La atención integral a la primera infancia ha constituido, durante más de doce años, uno de los pilares fundamentales de la política social del Distrito Capital en Bogotá. El modelo de atención fue diseñado originalmente para salvaguardar y garantizar el cuidado y la educación inicial de los niños y niñas más vulnerables de la ciudad.
Pese a los cambios de gobierno y los cambios de enfoque metodológico que ha tenido el sistema a lo largo del tiempo, el cumplimiento con el menor seguía siendo el eje sobre el cual viraba todo el proceso.
No obstante, una determinación de carácter administrativo adoptada en junio de 2025 expuso la fragilidad institucional y las profundas tensiones de índole financiera y laboral acumuladas entre las entidades encargadas de su correcto funcionamiento.
En ese momento se decretó la terminación definitiva del convenio marco que sostenía el esquema de ejecución interinstitucional, lo que desencadenó de forma inmediata una severa crisis laboral que afectó directamente a 382 docentes adscritas al programa.
Este proceso se caracterizó por una notable falta de transparencia y por la ausencia de un acto administrativo formal de liquidación o terminación por parte de las entidades distritales, bajo el argumento técnico de que el convenio expiraba de forma natural por vencimiento de los términos pactados.
Las justificaciones esgrimidas por las autoridades del Distrito presentan profundas contradicciones documentales al ser contrastadas con las respuestas a los derechos de petición presentados ante entes de control como la Defensoría del Pueblo los cuales fueron eje del proceso investigativo.
Desde la línea de Democracia y Gobernabilidad pusimos la lupa en esta compleja situación que afecta a los docentes y sobre todo, que desnuda la controversia de un sistema que entre cambios de gobierno y no priorización de enfoques metodológicos comunes está dejando en riesgo la atención de las niños y niñas más vulnerables.
