El presidente electo Abelardo de la Espriella decidió suspender el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. La decisión se produjo en medio de una fuerte tensión política, acusaciones cruzadas y dudas sobre las condiciones institucionales para adelantar una transición ordenada. Aunque la pausa genera incertidumbre, también puede convertirse en una oportunidad para devolver el empalme a su propósito institucional: facilitar una transición ordenada y no reemplazar a los organismos encargados de investigar posibles irregularidades.
Colombia necesita empalme. Ningún gobierno debería llegar al poder sin conocer el estado real de las entidades públicas, la situación fiscal, los contratos vigentes, los compromisos presupuestales, los programas en ejecución y los riesgos administrativos que hereda. El empalme no es una concesión entre adversarios, sino una obligación institucional. Su propósito es garantizar la continuidad del Estado, proteger la información pública y permitir que el nuevo gobierno tome decisiones con base en evidencia.
El problema no está en revisar con rigor lo que deja la administración Petro. Durante los últimos cuatro años hubo escándalos que afectaron la confianza ciudadana, como la investigación contra Nicolás Petro, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y distintas denuncias sobre contratación pública. Sería ingenuo pedir que el nuevo gobierno cierre los ojos frente a esos hechos. La vigilancia es necesaria y la transparencia debe ser exigente.
La dificultad surge cuando el empalme se presenta desde el comienzo como un mecanismo para confirmar una tesis previa: que el gobierno saliente fue corrupto. Ese enfoque introduce un prejuicio político en un proceso que debería estar guiado por la ley, la técnica y la prudencia institucional. Un equipo de empalme puede identificar inconsistencias, alertar sobre riesgos, revisar documentos y entregar hallazgos. Pero no puede investigar, acusar ni condenar. Esas funciones corresponden a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las oficinas de control interno.
Por eso la pausa debe entenderse como una oportunidad para replantear el enfoque. El país necesita un empalme serio, documentado, verificable y respetuoso de las competencias institucionales. Si aparecen indicios de irregularidades, el camino adecuado es trasladarlos a los organismos competentes, con soportes claros, criterios técnicos y trazabilidad documental. Lo contrario puede convertir la transición en un escenario de acusación anticipada.
Ahora bien, esa corrección depende, ante todo, del gobierno entrante. La decisión de suspender el empalme trasladó a la nueva administración la responsabilidad de definir cómo y cuándo se reanudará el proceso. Si considera que el modelo inicialmente planteado requiere ajustes, corresponde presentar un esquema que preserve el propósito del empalme, garantice el acceso a la información pública y ofrezca reglas claras para ambas administraciones. La pausa solo tendrá sentido si conduce a un procedimiento más sólido y no a una prolongación de la incertidumbre.
El equipo denominado “Arca de Noé” fue presentado como una estructura amplia, con más de 1.300 personas y 22 mesas sectoriales. Una estructura de esa magnitud exige reglas igualmente claras. ¿Quiénes integran el equipo? ¿Cuáles son sus capacidades técnicas? ¿Qué metodologías utilizarán? ¿Cómo se verificará la información? ¿Qué criterios permitirán distinguir entre errores administrativos, problemas de gestión, decisiones discutibles y posibles hechos de corrupción? Sin esas respuestas, el empalme corre el riesgo de perder legitimidad.
También sería conveniente conocer cuánto cuesta esta estrategia. Se ha hablado de una suma cercana a los 200.000 dólares, recursos que podrían financiar auditorías externas especializadas. Si el nuevo gobierno quiere convertir este proceso en un referente de vigilancia pública, debería comenzar por hacer completamente transparente el propio empalme: quiénes participan, cuánto cuesta, cuáles son sus metodologías, qué indicadores utiliza y qué productos entregará. La transparencia también debe empezar por quienes ejercen el control.
La pausa también puede ayudar a reducir tensiones. El país viene de una campaña polarizada y entra en una transición cargada de desconfianza. En ese ambiente, cada palabra importa. Llamar “corrupto” al gobierno saliente antes de que existan decisiones de los organismos competentes puede alimentar la confrontación y debilitar la confianza en las instituciones. La corrupción debe investigarse y sancionarse, pero bajo reglas, procedimientos y garantías.
Cuando el proceso se reanude, el gobierno saliente tendrá la obligación de entregar información completa, verificable y oportuna. Del mismo modo, el gobierno entrante deberá garantizar que el empalme recupere su naturaleza administrativa y técnica, evitando convertirlo en un escenario permanente de confrontación política. Una transición democrática exige compromisos de ambas partes.
El verdadero legado de esta transición no debería ser un inventario de acusaciones, sino un precedente institucional. Los gobiernos tienen derecho a revisar lo que reciben y el deber de denunciar cualquier irregularidad que encuentren. Pero esa tarea debe desarrollarse dentro del Estado de derecho, respetando las competencias de los organismos de control y las garantías propias de una democracia. La pausa del empalme puede convertirse en una oportunidad para recuperar ese propósito. Si permite devolver este proceso al marco de la ley, el rigor técnico y el respeto por las instituciones, habrá fortalecido la democracia y la confianza en las reglas que hacen posible una transición republicana.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
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