Transición energética en colombia: cambio de vientos o redefinición estratégica

Esta elección presidencial marca un cambio de ciclo político, no solo de alternancia gubernamental si no de un giro ideológico gigante frente al proyecto del Gobierno actual. Después de reconocidos los escrutinios, en medio de criticas sobre el proceso electoral, se anunció formalmente el inicio del empalme, en medio de una etapa de alta polarización y en donde se vislumbra uno de los empalmes mas complejos, por anuncios de auditorias exhaustivas y altas tensiones desde cada ministerio.

El verdadero desafío será administrar el cambio asertivamente sin deteriorar la confianza en las instituciones. El empalme no solo consiste en entregar carteras y documentos; cada empalme es una prueba de las capacidades del Estado colombiano para legitimar una continuidad administrativa, transparencia y respeto por la administración pública que sobrepase lo político.

Uno de los temas bandera de la administración que sale, y que debe ser un fuerte bastión del Gobierno que llega, es el de Transición Energética Justa, sobre todo teniendo en cuenta las prioridades anunciadas por el presidente electo y los posibles escenarios de lo que podría ocurrir no como predicciones sino como interpretaciones de las propuestas hechas en temas de fracking, exploración de hidrocarburos y explotación de minerales; en un contexto de demandas de seguridad energética y el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales.

La Transición Energética Justa en Colombia es uno de los temas que se encuentran en el centro de la polarización, si bien es una oportunidad de disminuir la dependencia del carbón y el petróleo; para otra parte es un riesgo de estabilidad fiscal, de desempleo y de cierres de proyectos emblemáticos.

Con el nuevo Gobierno, es obvio que la Transición Energética continúa, no de la misma manera, por que se redefinirán prioridades, metas y apuestas de la hoja de ruta existente. La nueva Transición Energética mas que vaya a hacer justa, estará orientada al crecimiento económico, y con ello una reapertura de explotación petrolera y de gas, esto acompañado de una disposición abierta a evaluar tecnologías de fracturación hidráulica. Y es que aquí el discurso seria, sin recursos fiscales que vienen de los hidrocarburos, cómo financiamos una transición energética. Y precisamente no es estratégico un abandono de las energías renovables, el nuevo Gobierno buscaría una convivencia de dos modelos de producción energética, aumenta la producción de combustibles mientras acelera la inversión privada en energías rolares, eólicas e hidrógeno verde.

Esta perspectiva económica de la Transición Energética buscaría atraer inversionistas para lograr inversión extranjera, pero el afán dejaría a un lado las preocupaciones de los impactos climáticos y socioambientales en los territorios.

De todas maneras, el nuevo Gobierno debe analizar el costo de detener completamente una Transición Energética, costos internacionales y políticos internos. Colombia mantienen compromisos de políticas climáticas internacionales y depende aun de recursos de organismos de cooperación internacional que vienen para apoyar proyectos de adaptación y descarbonización. Este proceso no puede ser entendido como una sustitución inmediata de los combustibles fósiles, algo en lo que fallo el Gobierno saliente, sino que debe ser una estrategia gradual de diversificación económica, lo que está en juego no es solo un modelo de producción energética, es la vida misma.

Por eso antes de priorizar cierres abruptos de actividades extractivas, o cancelar exportaciones, se debe pensar en cómo aumentar la eficiencia energética, expandir las energías renovables y sobre todo algo que si es prioritario es la modernización de la infraestructura eléctrica que causa muchos problemas en el Caribe.

Otro punto para tener en cuenta del nuevo Gobierno es que, si bien Colombia tiene ventajas extraordinarias en recursos, eólicos, solares, biomasa, geotermia y ahora hidrógeno verde; los mayores obstáculos siempre han estado en la gobernanza territorial, en el relacionamiento con comunidades e instituciones territoriales. Y eso lo demostró La Guajira, en donde se vio que la Transición Energética no depende solo de grandes aerogeneradores o grandes parques solares, depende mucho mas de construir confianzas, transformar conflictos sobre usos del suelo, garantizar seguridad y desarrollo para las comunidades impactadas.

Durante la campaña presidencial, el tema de la seguridad fue centro de debate y uso para promesas. Con el nuevo Gobierno fácilmente la infraestructura energética volvería a estar como prioridad de un activo estratégico para la estabilidad del país. Grandes parques solares y eólicos, oleoductos, líneas de transmisión y ahora proyectos de plantas de hidrógeno, estarán como elementos de seguridad nacional, y esto implica fortalecer la relación entre ministerios, fuerzas militares, empresas privadas y autoridades ambientales. De nuevo juega un papel importante la Gobernanza Energética, sobre todo para que la participación comunitaria no se quede por fuera.

Sería un poco pitonizar seguir con ideas que aun no sabemos cómo procederán, el nombramiento del nuevo ministro de esta cartera sera vital y nos dará mas cartas. Lo que si puedo decir es que el éxito del nuevo gobierno no dependerá de aumentar la producción de hidrocarburos o de instalar más parques solares; dependerá de construir una política energética basada en la Gobernanza donde se recuperen confianzas entre diferentes actores y se demuestre que crecimiento económico y sostenibilidad ambiental no son resultados extraños e incompatibles.

Los vientos no cambiarán, pero si se redifinirán estratégicamente. Esperemos que sea lo estratégico para todos.

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nashry Zahgui

Comunicador y politólogo con altos estudios en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, master internacional en cooperación internacional y master en neurociencias aplicadas. consultor de 10 años de experiencia en el sector público y privado en temas de políticas de desarrollo y construcción de paz. Experiencia en procesos de gobernanza e incidencia pública para el desarrollo y La Paz y diálogos multiactor en gestión de conflictos socio-ambientales, minero-energéticos en Colombia.