el Ministerio de Educación ni tener experiencia previa en el sector (Cortés Urquijo, 2023, citando a El Espectador, 2018).

[3] Vale recordar que el gobierno Petro también hablaba de emprendimiento pero de corte asociativo, (no lo abandonó del todo).

[4] Sobre esto vale la pena recordar lo que ocurrio durante el gobierno Petro con Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, quien mientras este integraba la junta directiva de Finagro, recibió de esa misma entidad un crédito de redescuento de $400 millones y un Incentivo de Capitalización Rural por más de $95 millones (Coronell, 2025, 14 de diciembre). Es interesante darse cuenta como este tipo de hechos, contrarios a la logica progresista del gobierno anterior, ocurrio durante este sin mayor obstaculo, demostrando que el margen de maniobra del progresismo sobre las politicas del Banco Agrario fueron minimas.