El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó su política de seguridad con una decisión clara: volver a perseguir a los principales jefes de los grupos armados. Alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se convirtió en el primer gran objetivo. Las redes sociales están llenas de videos sobre su búsqueda: despliegues de tropas, sobrevuelos, drones y anuncios de inteligencia que aseguran estar cerrando el cerco. Por ahora, la política de paz del nuevo gobierno es la guerra.
Ante este despliegue militar y logístico, por estos días ha vuelto a escucharse una vieja expresión popular: Silvana Guerrero está “más buscada que el hijo de Lindbergh”. Charles Lindbergh alcanzó fama mundial después de cruzar solo el Atlántico en 1927. Cinco años después, su hijo de veinte meses fue secuestrado. La búsqueda movilizó a Estados Unidos, pero el niño fue encontrado muerto dos meses después. Desde entonces, la frase se utiliza para describir una búsqueda extraordinaria.
Silvana Guerrero es el alias de Luz Amanda Pallares Pallares. Lleva más de dos décadas en el ELN, fue maestra e integró las delegaciones de esa organización en los diálogos de Quito y La Habana. Hoy dirige el Frente de Guerra Nororiental. Su experiencia política, su mando territorial y su conocimiento del Catatumbo explican por qué el Gobierno la convirtió en uno de sus objetivos prioritarios.
La búsqueda de Guerrero forma parte de una ofensiva apoyada en una radiografía cuantitativa del ELN. Un informe de inteligencia actualizado en julio calcula que el ELN cuenta con 7.204 integrantes distribuidos en 65 estructuras. De ellos, 3.542 estarían en armas, 3.388 harían parte de redes de apoyo y 274 pertenecerían a estructuras urbanas. El reciente informe de PARES amplía esta mirada al reconstruir las dinámicas territoriales del conflicto y el crecimiento de los grupos armados.
La cifra le sirve al Gobierno para mostrar la magnitud del problema que recibió, aunque no significa que el ELN tenga 7.204 combatientes. El mapa elaborado por PARES permite observar otra dimensión. La organización creció mientras extendía su presencia, disputaba corredores y fortalecía formas locales de control. Contar integrantes es necesario, pero insuficiente. Concentrar la ofensiva en una dirigente tampoco permite comprender ni desarticular una organización federada y con fuertes raíces territoriales.
La persecución de Guerrero tiene un antecedente cercano. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, la Seguridad Democrática fortaleció la inteligencia estatal y modernizó las Fuerzas Militares con recursos del Plan Colombia. La estrategia identificó objetivos de alto valor y concentró las operaciones sobre los principales mandos. Capturarlos o darles muerte buscaba debilitar las organizaciones, interrumpir sus comunicaciones, reducir su capacidad de reclutamiento y demostrar que el Estado había recuperado la iniciativa.
El problema apareció cuando la persecución de objetivos y el número de bajas se convirtieron en medidas de eficiencia. La presión por mostrar resultados, sumada a recompensas, permisos y ascensos, creó incentivos perversos dentro de la fuerza pública. Miles de civiles fueron asesinados y presentados como combatientes muertos en operaciones. Esa experiencia obliga a mirar con cuidado el regreso de las recompensas y a exigir controles civiles, judiciales y disciplinarios desde el comienzo.
¿Qué tiene de nuevo la búsqueda de Guerrero? El Gobierno la inscribe en un Plan Colombia 2.0 que combina drones, vigilancia aérea, análisis de grandes volúmenes de información e inteligencia artificial. Estas herramientas permiten localizar campamentos, seguir corredores y cruzar datos con rapidez, aunque no garantizan operaciones más precisas. Lo nuevo se encuentra en los instrumentos y en la velocidad de la persecución; la doctrina de atacar a los principales mandos permanece.
La cooperación con Estados Unidos respalda esta estrategia. Colombia ingresó al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Donald Trump para combatir carteles y organizaciones calificadas como narcoterroristas. El apoyo de Washington fortalece el entrenamiento y la inteligencia, pero exige distinguir entre actores diferentes. El ELN, los grupos posparamilitares y las redes del narcotráfico no tienen la misma estructura, los mismos objetivos ni igual relación con los territorios.
El tiempo presiona al gobierno de Abelardo de la Espriella. Álvaro Uribe desarrolló la Seguridad Democrática durante ocho años; el actual presidente dispone de cuatro y no puede aspirar a la reelección. La promesa de recuperar el control territorial en noventa días aumenta esa presión. El Gobierno necesita resultados rápidos y visibles. Ese calendario explica el protagonismo de las recompensas, los objetivos prioritarios y los videos que presentan el cerco sobre Guerrero como una demostración de autoridad.
Por ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha cerrado el camino del diálogo y ha privilegiado la acción militar. Esto no permite anticipar lo que hará durante los cuatro años. Uribe mantuvo la presión armada mientras negoció la desmovilización de las autodefensas y promovió acercamientos con el ELN. Queda por saber si el Gobierno abrirá una negociación cuando crea haber acumulado ventaja o si la guerra será su única política de paz.
Por ahora hay que decir que encontrar a la mujer “más buscada que el hijo de Lindbergh” sería un resultado militar y comunicativo. Permitiría al Gobierno mostrar capacidad operativa y presentar avances en su promesa de autoridad. Pero el ELN no depende de una sola comandante. Sus frentes conservan autonomía, controlan corredores, mantienen redes de apoyo y obtienen recursos de economías ilegales. Desarticular esas estructuras, proteger a las comunidades y recuperar la presencia estatal en los territorios es una tarea distinta, mucho más lenta que cerrar un cerco.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
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