Tras el reciente operativo de la policía nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana en la Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, que dejó como resultado la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de seis miembros más de este grupo armado, Santa Marta vive horas de tensión, producto del paro armado anunciado por las ACSN en respuesta al operativo de la fuerza pública. La retaliación de este grupo con intimidaciones al comercio local y la incineración de vehículos ha provocado el cierre del comercio, la suspensión de clases, el bloqueo sobre la Troncal Caribe y el desabastecimiento de alimentos en Santa Marta y municipios aledaños. De acuerdo con los sectores de transporte y turismo, se percibe una disminución del 70% en la venta del transporte intermunicipal, mientras el sector turismo ha dejado de percibir aproximadamente 70 mil millones de pesos.
Para atender esta crisis el presidente Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización de la ciudad de Santa Marta con el despliegue de más de 800 uniformados de las fuerzas militares, entre unidades especiales urbanas, Gaula y la FAC. Además, asistió a un consejo de seguridad extraordinario con la cúpula miliar, mientras que al mismo tiempo visitó personalmente con un arma en el cinto, barrios estratégicos para las ASCN en Santa Marta, como 11 de noviembre y Gaira.
Aunque el golpe asestado a las ACSN es representativo, puesto que alias Cholo coordinaba el traslado de droga desde las costas del Caribe hacia países de Centroamérica y era el segundo cabecilla al mando de este grupo armado, durante varios años las ACSN se han caracterizado por constantes procesos de reorganización interna que le han permitido adaptarse a las eventualidades propias de las dinámicas del conflicto, en el marco de la constante confrontación con el EGC – Clan del Golfo y en el último tiempo con la fuerza pública. En este mismo sentido, aunque, las últimas medidas adoptadas por el gobierno buscan neutralizar el accionar de las ACSN en el territorio, estas son transitorias y privilegian un enfoque militarista, que desconoce las causas estructurales que durante años, han llevado a las ACSN a consolidarse como el principal actor armado hegemónico en inmediaciones en este extenso territorio del Caribe, donde además han logrado una acumulación de capital armado durante décadas que les ha permitido ejercer un sistema de gobernanza criminal y regulación del orden social, que no logra atenuarse solamente con la presencia de efectivos de la fuerza pública.
De acuerdo con el más reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación “Tiempos Violentos: Radiografía del poder armado en Colombia”, actualmente las ACSN cuentan con presencia en cerca de 24 municipios, concentrados especialmente en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, no obstante también se registra una expansión inusual de esta estructura durante el último año hacia el departamento de Norte de Santander, en municipios como Cachira, La Esperanza y Ocaña, así como en el departamento de Santander, en Puerto Wilches y Rionegro (Valencia, 2026). Actualmente se encuentra integrado por cerca de 850 integrantes entre personas en armas y redes de apoyo y está compuesto por cuatro frentes: en primera medida el Frente Libardo Vergel, que ejerce control operacional sobre zona urbana y rural de Santa Marta (Magdalena). El Frente Cristóbal Duarte, el cual hace despliegue estratégico sobre los municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera (Magdalena). El Frente Javier Cáceres, que opera principalmente en el departamento de La Guajira, especialmente en zonas limítrofes y la capital, Riohacha. Y por último, el Frente Resistencia Campesina, que se extiende hacia el departamento del Cesar, expandiendo su control social y territorial.
El contexto actual es la herencia de un proceso de arraigo territorial que lleva décadas gestándose por medio de la presencia incipiente de estructuras armadas locales desde de los ochenta y que ha permitido una inserción profunda en las dinámicas sociales y la regulación del orden social no solo en Magdalena, sino también en la Guajira y el Cesar. En este sentido, aquí se pretende develar de forma concreta cómo se ha ido construyendo durante años el poder de las ACSN y las lógicas que existen detrás de su presencia inexpugnable en la Sierra Nevada, además de sus formas de operación desde el control territorial hasta la regulación del orden.
Un capital armado construido por décadas
Desde mediados de la década de 1980, Hernán Giraldo Serna consolidó en la Sierra Nevada de Santa Marta una estructura armada local inicialmente conocida como Los Chamizos y posteriormente como Autodefensas del Mamey, que amplió su presencia hacia Dibulla, en La Guajira, y terminó configurándose como las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG). (Defensoría del Pueblo, 2019) En 2002, esta estructura se integró al Bloque Norte de las AUC bajo la denominación de Frente Resistencia Tayrona, manteniendo Giraldo un papel de liderazgo político. Su desmovilización, en 2006, produjo un vacío de poder en el norte de la Sierra Nevada que favoreció la fragmentación y disputa entre distintos grupos por el control territorial y las rentas ilegales. Entre 2007 y 2012 surgieron estructuras como Los 40, Los Nevados y diferentes facciones vinculadas a los herederos de Giraldo, mientras otros sectores establecieron vínculos con organizaciones como los Paisas, los Urabeños —posteriormente Clan del Golfo—, la Oficina del Caribe, y los Rastrojos.
En este contexto, la Oficina del Caribe y los entonces Urabeños (EGC – Clan del Golfo) establecieron una alianza para enfrentar a los Paisas y ampliar su influencia sobre el norte del Magdalena. Posteriormente, la relación se transformó en una alianza funcional con los Pachenca, estructura vinculada a la herencia de Giraldo, en la que el Clan del Golfo mantenía incidencia sobre los corredores del narcotráfico y los Pachenca desarrollaban funciones de control y extorsión local local (Trejos & Badillo, 2023). Sin embargo, las tensiones territoriales llevaron al deterioro de esta relación, proceso que se hizo evidente desde 2018 y culminó con la ruptura en 2019. Ese mismo año, tras la muerte de Chucho Pachenca y una nueva reorganización de la Oficina del Caribe, la estructura pasó a denominarse Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), bajo el liderazgo de alias Ochenta. Paralelamente, las ACSN ampliaron su presencia hacia la vertiente occidental de la Sierra Nevada, particularmente en el Cesar, mientras el Clan del Golfo incrementaba su influencia mediante la articulación de estructuras locales (Fundación Paz & Reconciliación , 2026).
Mapa 1. Municipios con riesgo y disputas activas entre ACSN y EGC – Clan del Golfo
Desde 2019, la competencia entre las ACSN y el Clan del Golfo se extendió progresivamente hacia La Guajira y se concentró en torno a corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y municipios como Dibulla, Riohacha, Maicao y Uribia. La disputa adquirió mayor intensidad a partir de 2022, en el marco de los intentos del Clan del Golfo por ampliar su presencia sobre la Sierra Nevada y de las ACSN por preservar el territorio construido a partir de la herencia de las estructuras de Hernán Giraldo.
La gobernanza criminal de las ACSN en el Caribe
Durante los últimos años, las ACSN han ejercido una gobernanza criminal que contempla el ejercicio de funciones de regulación social, control territorial, pero por otro lado proveen servicios de seguridad, resolución de conflictos y administración de justicia, suplantando el accionar de las instituciones estatales. Dentro de los mecanismos de gobernanza, las ACSN han aprovechado el arraigo de mucho de sus miembros en el territorio para establecer relaciones de confianza, que les permiten tener injerencia directa, ya sea de forma consensuada o por medio de amenaza, sobre espacios de participación comunitaria, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), para la resolución de conflictos o el constreñimiento para la toma de decisiones en favor de los intereses del grupo armado, imponiendo normas de convivencia, sustituyendo la autonomía de los comités de convivencia de las JAC (UNODC, 2024).
Esta regulación también comprende la definición de conductas permitidas y prohibidas, vigilancia de la población y sanción de quienes son considerados infractores. La reciente muerte de Nain Pérez Doncel, alias Bendito Menor, también es una reafirmación del ejercicio de gobernanza implantado por las ACSN en el caribe colombiano. Pérez Doncel empezó a adquirir notoriedad por sus abiertas acciones de limpieza social, ajusticiamiento e imposición de normas de convivencia. En este sentido, el actuar del grupo no se suscribe a la implementación de mecanismos de presión y violencia para la generación de ingresos producto de la extorsión, sino que emplean formas de operación para adquirir cierto grado de legitimidad, mediante la provisión de seguridad y normas de control social. Esta combinación entre coerción y provisión de bienes y servicios genera una relación más compleja con las comunidades, pues el grupo no solamente amenaza, sino que intenta convertirse en un actor necesario para regular la vida cotidiana e incluso los índices de violencia (Valencia, 2026).
A partir de esto, la gobernanza criminal de las ACSN puede observarse en tres dimensiones que guardan relación entre sí: regulación social, administración informal de justicia y control económico y territorial. La primera se da mediante normas sobre comportamientos, movilidad y participación comunitaria, la segunda a partir de la intervención en disputas comunitarias, afectaciones al orden público y la imposición de sanciones informales; y la tercera mediante extorsiones, cobros y regulación de actividades económicas propias del territorio, como el turismo, hasta la participación en mecanismo de renta más sofisticados como el lavado de activos.
En este sentido, las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional, aunque parecen tener coherencia con el discurso de mano dura contra la criminalidad, propuesto en campaña y goza de una legitimidad en ciertos sectores de la opinión pública, lo cierto que es que en el mediano y largo plazo, el impacto de medidas que priorizan el enfoque militarista, por encima de medidas integrales que atiendan las causas estructurales del conflicto serán carentes de pertinencia, ante la capacidad de control, arraigo y especialmente de legitimación, hasta cierto punto, de las ACSN sobre la población civil.
Bibliografía
Centro Nacional de Memoria Histórica. (febrero de 2025). Grupos multicrimen: entre la violencia y la paz total, Volumen I. Obtenido de https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Grupos-multicrimen-Vol.-1.pdf
Defensoría del Pueblo. (Octubre de 2019). Alerta Temprana 044 – 2019. Obtenido de https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/044-19.pdf
Fundación Paz & Reconciliación . (septiembre de 2026). Pares. Obtenido de Tiempos Violentos: Radiografia del porder armado en Colombia: file:///C:/Users/USER/Downloads/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-3.pdf
Trejos, L., & Badillo, R. (2023). Entender al Clan del Golfo para entender la violencia posAUC en Colombia: Reflexiones sobre la transformación del crimen organizado y sus efectos sobre la paz.
UNODC. (2024). Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada: tensiones entre el desarrollo turístico y la gobernanza criminal. Obtenido de https://saga.unodc.org.co/sites/default/files/2024-05/Autodefensas%20Conquistadores%20de%20la%20Sierra%20Nevada.pdf
Valencia, M. (septiembre de 2026). Fundación Paz & Reconciliación . Obtenido de Bendito Menor y la expresión de la gobernanza criminal armada de las ACSN en el Caribe: https://www.pares.com.co/bendito-menor-y-la-expresion-de-la-gobernanza-criminal-armada-de-las-acsn-en-el-caribe/
