En días recientes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un protocolo que daría vía libre al ingreso de la fuerza pública a las universidades, esto, como medida para afrontar las situaciones que afectan el orden público en inmediaciones de instituciones universitarias.
El mandatario también afirmó que no permitiría que “las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia”. Dicha declaración abrió una conversación sobre la autonomía universitaria y las implicaciones que tendría la materialización del anuncio.
¿Qué es la autonomía universitaria?
El Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la denominada “Autonomía universitaria”, señalando que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley“, es decir, otorga las instituciones educativas las facultades para determinar su propio direccionamiento interno, como la elección de sus autoridades y definición de su régimen académico, administrativo y financiero.
Básicamente, es una garantía jurídica que blinda a las instituciones universitarias de cualquier injerencia privada, particular o pública que pueda intervenir con las dinámicas internas, siempre y cuando se encuentren bajo el marco jurídico.
Si bien es cierto que la autonomía universitaria fue incluida en el marco legal colombiano desde 1991, de fondo, fue resultado de múltiples exigencias y procesos organizativos gestados por los universitarios desde décadas atrás.
Y es que el reconocimiento y la defensa de la autonomía universitaria han sido una bandera permanente del movimiento estudiantil, no solo en Colombia, sino a lo largo y ancho de Latinoamérica.
De hecho, uno de sus primeros antecedentes radica en el Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, Argentina, proclamado en 1918, en el cual los estudiantes de la época reclamaban una educación laica, autónoma, cátedra libre y una universidad administrada con cogobierno, lo que implicaba participación de voz y voto estudiantil.
Posterior a varias jornadas de movilización, el Manifiesto fue acogido por la Universidad Nacional de Córdoba, logrando la reforma de algunos estatutos universitarios y convirtiéndose así en una de las primeras experiencias latinoamericanas hacia la autonomía universitaria, y que progresivamente fue ampliándose a otros países de la región.
La fuerza pública en los campus universitarios
El anuncio del presidente sobre la posibilidad del ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios ha llevado a que ciertos sectores consideren la decisión como contraria a la autonomía universitaria y el fortalecimiento de la estigmatización contra los estudiantes. Lo cierto es que la historia del país y los fallos judiciales dan cuenta de las consecuencias que ha conllevado la presencia de la fuerza pública al interior de las instituciones educativas, e incluso dejando víctimas mortales.
El próximo 22 de septiembre se cumplen veintiún años del asesinato del estudiante Jhonny Silva Aranguren, perpetrado por la fuerza pública al interior de la Universidad del Valle. Jhonny Silva era un joven universitario en condiciones de movilidad reducida que se encontraba dentro del campus, cuando miembros del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ingresaron a la Universidad del Valle persiguiendo y disparando proyectiles contra la comunidad educativa que se movilizaba en las inmediaciones del campus. Un proyectil de arma de fuego impactó a Silva por la espalda en la parte posterior de la cabeza, acabando con su vida.
Por este hecho, en 2017, el Consejo de Estado condenó a la Policía a pagar 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por la muerte de Silva. El fallo también cuestionó la investigación realizada por la Fiscalía, la cual precluyó el caso en lugar de ahondar en el esclarecimiento de los hechos. De modo que, el Consejo de Estado afirmó que “preocupa profundamente a la Sala el hecho de que, a pesar de que los testimonios de los estudiantes hicieron especial énfasis en la comisión de la muerte del referido estudiante por parte de miembros del ESMAD, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, sin profundizar en el análisis de tales medios probatorios, hubiera decidido precluir la investigación por el delito de homicidio“.
Si bien es cierto que el fallo del Consejo de Estado representa un pequeño avance en el reconocimiento de los hechos para la familia de la víctima; de fondo, la identificación y determinación de responsabilidades penales individuales contra los agentes de la fuerza pública, aún continua en la impunidad. Según la Comisión de la Verdad, entre 1962 y 2011 fueron asesinados 588 estudiantes universitarios.
Ahora bien, mirar hacia atrás resulta necesario para entender las razones que motivan la definición de la autonomía universitaria. La historia latinoamericana muestra que los procesos prolongados de organización y reivindicación estudiantil, contribuyeron a la democratización de la universidad y a la construcción de espacios de pensamiento autónomos y reflexivos, los mismos que han egresado a figuras relevantes para el país.
En paralelo, la historia colombiana evidencia que la presencia de la fuerza pública en los campus universitarios no ha estado exenta de consecuencias graves. El caso de Jhonny Silva y los más de 20 años de impunidad tras su asesinato hacen parte de los antecedentes de la fuerza pública en las universidades y la permanente estigmatización contra la comunidad universitaria.
En ese sentido, la autonomía universitaria no implica construir espacios ajenos al Estado Social de Derecho, contrario a ello, supone encontrar mecanismos que permitan garantizar la seguridad en el campus, investigar hechos delictivos y proteger a las comunidades educativas sin desdibujar las garantías constitucionales que sustentan la vida universitaria.
