El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta finaliza septiembre en medio de una confrontación entre la Fuerza Pública y las estructuras criminales alterando la vida cotidiana de la ciudad y su área rural.
En cuestión de dos días, la ciudad paso de exhibir una reducción significativa de los homicidios y hurtos durante el primer semestre, a enfrentar un paro armado con intimidaciones a comerciantes, afectaciones al transporte, cierre de establecimientos en zonas turísticas y un despliegue extraordinario de la Fuerza Pública.
Esta situación tiene como fondo la ofensiva de las autoridades contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las reacciones posteriores de esta estructura criminal. Los hechos recientes obligaron al Distrito a adoptar medidas excepcionales y llevaron al Gobierno Nacional a ordenar un refuerzo de mil uniformados entre policías y militares ubicados en barrios de Santa Marta, la troncal del Caribe y Ciénaga.
Esta situación viene siendo compleja y es apenas el ápice de la presencia de estructuras criminales con capacidad de controlar territorios, cobrar extrorsiones y participar en economías ilegales. La policía Nacional ha informado de capturas desde el mes de julio de tres integrantes de las Autodefensas, señalados de concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas; otros por tráfico de estupefacientes y extorsión. Operaciones entre la DIJIN y la fiscalía también permitieron la captura de seis integrantes solicitados en extradición por Estados Unidos que usaban aeronaves privadas para el tráfico internacional de cocaína, según fuentes de la Policía Nacional de Colombia.
Estos casos ilustran una dimension asociada al crimen organizado, economías ilícitas, rutas de narcotráfico y el control territorial; en un distrito altamente turístico y con afluencia durante todo el año de visitantes.
Pero esta situación entró en crisis durante el 21 y 22 de septiembre. Después de una operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada desarrollada en Quebrada del Sol, entrada a la Sierra nevada; en la que murieron siete integrantes, entre ellos alias “Cholo”, segundo cabecilla y financiero de la organización. Se empezaron a reportar alteraciones del orden público en sectores como Guachaca, Banda y Once de Noviembre. El Distrito suspendió actividades académicas presenciales en Universidades y Colegios y estableció restricciones a la circulación de parrillero hombre en motocicletas.
Pero los hechos siguieron y se registraron intimidaciones a comerciantes, afectaciones al transporte público y quema de vehículos en Santa Marta y Ciénaga, en el contexto de un anunciado paro armado atribuido por las Autodefensas y que empezó a hacerse viral en redes con videos donde personas en motos disparaban contra locales que no habían atendido el cierre de establecimientos comerciales en sectores de Cristo Rey, Gaira, Rodadero y Los Olivos.
La respuesta institucional fue inmediata. Tras un Consejo de Seguridad se desplegaron mas de 500 militares y 600 policías por toda la zona, la Gobernación del Magdalena informó el refuerzo de la Fuerza Pública con GAULA, Policía Judicial, drones y además sobre vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Esta crisis de las ultimas 48 horas no puede verse como un episodio de violencia criminal solamente, sino como un pulso directo por el control territorial y la capacidad del Estado para garantizar la normalidad en Santa Marta en el menor tiempo posible.
El temor se toma las calles de Santa Marta hoy, turistas encerrados en hoteles, comercio cerrado, calles con poca circulación, transporte disminuido. Hay que aceptar que esta estructura criminal logró afectar en horas la vida cotidiana de una capital turística, aun sin necesidad de controlar físicamente toda la ciudad.
Pero también hay que aceptar que la llegada del presidente es una señal política y operativa que eleva el episodio a una dimensión nacional. El mandatario lideró el Consejo Extraordinario de Seguridad y se reunió con autoridades locales y departamentales para evaluar la situación, esta presencia también es simbólica, sus declaraciones desde Santa Marta transmiten directamente que el Gobierno Nacional no permitirá que una estructura armada determine las condiciones de movilidad y cotidianidad económica de un distrito turístico, portuario y estratégico con corredores aéreos, marítimos y terrestres de gran importancia.
Mas allá del pulso y de esta crisis con muertos y capturados, estas 48 horas terminan siendo mas importantes políticamente que estadísticas criminales disminuidas, y sobre todo el verdadero examen sera cuando se retire parte del dispositivo militar extraordinario y Santa Marta vuelva a la normalidad, ¿Quién controlará el territorio?.
