Recientemente el presidente electo, Abelardo De La Espriella anunció que el próximo 7 de agosto de 2026, inmediatamente después de su posesión, crearía por vía decreto un “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”, orientado a atacar la criminalidad expresada principalmente en hurtos, extorsiones y homicidios. Para la puesta en marcha de esta figura, buscaría la articulación con los gobiernos locales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
¿De qué se trata esta medida?
Los denominados Bloques de Defensa se posicionan en la narrativa de Abelardo De La Espriella como una respuesta rápida y eficaz frente a las problemáticas de inseguridad en las principales ciudades del país, en concordancia con el enfoque de “mano dura” para el abordaje de la seguridad que posicionó en el marco de su campaña electoral.
El documento que constituía la propuesta de plan de gobierno del entonces candidato, incluía la creación de un “Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Sin embargo, en tal documento no se definía la naturaleza y operatividad de dicho bloque.
En días recientes, el general (r) Jorge Mora –designado Ministro de Defensa durante el gobierno de De La Espriella- afirmó que los Bloques de Seguridad serían “unidades mixtas” constituidas por policías y un grupo de fiscales de Unidades de Reacción Inmediata (URI).
¿Cuál es el panorama de seguridad con el que se encuentra?
Las 5 ciudades mencionadas por el presidente electo, en las cuales se priorizaría la implantación de los Bloques de Seguridad, presentan una dinámica delictiva diferenciada que guarda distancias entre sí, con una serie de particularidades que hace que abordar el problema de la inseguridad en cada una de ellas requiera análisis, estrategias y acciones específicas aterrizadas a sus determinados contextos.
Por un lado, Bogotá viene de experimentar en 2024 el pico más alto de denuncias de extorsión de los últimos 15 años, así como un aumento en los homicidios del 12% con respecto al año anterior, que respondería principalmente a una dinámica de disputa por las rentas criminales protagonizada por grupos como el Tren de Aragua, Satanás y grupos subcontratados por el autodenominado EGC (Clan del Golfo) (Defensoría del Pueblo, 2024). En 2025 el homicidio disminuyó solo un 2%, lo cual podría evidenciar un escenario en donde la dinámica violenta entre grupos no siguió escalando, aunque persisten los riesgos, además, se resalta que la tasa de 14,8 homicidios por cada cien mil habitantes (p.c.m.h) en Bogotá fue –junto con la de Medellín- la más baja de las 5 ciudades mencionadas, evidenciando en Cali, Barranquilla y Bucaramanga un escenario aún más complejo en términos de violencia.
Frente al tema de los hurtos en Bogotá, se evidencia que el año con más denuncias de los últimos 5 años fue 2023, para luego disminuir un 26% en 2024, año en el que repuntó la extorsión, y continuó disminuyendo en 2025. Esto, si bien podría encontrar explicaciones en una disminución en la tendencia de la denuncia, o incluso una efectividad en la reducción real de los hurtos en la ciudad, también podría deberse a que delitos más sofisticados como la extorsión -principalmente en su modalidad carcelaria- se posiciona con mayor rentabilidad frente a delitos que más directos como el hurto en modalidades de atraco o fleteo. Sin embargo,
Medellín, por otro lado, es escenario de uno de los espacios de diálogo sociojurídico en el marco de la paz urbana, con las principales estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, y ha mantenido cierta estabilidad en sus cifras. Aunque en 2025 tanto los homicidios como las extorsiones incrementaron levemente, la tasa de homicidios p.c.m.h es la más baja de las 5 ciudades (12,37), relacionándose en parte con la forma en la que se ha organizado la dinámica criminal en la ciudad, donde múltiples bandas o combos se asocian a través de la figura confederada de La Oficina, lo cual no implica ausencia de conflictividad, pero sí un grado importante de coordinación y establecimiento de acuerdos. Sumado a esto, la dinámica de hurtos es muy similar a la de Bogotá, con un repunte en 2023 y una disminución en 2024 y 2025, lo cual podría tener una explicación similar a la de la capital.
En el contexto mencionado, cabe preguntarse cómo se transformará la dinámica delincuencial en la ciudad –y en general el Valle de Aburrá- en caso de que el gobierno entrante tome la decisión de no continuar con ningún diálogo de paz. Si bien es poco probable que la violencia repunte de manera drástica ante una eventual ruptura de los diálogos y de los acuerdos conseguidos con las estructuras criminales, sí pueden existir riesgos de un aumento progresivo en prácticas de control social a nivel barrial, la ocurrencia de ajustes de cuentas entre grupos o el fortalecimiento de las actividades extorsivas.
En el caso de Cali, a pesar de tener una población similar a la de Medellín, se presenta un nivel de homicidio mucho más alto, con una tasa de 46,43 p.c.m.h en 2025, haciendo que, a diferencia de las otras ciudades, los homicidios superen las denuncias de extorsión. Esto evidencia que en Cali la dinámica criminal presenta un alto nivel de atomización, con múltiples actores locales dispersos y sin grandes estructuras que agrupen o coordinen las acciones criminales, lo cual incrementa las disputas a nivel barrial por el control de rentas como el microtráfico.
Barranquilla –de manera similar a Bogotá- experimentó en 2024 un repunte en las denuncias por extorsión, así como un aumento drástico en los municipios aledaños, a raíz de las disputas entre grupos criminales como Los Costeños y Los Pepes. En 2025 se presentaron menos homicidios, aunque la tasa p.c.m.h se mantiene alta (31,9), y las denuncias de extorsión disminuyeron, aunque cabe la posibilidad de que esto último no se deba a una disminución real del fenómeno sino a un nivel más bajo de denuncia por miedo a retaliaciones u otros factores; además en ese año las denuncias por hurto aumentaron de manera drástica en un 36%, siendo la única de las 5 ciudades en registrar aumento en esta cifra durante 2025.
Finalmente, Bucaramanga registró un aumento en las denuncias de extorsión y los casos de homicidio durante 2025, registrando una tasa de 21,6 homicidios p.c.m.h. De manera similar a Cali, en Bucaramanga los casos de homicidio superan las denuncias por extorsión, evidenciando una dinámica delincuencial atomizada y conflictiva, alrededor de las disputas por el microtráfico principalmente, y cada vez menos centrada en los hurtos, cuyas denuncias se han reducido progresivamente desde 2023 de manera muy similar a Bogotá y Medellín.
Frente al panorama anterior y la serie de particularidades descritas para cada ciudad, vale la pena preguntarse si la figura de Bloques de Seguridad propuestas por el presidente electo puede abordar y resolver de manera integral sus complejas problemáticas de seguridad.
Las preguntas que deja el anuncio.
Las recientes elecciones presidenciales volvieron a posicionar en la agenda la seguridad como tema prioritario en la conversación pública. Sin embargo, el debate no se centra en si es o no necesario la adopción de medidas para fortalecer la seguridad del país, sino en los mecanismos que se pretenden utilizar para ello.
El anuncio relacionado con la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, es una propuesta abstracta, sin claridades normativas, jurídicas y operativas, lo que a su vez ha generado cuestionamientos en la opinión pública. El monopolio legitimo del uso de la fuerza es una de las características fundamentales para la consolidación de un Estado. No obstante, en múltiples periodos de la historia de Colombia tal característica ha quedado en entredicho.
Por ejemplo, durante el gobierno de Cesar Gaviria se expidió el Decreto Ley 356 de 1994, mediante el cual se creó la figura de “Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Vigilancia Rural”, comúnmente conocidas como “Las Convivir”, las cuales avalaban a personas naturales y jurídicas la dotación de armas de fuego para “la protección y lucha contra la insurgencia”.
Según la Comisión de la Verdad, entre 1995 y 1996 grupos armados fueron registrados ante la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia privada, avalándose bajo la figura de las “Convivir”, en múltiples casos la representación legal de dichos grupos correspondió a reconocidos paramilitares. En concreto, las Convivir significó armar a civiles y con ello, abonar el terreno para lo que más adelante derivó en la conformación de grupos paramilitares; igualmente, la consolidación de las Convivir implicó la vulneración a derechos humanos y serias afectaciones en contra de la sociedad civil.
Ahora bien, Abelardo De La Espriella ha sido reiterativo en su interés por otorgar un rol activo a veteranos y reservistas en sus políticas de seguridad. De allí, las dudas generadas por el anuncio de un Bloque de Seguridad, el cual pueda traducirse en legitimar el uso de la fuerza ejercida por particulares.
Frente a esto, el excandidato presidencial y senador de la República, Iván Cepeda ha sido enfático en su preocupación por el rol que puedan asumir veteranos y reservistas en acciones de seguridad, pues “esas personas no hacen parte de la fuerza pública en ejercicio de funciones (…); Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de confundir autoridad legitima con organizaciones de cuerpos armados civiles”.
Según la intervención del designado Ministro de Defensa Jorge Mora, hasta el momento, el Bloque no incluiría la participación de civiles, sin embargo, la experiencia de las Convivir obliga a exigir controles, regulaciones y límites claros cuando se anuncian nuevas estructuras o cuerpos de seguridad, especialmente cuando el proyecto político de De La Espriella ha mencionado explícitamente el interés por incorporar veteranos y reservistas a su política de seguridad.
Sumado a ello, el anuncio de Bloques de Seguridad es problemático por múltiples factores. La creación de un cuerpo especializado y con funciones determinadaspara hacer frente a la criminalidad requiere de un marco normativo robusto, y al tratarse de una determinación unilateral del ejecutivo vía decreto, podría estar sujeta a un control de constitucionalidad. Del mismo modo, los antecedentes de violación a derechos humanos por parte de cuerpos de la fuerza pública, deja en evidencia, la necesidad de establecer mecanismos de control para la prevención de dichas vulneraciones.
En esa misma línea, no existe una definición sobre la naturaleza del Bloque, es decir, los alcances y margen de acción, la competencia, línea de mando y conformación de este. En términos de capacidad operativa tampoco se ha establecido el rubro y fuentes presupuestales, equipos técnicos, y unidades dispuestas para su funcionamiento.
De igual forma, aún no es claro cómo se evitará la duplicidad de funciones, y el mecanismo de articulación entre la fuerza pública y los órganos judiciales; de hecho, estos últimos se enfrentan a un complejo escenario de congestión, por lo que aumentar las responsabilidades de los actores encargados de la administración de justicia, supondría tensionar aún más el aparato judicial.
Por lo pronto, la creación del Bloque de Seguridad supone múltiples vacíos operacionales y jurídicos. Además, la referencia reiterada del presidente electo a la incorporación de veteranos y reservistas dentro de sus estrategias de seguridad mantiene abiertas preguntas sobre cuál será el papel concreto de estos actores y bajo qué límites jurídicos operarían. Adicional a ello, no es claro el nivel de efectividad que tendrían tales Bloques en los contextos territoriales a priorizar, pues las particularidades de cada uno de ellos requieren acciones aterrizadas y congruentes con sus necesidades a atender.
